En Argentina nos caracterizamos por dar buenos insultos. Las “puteadas” argentinas fascinan a los españoles a un punto tal que dos diseñadores crearon una página de Internet llamada “Insultá  Como un Argentino”.

El famoso dibujante y escritor Roberto Fontanarrosa, en un Congreso de 2004, también hizo un elogio de las malas palabras, y como ejemplo puso al famoso vocablo nacional que empieza con la letra P. Es que no es lo mismo decir que una persona es un tonto a decir que es un p€l0t#&@…

Ahora bien, en ese mundo de las malas palabras autóctonas, destaca uno que, cuando es recibida, el rival queda herido de muerte. Es difícil levantarse después de tamaño cachetazo verbal. Esa “mala palabra” puede escribirse perfectamente sin violar las normas del decoro.

Se trata del adjetivo “neoliberal”.

Uno puede ser muy P… y muy H…, pero si es “neoliberal”, ¡ay dios mío!

Bueno… sin más prolegómenos, así es como Cristina Fernández de Kirchner se refirió al presidente Macri y a su período de gobierno.

El ¿regreso? del neoliberalismo

El lunes por la tarde, mientras la mayoría de los argentinos disfrutaba el sol del feriado en el Día de la Sobernía, Cristina Fernández de Kirchner encabezaba una cumbre de líderes regionales en el estadio de Ferro, ubicado en Caballito.

Allí tuvo la chance de dar un largo discurso donde exaltó sus años de gestión y, por supuesto, no dudó en arremeter contra la administración actual.

En un pasaje que llegó a la tapa de los diarios, CFK afirmó:

Pocas veces se puede juzgar a dos modelos de país tan distintos con tan poco tiempo de distancia. El 9 de diciembre se cumplen tres años exactos de que el neoliberalismo se ha instalado en nuestro país (…) Han vuelto a endeudar el país. Nadie de izquierda, derecha, abajo o arriba puede negar que nuestro gobierno fue el que más desendeudó a la Argentina.

La primera pregunta que surge de este párrafo es qué será el “neoliberalismo”. Salvo por los líderes de la izquierda que acusan de neoliberal a prácticamente todo el mundo,  no hay muchas personas autopercibidas como “neoliberales”. De hecho, ningún trabajo relevante se conoce con ese título, ni ninguna doctrina económica.

La que existe, claro, es el liberalismo (sobre la cual yo escribí un libro), que sostiene que cuanto mayor sea la libertad económica de los países, más prósperos serán sus ciudadanos.

Neoliberalismo, en realidad, es una deformación que algunos sectores quieren imponer para desprestigiar a la idea liberal y, más que nada, desprestigiar una serie de políticas sensatas que limitan el poder de los gobernantes. Es lógico, entonces, que éstos la rechacen.

Ahora si hay algo que los que constantemente aluden al neoliberalismo mencionan es el llamado “Consenso de Washington”, una lista de 10 principios de políticas económicas razonables, recopiladas por un periodista durante la década del ’90.

El neoliberalismo lo rechazan tanto CFK como Macri

Como decíamos, en la década del ’90 se extendió el uso de la frase Consenso de Washington a partir de que el periodista John Williamson resumiera en un documento las principales recomendaciones que el Departamento del Tesoro, el FMI y el Banco Mundial solían hacerle a países con problemas económicos.

Y si bien todos estos organismos son antiliberales, el mundo los asocia al llamado “neoliberalismo”. Así que qué mejor que comparar al Consenso de Washington con Cristina y con Macri y ver si efectivamente, lo dicho tiene algo de verdad.

Entre las recomendaciones recopiladas por Williamson estaban la disciplina fiscal, la apertura comercial, y la privatización de empresas públicas. Las otras recomendaciones se encuentran resumidas en el cuadro de aquí abajo.

En dicho cuadro, además, podemos ver en qué grado las presidencias de Mauricio Macri y Cristina Fernández siguieron ese libreto.

Como salta a la vista, el gobierno de Cristina fue totalmente anti-neoliberal, si por neoliberal entendemos seguir al pie de la letra el llamado Consenso de Washington.

CFK, especialmente durante su segundo mandato, violó absolutamente todos los puntos de este documento. Las tasas de interés, así como el tipo de cambio, estaban regulados artificialmente, tanto porque había un cepo cambiario, como porque la tasa del Banco Central era un número prácticamente sin trascendencia alguna.

En términos de privatizaciones de empresas públicas, CFK hizo todo lo contrario. Junto con Néstor, su marido y antecesor en el cargo, nacionalizaron Aguas Argentinas, el 50% de YPF, las AFJP, el Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas…

Lo mismo ocurrió con la disciplina fiscal. El gobierno de Cristina recibió al fisco con un superávit de 0,5% en 2007, que transformó en un  déficit de 5,9% al final de su mandato.

Mirando este cuadro, algún kirchnerista podría decir “qué bueno es violar el Consenso de Washington”. Sin embargo, la performance económica durante el segundo gobierno de CFK fue paupérrima. Inflación promedio cercana al 30% anual, cero crecimiento per cápita, aumento de la pobreza y un preocupante avance sobre las libertades individuales.

Ingeniero neoliberal

A diferencia de la exitosa abogada, el ingeniero presidente no se sacó un 1 en su examen frente al llamado Consenso. En este sentido, es lógico que Cristina lo llame neoliberal, ya que al lado suyo parece el mejor alumno de los Estados Unidos.

Sin embargo, cuando uno mira detalladamente las políticas tomadas por el presidente, ve que no se cumplen al menos 4 puntos de la receta neoliberal, mientras que otros tres se cumplen solo parcialmente.

Vamos rápidamente de abajo para arriba. En términos de seguridad jurídica, se ha mejorado, pero el lanzamiento del Bono obligatorio y la marcha atrás con la reforma tributaria anulan cualquier esfuerzo en este sentido. Por otro lado, desregulación solo hubo en el mercado aerocomercial por el tema de las Low-Cost, pero solo parcialmente.

Privatización de empresas estatales no hubo ninguna. Apertura comercial no hay, solo una baja de aranceles a dos productos específicos (tablets y notebooks).

Los impuestos se bajaron, pero luego algunos se volvieron a subir. Y en términos de gasto, hay un redireccionamiento, pero todavía no se ha terminado por completo ese cambio.

Finalmente, en términos fiscales es donde peor le ha ido al gobierno. No solo no redujo el déficit fiscal heredado por CFK, sino que lo aumentó en el primer año, siendo esto causa principal de la crisis que atravesamos.

