Iván Carrino

De repente, se escucha un estruendo.

En cuestión de segundos, el motochorro se introduce en su vehículo y le arrebata la cartera, tirada en el piso del asiento del acompañante.

Aterrorizada, minutos después ve los daños en su auto. La ventana destruida. Su cartera ya no está. Tampoco su billetera, que tenía dinero, tarjetas de crédito y algunas fotos de su familia. El ladrón también se hizo de su Tablet, que usaba a menudo para presentaciones laborales.

Ella festeja estar viva e ilesa, mientras que los observadores miran estupefactos, con temor… indignados. En cualquier país normal, si al motochorro lo detienen, entonces debe rendir cuentas ante la justicia.

En dicha instancia, podría intentar justificarse diciendo que robó porque él “no tenía nada”, mientras ella “tenía mucho”.

Nuevamente, en un país donde las instituciones funcionen, el ladrón cumpliría una condena. Es decir, más allá de sus motivos, recibiría la sanción.

Finalmente, esto en general a todos les parecería bien. A nivel “micro”, el robo es un delito, y más allá de las justificaciones, la violencia suele y debe ser sancionada. Se trata un pilar de cualquier sociedad civilizada.

Curiosamente, cuando algunas situaciones similares ocurren a nivel “macro”, la reacción no es la misma. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que está ocurriendo ahora en Chile busca ser comprendido desde la óptica de la desigualdad.

Desigualdad, Chile y el caos

En el país trasandino, una protesta que comenzó como rechazo al aumento del boleto de Metro de Santiago, se convirtió en los últimos días en un caos urbano, con manifestaciones masivas, vandalismo, detenidos e incluso víctimas fatales.

Frente a claros hechos de delincuencia y saqueo (que incluyeron el incendio de varios trenes y hasta el edificio de un diario), el gobierno de Sebastián Piñera decretó el “estado de emergencia” y hoy las principales ciudades tienen “toque de queda”. Es decir, a partir de cierta hora, no debe haber nadie en las calles.

Obviamente, el tema no es solo el boleto de subte, pero existen varias voces que ubican como origen de la violencia a la desigualdad económica del país vecino. Suele decirse, de hecho, que Chile es un país que “crece mucho económicamente”, pero que “eso no alcanza cuando el crecimiento está mal distribuido”. Este argumento merece ser analizado en profundidad.

En primer lugar, hay que decir que Chile no es el “paraíso de la igualdad social”, pero tampoco es el infierno.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, Chile es el octavo país de América en materia de igualdad. Esto es porque se encuentra debajo de Canadá, Argentina, Uruguay o Estados Unidos.

Sin embargo, también está por encima de México, Paraguay, Colombia o Brasil… ¿Por qué la desigualdad solo incendia diarios y estaciones de Subte en Chile, pero no en Paraguay ni en Colombia?

Otro tema relevante es que no solo la desigualdad ha venido cayendo en las últimas décadas (especialmente a partir de finales de los ’90), sino que el país vecino es el que tiene mayor movilidad social de toda la OCDE.

Es decir, en Chile es mucho más fácil dejar de ser pobre. Tal vez esto tenga que ver con el formidable registro de crecimiento económico con baja inflación y bajo desempleo de los últimos 30 años.

Legitimar la violencia

El punto más fundamental, sin embargo, no es éste. Es que, en definitiva, incluso si Chile fuese el país más desigual de América, eso no debería justificar la violencia. Hacerlo, de hecho, implicaría ceder a un chantaje.

Pero lamentablemente los que piden por más igualdad en el mundo hacen precisamente eso. Nos dicen que el estado debe combatir la desigualdad (cobrándoles más impuestos a los ricos y dándoles más beneficios a los pobres), para mantener ciertos niveles de “paz social”. Luego toman el caso de Chile, o cualquier otro desmán que vean, para justificar sus proposiciones.

¿Ahora no es esto lo mismo que decir que el estado debe quitarle parte de la billetera a la abogada para dársela al motochorro y así evitar que éste le rompa la ventana? ¿No estaría el estado, en este caso, haciendo el “trabajo sucio” del caco?

Por otro lado, una vez que efectivamente el estado redistribuidor siga (o profundice, en realidad) esta línea de razonamiento, ¿cuál será el límite? ¿Cuántos más impuestos debe cobrar? ¿Cuánto más dinero debe gastar?

¿Cuánto más habrá que quitarles a los ciudadanos más productivos de la sociedad para entregárselos a los menos productivos de modo de evitar que estos rompan con la “paz social”?

¿Y si los que reclaman nunca quedan conformes?

La excusa de la desigualdad no puede avalar la violencia ni dar paso a estados que redistribuyan más los ingresos de los ciudadanos. De hecho, profundizar el camino a ese esquema no solo llevaría a una situación injusta, sino muy ineficiente desde el punto de vista económico.

Chile, con un estado pequeño y solo un rol subsidiario para él, pudo generar una macroeconomía estable que permitió triplicar el PBI per cápita desde 1980 y reducir la pobreza desde el 53% en 1987 al 6,4% en 2017.

Cuidado: ceder al chantaje podrá comprar algo de “paz social” a corto plazo, pero a largo plazo socavará las bases de la prosperidad chilena, tal como ya lo hizo en Venezuela, Argentina y también Ecuador.

Publicado originalmente en Ámbito Financiero.