El anuncio de Kicillof de ayer me da bronca
Ayer Kicillof anunció la estrategia que seguirá el gobierno argentino frente al fallo de la Corte Suprema que dejó en firme la obligación de pagarle el 100% (y en efectivo) de lo reclamado a los denominados “fondos buitre”.
Lo más importante es que el ministro dejó en claro que no se acatará el fallo y que se buscará negociar alguna alternativa (formas, de pago, plazos y, eventualmente, montos).
Los argumentos utilizados para actuar de esta manera fueron dos: en primer lugar, que el pago a estos fondos habilitaría reclamos por US$ 15.000 millones, lo que “representa más del 50 por ciento de las reservas internacionales y que acatar el fallo “conduciría al país al default”.
Ahora bien, insinuar que el pago de la deuda puede poner en riesgo las reservas internacionales no solo no es cierto (ya que lo adeudado puede pagarse con bonos) sino que nos hace recordar que las reservas internacionales ascienden a US$ 28.000 millones pero que antes de la imposición del control de cambios, ascendían a más de US$ 50.000 millones. ¿Cómo es posible, entonces, que un miembro del gobierno cuyas políticas llevaron a la dilapidación de las reservas ahora diga que no pueden pagar lo adeudado porque quedan pocas reservas?
Otro motivo por el que el anuncio genera bronca es porque este gobierno lleva gastados US$ 810.000 millones desde su asunción en 2003, con lo que, en el peor de los casos, el reclamo holdout ascendería al módico 1,9% del total del gasto. ¿Cuáles fueron las prioridades del gasto que no se privilegió un pago ínfimo que –más alla de que la deuda sea inmoral, ilegítima, moral, riesgosa, poco riesgosa o lo que fuera- nos garantizaría un poco más de seguridad jurídica?
Independientemente de cómo se resuelva el conflicto con los fondos buitre, los argumentos utilizados para no pagar muestran que el gobierno solo prioriza su capital político de corto plazo en desmedro total de lo que suceda con la economía. Casos paradigmáticos son el control de cambios y el descomunal gasto público que se destinó a todo menos a resolver una disputa a la que el gobierno mismo hoy acusa de empujarnos a un nuevo default.