Para terminar, no queda duda alguna que Cristina rechazó de plano cualquier tipo de liberalismo o neoliberalismo durante su gestión. En ese sentido es lógico que diga que otros, que al menos aceptan algunos puntos del programa de Washington, sean neoliberales.

Sin embargo, en rigor de verdad, no hay mucho de neoliberalismo en la gestión actual, y mucho menos de liberalismo.

Y es por esto, de hecho, que hoy estamos en crisis.

Jueves 8 de noviembre, 3 de la tarde.

José, un empleado de una empresa de cerámicas es llamado por su supervisor para conversar en la oficina.

Luego de ofrecerle un café y charlar un rato sobre el clima, el supervisor le dice a José que, debido al buen desempeño en sus tareas, le asignará un bono de fin de año del 20% de su salario bruto.

Sorprendido con la noticia, José agradece y vuelve a su puesto de trabajo, motivado por la decisión.

Lunes 12 de noviembre, cerca del mediodía.

El gobierno de un país bananero firma un Decreto de Necesidad y Urgencia para que todas las empresas del sector privado paguen a sus empleados un bono de $ 5.000.

Casi igual, ¿no?

No, nada que ver. La medida es absolutamente demagógica, ingenua y, además, extremadamente perjudicial para la economía.

Sin embargo, esto mismo es lo que acaba de hacer Mauricio Macri, de la mano de su Ministro de Trabajo, el peronista Dante Sica.

Ley de felicidad para todos

Allá lejos y hace tiempo, cuando Argentina debatía sobre si debía haber una ley anti-despidos o no (ley que finalmente fue vetada por el presidente) Macri afirmaba:

“Si fuera cuestión de leyes, saquemos una ley que diga que por ley seamos todos felices”

Esta frase, aunque parezca increíble, fue dicha en 2016.

Hoy, dos años más tarde, el gobierno impone un aumento de salario por decreto (ya no por ley) y, encima, implementa un esquema burocrático que, al menos, intenta restringir los despidos seriamente.

A partir de la aprobación del decreto las empresas deberán consultar con el Ministerio de Trabajo y debatir en una mesa con los delegados sindicales a ver si puede llegarse algún acuerdo favorable al empleado.

Tamaña contradicción de la gestión Cambiemos.

Antes de seguir, es importante quede clara una cosa: nadie quiere que se echen empleados ni se paguen bajos salarios, pero los decretos son, por lejos, la peor medida que se puede tomar para conseguir esto.

Además, si fuera tan fácil aumentar los sueldos, ¿por qué quedarse solo con $ 5.000? ¿Por qué no decreta Macri un aumento de $ 10.000, $ 15.000, o $ 150.000? ¿Acaso le falta generosidad?

A costa de quién

La gran pregunta que abre este nuevo “beneficio laboral” sancionado por el gobierno es quién va a pagar la cuenta.

A priori, parece que las empresas, lo que va a todas luces en contra de su rentabilidad, en un contexto donde la misma viene en caída libre.

Si no me creés, dale una mirada a la evolución de los precios mayoristas (+66,1% acumulado en el año) y compárelos con los minoristas (+32,4% acumulado).

Si uno observa la mediana del salario del sector privado registrado, en el mes de agosto el salario más frecuente fue de $ 25.354. O sea que, en un contexto de costos crecientes para las empresas, el gobierno acaba de imponer uno nuevo, del 20% de su gasto en personal.

¿Quién podrá resistirlo?

Probablemente algunas empresas sí, pero otras no. Finalmente, las compañías que no puedan afrontar el costo deberán cerrar sus puertas o bien pasarse a la economía informal.

Y, paradójicamente, luego es el propio gobierno el que se queja de la evasión y la economía en negro.

Sus economistas formados –que los hay y muchos ahí dentro- deberían explicarle al equipo de esta consecuencia inevitable se su propia decisión.

Malos incentivos

Dos últimas consideraciones son necesarias.

La primera es que, a diferencia del caso de José con que abrimos esta nota, donde el bono sirve como un incentivo para mejorar la performance y productividad del empleado, aquí lo único que se busca es compensar la pérdida contra la inflación del salario de los trabajadores.

Ahora bien: ¿qué empresa no querría hacer esto? En mercados medianamente competitivos, siempre queremos pagar como empresas lo menos posible. Pero si pagamos por debajo de cierto nivel, nos quedamos sin empleados.

Es decir, un mercado libre no paga salarios de miseria (como lo demuestran Dinamarca, Estados Unidos o Nueva Zelanda) y tampoco escatimaría un bono en caso de poder premiar a los empleados que sean más productivos.

Pero lo del gobierno revienta cualquier esquema derivado de este premio anual. Viola las pautas básicas de su otorgamiento, pervirtiendo los incentivos naturales que existen en los mercados.

Por último, hay que recordar que estas medidas fueron tomadas durante el gobierno de Néstor Kirchner, un presidente abiertamente anti-mercado. ¿Qué efecto positivo puede tener este tipo de medida en crear un ambiente de negocios amigable para la inversión?

Adivinaste: ninguno.

La economía con Kirchner creció a pesar de estos aumentos, pero finalmente este tipo de intervencionismo fue el que llevó al Modelo K a su propia destrucción.

Las medidas recientemente anunciadas por el gobierno son negativas desde donde se las observe.

A corto plazo, beneficiarán a los empleados pero a costa de las empresas ya fuertemente castigadas por la situación general de la economía. A largo plazo, fomentarán el empleo en negro, el cierre de empresas y el alejamiento de las inversiones.

Un verdadero tiro en el pie.

La semana pasada asistimos a una verdadera corrida cambiaria como hacía tiempo no se veía en el país. En un lapso de solo 5 días, el Banco Central vendió el 7% de sus reservas internacionales, perdiendo nada menos que USD 4.400 millones.

El objetivo: evitar que suba el dólar y eso continúe realimentando unas expectativas de inflación que parecen cada vez más descontroladas.

Al finalizar la semana, el Banco Central tomó una nueva decisión. Esta vez fue todavía más agresivo. Decidió subir su tasa de política monetaria 300 puntos básicos, a 30,25% anual. Sin embargo, al reanudarse la rueda de los mercados, el miércoles, las cosas todavía no parecían calmarse del todo.

A continuación, un análisis de lo que pasó y lo que puede suceder de acá adelante.

Las Reservas no se “rifan”

Algunos analistas, al atestiguar la fuerte venta de reservas por parte de la autoridad monetaria, pusieron el grito en el cielo porque los dólares se estaban “rifando”. Curiosamente, muchas de estas protestas venían de quienes, en el pasado, impusieron el cepo cambiario para evitar “la rifa” y, sin embargo, liquidaron nada menos que la mitad del stock total de reservas internacionales.

Es cierto que en un sistema de tipo de cambio flexible, el dólar debe fluctuar libremente sin intervenciones. Ahora bien, si ese fuera el caso, el Banco Central tampoco debería haber comprado USD 40.000 millones en dos años.

Dado que lo ha hecho… digamos que tiene derecho a venderlos cuando quiera. Para eso se compran. No para tenerlos guardados en un cajón, sino para salir a traer calma cuando los mercados se inquietan.

Ahora bien, si analizamos los momentos en que el BCRA comenzó a utilizar esta herramienta, encontramos  que no fue solo la semana pasada. Ya desde marzo que Sturzenegger decidió salir a vender dólares, porque juzgaba que la suba del tipo de cambio comenzaba a ser “disruptiva”.

Coletazos del 28D

Para entender por qué un Banco Central que supuestamente tiene un tipo de cambio libre se obsesiona por controlarlo, tenemos que remontarnos al 28 de Diciembre pasado.

Hasta esa fecha del año 2017, el Banco Central venía implementando un sistema de Metas de Inflación donde el principal instrumento para influir en las expectativas y en el mercado monetario era la tasa de interés.

La tasa, en su momento, estaba en los alrededores del 28%, mientras que la inflación anualizada andaba por el 20%. No obstante, las metas no venían cumpliéndose y a la tasa le llovían críticas.

Desde la heterodoxia, se argumentaba que semejante nivel de tasa frenaba la actividad. Desde la ortodoxia, que la herramienta no servía y que generaría una bomba de Lebacs que estallaría en el futuro con más inflación y devaluación.

Ambos argumentos allanaron el camino para que el 28D, el Poder Ejecutivo no solo impusiera una modificación de las metas de inflación, sino una baja de la tasa de interés.

Así, el principal instrumento que el Banco Central tenía para domar la inflación, fue secuestrado por la Jefatura de Gabinete.

Poco tiempo después, las expectativas de inflación comenzaron a subir y, con ellas, el dólar.

El Banco Central estaba en una encerrona. Se le descontrolaban las variables y no tenía herramientas ni credibilidad para encaminarlas. Lo único que le quedó a la mano fue salir a vender dólares.

Tormenta perfecta

A los factores anteriormente mencionados, que podemos denominar domésticos, se sumó la cuestión internacional: el dólar en el mundo viene fortaleciéndose día tras día, y en las últimas diez jornadas acumuló un avance de 3,8% contra todas las monedas del globo.

Lo que refleja esto es que los fondos internacionales están desarmando posiciones en los países emergentes y “volando hacia la calidad”, para lo cual necesariamente deben comprar dólares.

Ahora bien, si Argentina fuera un país totalmente ordenado en sus números fiscales, dinámico en su mercado de trabajo, y estable en sus reglas de juego, el cimbronazo tal vez no sería tan marcado.

Sin embargo, se da el caso de que somos uno de los países más vulnerables a la turbulencia internacional, lo que nos lleva al último punto.

Entre la espada y la pared

Si la suba de tasas de Sturzenegger no alcanza, y los inversores siguen queriéndose ir, vendiendo moneda y bonos argentinos, entonces el problema acá no estará siendo el 28D o la política fiscal de los Estados Unidos, sino algo más profundo: un reclamo para que el gobierno dé mayores señales de ajuste fiscal.

Es que dado el agujero que tiene el gobierno, el modelo no cierra si no hay financiamiento, y como el mercado local es muy chico, ese financiamiento tiene que venir de afuera… Pero si afuera se complica, la única que queda es ajustar más.

Un mayor ajuste fiscal, que podría pasar por recortar partidas de gasto que excedan a la de los subsidios energéticos, tendría el efecto positivo de generar mayor confianza de los acreedores, generando mayor estabilidad.

No obstante, un mayor ajuste fiscal desataría una ola de protestas de sindicatos, piqueteros y partidos opositores, quienes no dejan pasar la más mínima oportunidad para atacar al gobierno por “neoliberal ajustador”.

Todas las fichas están puestas en Sturzenegger. Si su revitalizada política monetaria logra calmar las expectativas, el hiper-gradualismo de Macri tendrá una vida más en este juego. De lo contrario, estará obligado a elegir entre la espada y la pared.

Publicado originalmente en ContraEconomía.

Juan fue al médico. Estaba cansado de su adicción al tabaco y decidió hacer una consulta. El profesional lo mandó a hacer unos estudios y la conclusión fue inobjetable: este joven tenía que dejar el cigarrillo.

Para ello, el médico le recomendó un plan gradual. Era la primera semana de febrero y Juan fumaba 10 cigarrillos por día. El especialista le dijo que debía dejar de fumar un cigarrillo por día cada mes. Es decir, en marzo fumaría 9 cigarrillos diarios, en abril 8, en mayo 7, y así hasta dejar completamente el cigarrillo para el mes de diciembre.

Juan salió de la consulta y fue a ver a su amigo Mauricio. Le contó lo que le había dicho el Dr. Federico y Mauricio le comentó:

¡Qué buena noticia! Pero no te preocupes, dejar de fumar es lo más fácil que hay. Además, una vez que dejes vas a jugar mucho mejor al fútbol, te vas a cansar menos… es un requisito indispensable para que tengas una vida mejor.

Tiempo después, por el mes de julio, Juan no lograba cumplir con las metas que le había planteado el médico. Así que fue a ver a su amigo Marcos, experto en “terapias alternativas”. Marcos conversó un rato con él y dio su veredicto:

Mirá Juan, esta ansiedad por dejar de fumar yo la verdad que no la entiendo. Te está generando todo tipo de problemas, mirá lo triste que estás… Lo mejor que podés hacer es dejar de fumar pero todavía más lentamente. A fin de año, en lugar de cero cigarrillos por día, fumate cinco. Dale, tranquilo que estás en buenas manos.

Juan salió de la oficina pensando… ¿A quién tenía que hacerle caso?

No es sinceramiento, es heterodoxia

Por si el lector aún no se dio cuenta, la historia de Juan es análoga a lo que pasó recientemente con las metas de inflación en Argentina. Dado que el Banco Central no estaba cumpliendo exactamente con ellas, el equipo económico del gobierno decidió modificarlas hacia arriba, poniendo un objetivo supuestamente más fácil de cumplir.

Así las cosas, muchos piensan que la medida se trató de un simple sinceramiento: el sencillo reconocimiento de una realidad, y un paso más en la dirección de “decir la verdad”.

Sin embargo, hay mucho más detrás de la decisión.

De hecho, lo que preocupa no es el mero cambio de la meta, sino los motivos detrás de la modificación y los hechos posteriores.

Analizando los motivos, quedó claro que lo que pasó fue que triunfó el ala más industrialista del equipo económico. Bajo la falsa creencia de que la política monetaria era demasiado dura y que eso complicaba la actividad, se decidió no solo cambiar el objetivo de inflación para 2018-19-20, sino también relajar la política monetaria.

Digo “falsa creencia” porque esta política monetaria no impidió la recuperación económica de 2017, ni inhibió el crecimiento del crédito o el salto en la inversión. Por otro lado, si fuera una política monetaria “demasiado dura”, habría cumplido (y sobre-cumplido) con las metas de inflación, cosa que en 2017 no sucedió por al menos 6 puntos.

Los hechos posteriores al anuncio también fueron concretos. Las tasas de interés de las Lebac cayeron y el dólar subió, cumpliendo con los pedidos de algunos destacados profesionales que querían un tipo de cambio más “competitivo”, aunque fuera  a costa de una mayor inflación.

Reformas tibias

¿Por qué el gobierno habrá hecho todo esto? ¿Por qué ir contra la independencia del Banco Central? ¿Por qué, si según  Marcos Peña la inflación es el impuesto más perverso para los pobres, quieren mantenerla elevada?

La respuesta que encuentro es que, a falta de reformas profundas, el gobierno sucumbió frente a los cantos de sirena keynesianos. Estos cantos de sirena postulan que “un poquito de inflación no es mala” y que más inflación es el costo a pagar para mantener el crecimiento económico y darle mayor competitividad a las exportaciones.

Ahora bien, como hemos expresado antes, ni el Banco Central puede imprimir felicidad, ni el crecimiento de la economía llegará con más inflación. De hecho, bajar la inflación y hacer reformas estructurales es requisito para que la economía efectivamente prospere.

En esta postura parecía estar el gobierno poco después de las elecciones. Se plantearon, incluso, cuatro reformas importantes, como la tributaria, la laboral, la previsional y la de responsabilidad fiscal. Todas ellas –hechas en serio y sumadas a la apertura comercial- son las que deberían generar crecimiento.

¿Pero qué sucedió? Sucedió que fueron reformas muy tímidas y, encima, consensuadas con la oposición, con  lo que terminaron más desdibujadas aún.

En los cuatro ámbitos encontramos dificultades:

——–> La “reforma previsional” no fue más que un cambio de fórmula,

——–> el punto más importante de la reforma tributaria (la baja de Ganancias a las empresas) solo comienza a operar en 2019,

——–> la reforma laboral (que no contiene modificaciones de importancia) aún no se discute en el Congreso

——–> y la ley de responsabilidad fiscal planea congelar el gasto en términos reales, licuándolo con un supuesto crecimiento futuro, en lugar de reducirlo.

Frente a este contexto de reformas desdibujadas, el gobierno temió que en 2018 la actividad se frene y fue por el camino fácil: relajar la política monetaria y sacrificar la desinflación en el altar del crecimiento económico de corto plazo.

La  jugada es más que peligrosa.

Si tener inflación y devaluar la moneda fueran la receta de la prosperidad, Argentina sería el país más rico del mundo. No obstante, no lo somos, y esta última jugada de la política tiene el riesgo de que terminemos con más inflación, más devaluación y nulas modificaciones en el crecimiento de la economía.

Publicado originalmente en Contraeconomia.com

En el año 2013, Argentina y Venezuela transitaban caminos similares. Mientras la región crecía al 3% anual con una inflación de 4,5%, las naciones comandadas por Nicolás Maduro y Cristina Fernández mostraban números mucho peores.

En Venezuela, la economía creció 1,3% ese año, pero con una inflación de 56,2% según el FMI. En Argentina, el crecimiento fue un tanto superior (2,4%), mientras que la inflación estuvo un escalón por debajo, en el 28,3% anual según datos privados.

Otra característica que hermanaba las economías de Argentina y Venezuela era el control de cambios. En ambos países el gobierno decretaba un tipo de cambio oficial al cual solo podía acceder un puñado de autorizados. El resto debía operar con el dólar del mercado paralelo.

En Argentina, la brecha promedio entre ambos tipos de cambio fue de 60% ese año. En Venezuela, ya se había disparado al 456%.

El intervencionismo, el discurso anticapitalista, la inflación, los controles de precios y los avances sobre la prensa y la justicia independiente fueron también características propias de Argentina y Venezuela.

Hoy el país caribeño se hunde en el desastre. La economía sufre hiperinflación e hiper-recesión. Solo un dato ilustra la debacle: en 2016 se fabricaron no más de 3.000 vehículos, mientras en 2007 la cifra alcanzó los 170.000. Es una caída de 98% en 10 años. El sistema político, además, mutó de una democracia populista a una dictadura socialista al estilo cubano.

Argentina, por el contrario, vive una realidad diferente. A pesar de la caída de la economía en 2016, hoy está en pleno proceso de recuperación. Si todo sale como indican las estimaciones privadas, la inflación será la más baja en siete años, mientras que el crecimiento será el más elevado en 5. En el plano político, la prensa trabaja libremente, la justicia no se encuentra amenazada y el gobierno de Macri tiende relaciones diplomáticas con el mundo civilizado.

¿Qué pasó con Argentina? Para resumir la respuesta: en las elecciones de 2015, el pueblo le dijo NO al modelo chavista.

Reformas urgentes

Tras haberse impedido el proyecto re-reeleccionista de Cristina Fernández de Kirchner, los argentinos asistieron a las urnas en octubre de 2015. Los candidatos de ese entonces ya prometían cambiar de rumbo. El debate, entonces, era si el cambio debía ser gradual o de shock, pero ya no se discutía que había que cambiar.

Finalmente, en la segunda vuelta electoral se impuso Mauricio Macri, el más “antikirchnerista” de los candidatos.

Rápidamente se tomaron algunas medidas que modificaron el ecosistema económico:

• Se eliminó el control de cambios.
• Se eliminaron la mayoría de los impuestos a la exportación.
• Se liberalizaron parcialmente los precios de los servicios públicos como agua, luz y gas.
• Se normalizaron los procesos para importar, haciéndoselos menos discrecionales.
• Se implantó en el BCRA un sistema de “metas de inflación” para cuidar el valor del peso.
• Se implantó un plan de “metas fiscales”, con la propuesta de reducir el déficit paulatinamente.

Las reformas urgentes implementadas por Macri dejaron al descubierto el delicado equilibrio de la economía argentina. Familias y empresas, al tener que pagar más por las tarifas energéticas, restringieron otros consumos. Algunos negocios, incluso, debieron cerrar sus puertas.

Al mismo tiempo, el sinceramiento mostró la verdadera inflación que se ocultaba detrás de los controles y se disparó al 41% anual.

No obstante, otros indicadores mejoraron. De acuerdo con la Fundación Heritage, el país mejoró su “Libertad Económica” en 6,6 puntos. En dicha mejora destacan los rubros “derechos de propiedad”, “libertad financiera” y “libertad para la inversión”.

Por otro lado, de acuerdo con la Fundación Libertad y Progreso, luego de caer 94 posiciones en su Índice de Calidad Institucional entre 1996 y 2015, el país recuperó cuatro posiciones en 2016.

Menos chavismo, más inversión

Abortar el camino del socialismo venezolano e imponer ciertas reformas liberalizadoras mejoraron el clima de inversión local.

Eso se verifica en los números. De acuerdo con el Banco Central, la inversión extranjera directa creció 92,8% en 2016; mientras que en los primeros seis meses de este año sigue avanzando a un ritmo del 12,4%. Por otro lado, de acuerdo con el centro de estudios de Orlando Ferreres y Asociados, en julio “la inversión volvió a mostrar un resultado positivo en el sexto mes del año y acumula cuatro meses consecutivos de expansión”. En el año acumula un avance de 6,4%.

La consecuencia más palpable es la recuperación económica que mencionábamos. De 15 sectores que componen el PBI, 11 están creciendo en términos interanuales, destacándose el sector agrícola, la construcción, y el transporte y las comunicaciones.

Seguro que Macri no es todo lo liberal que uno desearía. Seguro que todavía queda mucho por hacer para que el país abrace el crecimiento sostenible y vuelva a formar parte del club de los países ricos.

Sin embargo, una conclusión se hace más que evidente: socialismo es sinónimo de pobreza, y abortar el camino hacia él por lo menos ofrece la posibilidad de salir de la misma.

Los primeros “brotes verdes” de la economía argentina así lo prueban.

Cuando una persona le ofrece un crédito a alguien, es decir,  le ofrece financiación, siempre cobra un interés por hacerlo. El interés, de hecho, es el precio del crédito, y si no nos cobraran por ese crédito, entonces nadie tendría incentivos para ofrecerlo.

Más aún, en una economía inflacionaria como la nuestra, es impensable suponer que Juan va a prestar le $ 100 a Pedro y exigirle, en 365 días, la devolución de solamente $ 100. Hacer eso equivaldría a regalar poder adquisitivo.

A pesar de esta realidad evidente, hasta enero de este año en Argentina existían las cuotas “sin interés”, donde los consumidores tenían un mismo precio para un producto cuando lo pagaban en efectivo y cuando lo pagaban en cuotas fijas a un plazo futuro.

Un lavarropas podía costar, digamos, $ 8.000, si se lo pagaba en un solo pago o bien 12 cómodas cuotas de $ 666,67. Es decir, lo mismo.

Frente a esta aparentemente extraña situación, el gobierno pensó lo siguiente:

Como nadie regala nada, y mucho menos la financiación en un país inflacionario, lo que debe estar sucediendo es que los comercios inflan los precios de contado y engañan a la gente diciéndole que le financian la compra sin cobrarle interés. Con un precio muy caro de contado, se cubren de las futuras pérdidas por la inflación y hacen que el consumidor pague el costo de endeudarse.

Esta suposición, además, estaba apoyada por el inciso c) del artículo 37  de la “Ley de Tarjetas de Crédito“, que obligaba a los comercios a cobrar el mismo precio de contado que financiado. O,  al menos, eso se entendía.

Dada esta situación, no tuvieron mejor idea que cambiar la obligación y decirle a los comercios que ahora tenían que mostrar, sí o sí, precios diferenciados para compras a un pago o en cuotas.

El gobierno asumió que el lavarropas de $ 8.000 seguiría costando $ 8.000 en 12 cuotas de $ 666,67; pero que al contado bajaría, digamos, entre un 15% y un 20%. De esta forma, se acabaría el supuesto “costo financiero oculto que los malvados empresarios hacían pagar al consumidor”.

La medida iba a ser un beneficio neto para los consumidores. No perdían nada en cuotas, pero ganaban si pagaban  al contado. Además, toda la operación sería más transparente.

El resultado fue muy distinto. De acuerdo con un relevamiento de la consultora Elypsis sobre 12.000 productos, los precios, solo en el 45% de los casos bajaron un mero 5,7%, mientras que en otro 18% subieron un  5,5%.

Además, de acuerdo con Clarín, el nuevo esquema hace que “comprar la mercadería en 12 cuotas fijas cueste ahora entre 16 y 20% más que en enero”.

Si la medida era tan bien intencionada… ¿por qué salió tan mal?

Lo que el gobierno pasó por encima fue nada menos que la moderna teoría de los precios. Para Marx y Smith, los precios en el mercado estaban determinados por los costos de producción. Sin embargo, en 1871 Menger explicó que éstos dependían de la utilidad marginal y que, en última instancia, eran determinados por el consumidor, en base a la escasez.

Es que piénsese lo siguiente: si los precios fueran determinados por los costos, ninguna empresa quebraría. Todo emprendimiento sería viable, ya que la inagotable billetera de los consumidores aceptaría cualquier “traslado” de los costos.

Eso, sin embargo, no es lo que sucede. Las billeteras no son infinitas, y los consumidores deciden en base a sus preferencias y su restricción presupuestaria.

Rothbard explicó esto para el caso de los impuestos y ofreció la revolucionaria conclusión de que “NO PUEDE TRASLADARSE NINGÚN IMPUESTO”.

Según su explicación:

… los precios nunca vienen determinados por los costes de producción, sino al contrario. El precio de un bien se determina por el volumen de sus existencias y su plan de demanda en el mercado. El plan de demanda no se ve afectado por el impuesto. El precio de venta lo fija cada empresa en el punto de ingreso neto máximo y cualquier precio superior, si no varía el plan de demanda, simplemente contribuirá a reducir el ingreso neto. Por tanto, un impuesto no puede trasladarse al consumidor.

Traslademos este análisis al costo de financiación y el resultado es el mismo: EL COSTO DE FINANCIACIÓN NO PUEDE TRASLADARSE. O, al menos, no en su totalidad. El mercado es un proceso en desarrollo, así que no podemos saber en un momento preciso quién está pagando qué cosa… pero hay algo que sí es claro: asumir que el consumidor final era el que soportaba todo el costo de financiamiento es un error.

En muchos casos, al menos parte del costo financiero lo estaba asumiendo el comercio, o bien las tarjetas de crédito. Por otro lado, dadas las preferencias de los consumidores y sus restricciones de presupuesto, los precios de contado reflejaban conformidad de parte del consumidor y de los negocios: ¿por qué una ley que obliga a diferenciar precio de contado de financiado va hacer que bajen los de contado?

Lo más previsible es que suban los financiados, puesto que al contado ya había un acuerdo explícito en el mercado sobre que esos eran los precios determinados por la oferta y la demanda.

Para arreglar todo este error ridículo, que debería bastar para cerrar la Secretaría de Comercio y destinar sus capacitadísimos recursos a mejores fines, el gobierno no solo no decidió dar marcha atrás con la  medida, sino que presionó a bancos públicos para que sacaran planes de financiación con tasas de interés por debajo de las de mercado. Más intervencionismo a un error del intervencionismo.

La única medida razonable en el tema “cuotas sin interés” debería haber sido eliminar el artículo que estaba generando malos entendidos – o bien eliminar toda la ley de tarjetas de crédito- y reemplazarla por la siguiente disposición:

Los negocios gozan de total libertad para establecer sus precios tanto en operaciones al contado como en operaciones con tarjeta

Con el tiempo, si las subas en los precios en cuotas generan mayores retornos para comercios o tarjetas de crédito, la competencia fomentará la entrada de nuevos jugadores que bajarán el costo del crédito o bien los precios. Sin embargo, en el corto plazo, los resultados fueron malos y el consumo inevitablemente sufrirá el efecto.

El intervencionismo no se soluciona con más y “mejor pensado” intervencionismo, sino con libre mercado. El “neoliberal” gobierno de Macri debería saberlo. Y si no, es tiempo de que se entere.

El sábado pasado fui nuevamente invitado al noticiero que se emite por la señal de televisión por cable, C5N. No es la primera vez que voy, y muchos suelen preguntarme para qué lo hago, puesto que se sabe que la línea editorial o ideológica de esa pantalla está bastante lejos de las ideas y principios que yo defiendo.

A pesar de esto, siempre voy con la mejor predisposición. Creo que el debate hay que darlo, y que es todavía más importante hacerlo cuando se está rodeado de personas que piensan diferente. Esto permite haya una buena contraposición de argumentos, lo que para mí enriquece el debate y permite contrastar la consistencias de los planteos.

Así que el sábado pasado fui bien predispuesto al debate y éste cumplió con mis expectativas. En la mesa del noticiero estaban también sentados Eduardo Valdés, dirigente peronista y diputado del “Parlasur”, y Patricio del Corro, referente del Frente de Izquierda.

La charla comenzó con la pregunta acerca del balance del año. Quien dio la primera respuesta fue el parladiputado Valdés, quien volvió a insistir con que el gobierno nacional, “en un solo acto, al eliminar las retenciones”, había transferido $ 130.000 millones al sector agrícola y “a los agroexportadores”.

Hace un tiempo, en este mismo espacio, intenté demostrar por qué era erróneo referirse a la eliminación de las retenciones como una “transferencia de ingresos”. Pero dado que el tema sigue siendo una muletilla de uso común en discurso de los  populistas, voy a volver a insistir con este tema.

Lo que me parece que  tenemos que comprender antes que nada es cuál es la correcta definición de transferencia de ingresos.

Decimos que hay una trasferencia de ingresos de Juan a Pedro, por ejemplo, si Juan toma $ 100 de sus ingresos y se los transfiere a Pedro. El resultado de esta transferencia será que Juan tiene $ 100 menos para gastar en consumo, ahorro o inversión, y que Pedro tiene $ 100 más para cualquiera de estas tres actividades.

En el caso anterior, la transferencia es voluntaria. Juan decidió voluntariamente ceder sus ingresos en favor de Pedro.

Sin embargo, también podríamos estar frente al caso de que la transferencia no sea voluntaria. ¿Cómo sería eso? El gobierno podría cobrar un impuesto que tome $ 100 del ingreso de Juan, y destinarlo a Pedro para subsidiar el consumo de este último. El resultado de la transferencia sería el mismo. Juan perdió $ 100, Pedro ganó $ 100, solo que la operación no se hizo de manera voluntaria, y ahora Pedro está mejor, pero a costa de que Juan esté peor.

Este tipo de transferencia coactiva de ingresos estaba siendo llevada a cabo por el gobierno kirchnerista con las retenciones a la exportación. De hecho, por este concepto, el gobierno había tomado de los exportadores la nada despreciable suma de $ 497.496 millones entre 2003 y 2015. Las retenciones eran transferencias coactivas de los exportadores al estado, que después éste decidía como gastarlas.

En este sentido, lo que hizo el gobierno de Macri al eliminar estos gravámenes no fue transferirles ingresos a los exportadores, sino sencillamente dejar de confiscárselos.

Tenemos que recordar que la producción es, ante todo, de quien la produjo, y que el gobierno, si bien tiene la facultad para cobrar impuestos, no transfiere ningún ingreso cuando decide quitar o reducir impuestos, sino que simplemente nos permite a los ciudadanos quedarnos con lo que originalmente es nuestro.

Por ejemplo, ahora que está tan de moda el debate por el impuesto a las ganancias y que tanto el gobierno como la oposición coinciden en que debe reducirse: ¿hablarán los populistas de siempre de la transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados de la sociedad? ¿O reconocerán que lo único que está haciendo el gobierno es dejar de meterle la mano en el bolsillo a la gente?

Los políticos argentinos no son precisamente un monumento a la coherencia, y es por eso que vemos que muchos, al tiempo que denuestan la eliminación de los impuestos a la exportación, aplauden a dos manos la suba del mínimo no imponible de ganancias.

Una mirada coherente exigiría que midamos ambos actos con la misma vara, y que si aplaudimos la baja del impuesto a las ganancias, también hagamos lo mismo con las retenciones y todos los impuestos que existen en Argentina.

En definitiva, al hacer eso, lo que estaremos aplaudiendo no será una transferencia de ingresos inmerecida o injusta, como algunos quieren sugerir, sino un mayor respeto de la propiedad privada y del fruto del trabajo de las personas.

Y solo caminando por esa vía es que Argentina abandonará la senda de la decadencia.

 Publicado originalmente en Inversor Global.

Ronald Reagan nació en 1911 en Illinois, Estados Unidos. Si bien llegó a la política como un “outsider”, lo cierto es que antes de ocupar el cargo de presidente había sido por 8 años gobernador de uno de los estados más importantes de ese país: California.

Mauricio Macri tampoco es un político de carrera, pero antes de ser presidente también ocupó un cargo clave por 8 años: el de intendente de la Ciudad de Buenos Aires.

Estas coincidencias podrían ser meras casualidades. Sin embargo, hay algo más que une a ambos políticos: la situación económica a la que se enfrentaron cuando asumieron el poder y el programa económico que buscaron llevar a la práctica.

La “revolución de Reagan” y la economía de la oferta

La economía de los Estados Unidos sufría, en 1980, del fenómeno llamado estanflación,  donde se combina un bajo crecimiento económico con una elevada inflación. Precisamente ese año el PBI se había contraído 0,2%, pero la inflación superaba el 12% anual, uno de los niveles más altos jamás vistos.

Además, coherente con la idea de que el estado todo lo puede, la economía norteamericana se encontraba plagada de regulaciones que impedían el desarrollo pleno de la economía de mercado.

Para revertir esta situación, el nuevo gobierno implementó lo que luego se conoció mundialmente como “reaganomics”, basada en 4 objetivos principales:

1. Bajar la inflación controlando la oferta monetaria.

2. Reducir la regulación.

3. Reducir las tasas marginales de impuestos al trabajo y al capital.

4. Reducir el ritmo de crecimiento del gasto público.

El gobierno fue exitoso en el primer objetivo. De la mano de Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal, las tasas de interés subieron y el ritmo de aumento de la cantidad de dinero cayó.

En consecuencia, la inflación se redujo significativamente. En diciembre de 1980 los precios trepaban al 12,5% anual. Al año siguiente, este guarismo había caído a 8,9%. Para 1986 la inflación no superaba el 2% anual.

Otro tema que encaró Reagan fue la desregulación de la economía. Según William Niskanen, miembro del Consejo de Asesores de la presidencia entre 1981 a 1985:

“Reagan relajó o eliminó los controles de precios en el combustible, el gas natural, la TV por cable, el servicio telefónico de larga distancia, el sistema de transporte terrestre interestatal y los trasportes oceánicos. A los bancos también se les permitió invertir en una mayor cantidad de activos y el rango de alcance de las leyes antimonopolio se redujo.”

Además de la baja de la inflación y la desregulación de la economía, Ronald Reagan redujo considerablemente los impuestos que pagaban los norteamericanos. De acuerdo con Niskanen, las tasas marginales cayeron desde el 70% al 28%, mientras que los impuestos a las empresas también se redujeron de manera contundente, desde el 48% al 34%.

Reagan el keynesiano

El último objetivo de la revolución de Reagan era controlar el incremento del gasto público. Una de sus frases de cabecera era que “Solo reduciendo el crecimiento del gobierno, podremos aumentar el crecimiento de la economía”.

Sin embargo, este no fue para nada el punto fuerte de su presidencia. Durante su mandato, el gasto total del gobierno pasó de U$S 678.000 millones en 1981, a U$S 1,06 billones en 1988. Esta variación –de 56,9%- superó ampliamente a la inflación del período, que totalizó 17%.

La combinación de un mayor gasto público junto a recortes impositivos dio lugar a un incremento del déficit fiscal.

Gráfico 5. Gasto Público y Déficit en % del PBI (1977-1989)

Durante los primeros tres años, el déficit pasó del 2,5% a casi el 6% del PBI. La gradual reducción del desequilibrio posterior a 1984 no fue suficiente para evitar el crecimiento de la deuda pública, que pasó del 31,7% del PBI en 1981 a 51,5% en el año en que Reagan abandonó su cargo.

Ahora bien, a pesar de esta laxitud fiscal, los resultados favorecen a la estrategia que Ronald Reagan eligió para sacar a Estados Unidos de la estanflación.

El crecimiento anual promedio entre 1976 y 1982 fue de 2,7%. Sin embargo, una vez superada la crisis del ‘82 y, la economía volvió a crecer y a un ritmo promedio de 4,4% anual.

Al mismo tiempo que bajaba la inflación y crecía la economía, también se redujo el desempleo. Luego de alcanzar el pico de 9,7% en 1982, fue por un camino de descenso hasta llegar al 5,3% en el año en que Reagan dejó de ser presidente.

Un último dato a considerar es la riqueza per cápita. Cuando Reagan asumió la presidencia en 1981, la riqueza per cápita de los estadunidenses era de USD 28.400 al año (en dólares constantes de 2009). En 1988 este índice se había elevado a los USD 35.000, un importante incremento del 23,1%.

¿Ronald Macri?

La economía que tomó Macri se enfrenta a problemas similares a la de Estado Unidos en los años ’70. Básicamente, padece la enfermedad keynesiana-intervencionista, que le impide crecer y la azota con altos niveles de inflación.

Para combatir la estanflación, el presidente designó a Federico Sturzenegger en el Banco Central y la política monetaria pasó a ser contractiva en lugar de expansiva. La tasa de interés subió, la cantidad de dinero crece menos que antes y la inflación está cayendo. Además, desreguló algunos sectores de la economía, al eliminar de un plumazo el cepo cambiario y quitar o relajar algunos controles de precios.

Otro aspecto comparable fue la reducción y eliminación de impuestos. Principalmente, la eliminación de retenciones a la exportación y la modificación del mínimo no imponible de ganancias les dieron más aire a consumidores y productores.

Sin embargo, y al igual que en Estados Unidos, el déficit terminará subiendo este año en comparación con el anterior. Para financiarse, el gobierno emitió cerca de USD 50.000 millones de nueva deuda. Macri, como Reagan, no abandonó todavía el gasto deficitario keynesiano.

Dos interrogantes fundamentales

Las similitudes entre la situación y la propuesta económica de Macri y Reagan están a la vista. Sin embargo, también hay dos diferencias que se transforman en los principales interrogantes.

La primera es el grado de desregulación. Es cierto que hoy la economía argentina es más libre que cuando gobernaba CFK, pero ¿será suficiente? No debemos olvidar que seguimos teniendo mercados laborales excesivamente rígidos y un estado empresario que solo este año nos costó a todos los argentinos $ 90.000 millones.

La segunda diferencia es el tema fiscal. Cuando Reagan acudió a la deuda para financiar su “modelo”, ésta era del 32% del PBI, mientras que el déficit era 2,5%. En nuestro caso, el espacio fiscal está considerablemente más limitado, con un déficit récord en torno al 7% del PBI y una deuda que está en los mismos niveles de 2001.

Los cambios implementados por la administración Macri están bien encaminados e imitan en alguna medida lo que hizo Ronald Reagan para salir de la estanflación. Sin embargo, las dudas en torno al grado de liberalización económica permanecen, y el nivel de déficit fiscal deja poco espacio para seguir derrochando dinero público.

En conclusión, creo que la economía acusará el giro y se recuperará con fuerza en 2017, pero es ilusorio pensar que podemos seguir manteniendo este nivel de gasto público y déficit indefinidamente.

Bien Macri si quiere imitar lo bueno de la “Reaganomics”. Mal si también copia lo malo y sigue aplicando políticas keynesianas que, por incrementar el déficit, nos han llevado de una crisis a la otra en los últimos 40 años.

John Maynard Keynes es uno de los economistas más famosos del último siglo. Nacido en el Reino Unido en 1883, Keynes estudió en la Universidad de Cambridge con dos gigantes del pensamiento económico: Alfred Marshall y Arthur Pigou.

En la década del ’30, el británico pasó a la posteridad, transformándose en una verdadera celebridad económica.

Para el autor inglés, la salida de la Gran Depresión llegaría cuando el Banco Central redujera la tasa de interés y cuando el gobierno incrementara el gasto público, de manera de hacer crecer la “demanda agregada”. Las ideas de Keynes fueron especialmente atractivas para los políticos. Es que sugerían que éstos tenían, en sus manos y  lapiceras, la receta infalible para curar la recesión.

A partir de ese momento, un mantra keynesiano rodea a la gran mayoría de los funcionarios públicos. Y, casi 100 años después, la Argentina no es ajena a esta tendencia.

Recientemente, Alfonso Prat-Gay, Ministro de Hacienda y Finanzas de la  Nación, repitió el mantra al pie de la letra. Consultado sobre las tasas de interés, afirmó que “demostrada como está la tendencia declinante de la inflación, las tasas resultan demasiado altas”.

Por otro lado, respecto del gasto público, afirmó:

“… hay otros economistas que están más apurados y quieren bajar el gasto público [pero] no hay ningún libro de economía que haya leído que recomiende bajar el gasto en medio de una recesión (…) Lo que decía Keynes es que cuando la economía está en recesión, y la demanda privada no empuja, es responsabilidad del sector público reemplazar esa demanda privada.”

El ministro se equivoca. En primer lugar, porque cuando Keynes ofrecía las propuestas que luego plasmaría en su famosa “Teoría General”, la inflación en Estados Unidos estaba entre 0% y valores fuertemente negativos. Además, el gasto público representaba el 3,4% del PBI y el presupuesto estaba equilibrado. Es decir, no había déficit fiscal que recortar.

Nuestro caso es sumamente distinto. La inflación según la Ciudad de Buenos Aires se elevó al 43,5% anual en agosto. Además, el déficit en 2015 fue superior al 6% del PBI, y según el Fondo Monetario Internacional, el gasto público supera el 40% del PBI.

Otro tema a considerar es que sí existen libros que proponen la austeridad  pública para  salir de la recesión. En su obra La Gran Depresión, Murray Newton Rothbard, explica a la gran crisis norteamericana como un proceso de ajuste del mercado a un desequilibrio previo creado por el estado.

En este marco, afirma:

“El mandato más importante de una política de estado seria durante una depresión es mantenerse al margen de la intervención en el proceso de ajuste (…)

Sí existe, sin embargo, algo que el gobierno puede hacer con un efecto positivo: puede reducir drásticamente su rol relativo en la economía, recortando su propio gasto y los impuestos (…)

En resumen, la política gubernamental adecuada para las depresiones es un estricto laissez-faire, incluyendo un riguroso recorte presupuestario.”

Lo argumentado por Rothbard no es solamente una proclama teórica. Durante la depresión de 1920-1921, esto fue precisamente lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos. En 1920, el gasto público cayó 65%, desde USD 18.400 a USD 6.400 millones. Al año siguiente, el gasto volvió a reducirse, alcanzándose el equilibrio presupuestario y luego el superávit fiscal. Después de la depresión, que redujo el PBI per cápita en un 6,3%; en 1922 este indicador ya crecía al 4,1%, mientras que avanzó 11,3% en 1923. La austeridad y el crecimiento fueron de la mano.

Otro ejemplo similar es el de Irlanda, que salió de la recesión reduciendo su gasto y achicando el déficit,  lo que le permitió mantener un sistema impositivo amigable con las empresas del mundo.

Alfonso Prat-Gay se equivoca al pensar que no reducir el gasto público, e incluso aumentarlo para fines tan necesarios como financiar las producciones artísticas de Andrea del Boca, es bueno para la economía.

La crisis actual de Argentina es producto del exceso de gasto público. Éste llevó el déficit a un nivel insostenible, la inflación a los valores más elevados del mundo, y la presión tributaria a un punto de asfixia de la actividad productiva.

Reducir el gasto es lo que permitirá achicar el déficit y, en última instancia, reducir los impuestos que pagan empresas y familias. Y sólo con menos  impuestos, mayor previsibilidad y menos regulaciones, se materializará la inversión privada que el país necesita para salir adelante.

De no ser así, todo quedará en palabras, y seguiremos transitando el largo proceso de decadencia que hace que hoy tengamos un inadmisible nivel de atraso y pobreza.

Publicado originalmente en Inversor Global.