A fines de diciembre de 2021, una mayoría de gobernadores y el presidente de Argentina se reunieron en la Casa Rosada para firmar un nuevo “consenso fiscal”.

El pomposo nombre de “consenso fiscal”, esta vez, es solamente un título para encubrir que el gobierno quiere subir los impuestos.

En el caso de Ingresos Brutos, por ejemplo, sobre un total de 17 actividades productivas, en 15 se firmó por aumentar la tasa máxima respecto del consenso fiscal firmado en 2017, que buscó una reducción gradual de las alícuotas de ese gravamen. En las restantes 2, se mantuvo la alícuota máxima.

Otra de las perlitas del “Consenso” es el acuerdo concreto para imponer, a partir del año que viene un nuevo impuesto a la transferencia gratuita de bienes. Principalmente, un impuesto sobre la herencia.

Desde el gobierno argumentan que el impuesto a la herencia es positivo, en primer lugar, porque ayudará a equilibrar las cuentas públicas y, por otro lado, porque se trata de un impuesto que genera “equidad” entre los ricos y los pobres.

¿Es así? Lo analizamos a continuación.

El nuevo consenso

En primer lugar,  veamos qué dice el nuevo consenso fiscal al respecto del impuesto a la herencia:

En la cláusula séptima del acuerdo se enuncia que las provincias: “procurarán legislar un impuesto a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza”.

Entre esas transferencias, explican, está la herencia, los legados, las donaciones, y cualquier transmisión que implique un aumento patrimonial a título gratuito.

La letra de la ley es clara, en 2022 todas las provincias podrán crear un impuesto a la herencia para recaudar más plata de los contribuyentes. (Salvo la Ciudad de Buenos Aires, ya que Horacio Rodríguez Larreta eligió no firmar. Bien por él y los porteños.)

Problema de gasto

En el gobierno quieren que este nuevo impuesto ayude a equilibrar las cuentas públicas. El deseo es legítimo, en un país que va de crisis en crisis por tener un gran déficit fiscal. Sin embargo, es preciso notar que el problema no es de falta de recaudación.

En el año 2002, según cifras recopiladas por el FMI, el gobierno recaudaba un 19% del PBI en impuestos. Sin embargo, en 2015 este monto subió a 35 puntos, o sea que casi se duplica la recaudación tributaria en 13 años. Para el 2020 se estimaba que la recaudación estaba en 33 puntos del PBI, un número históricamente alto.

Otro dato, en el año 2003 se recaudaron USD 749,4 millones por derechos de exportación. En 2012 ese monto se había multiplicado por 18, ascendiendo a USD 13.400 millones. En total, en todo el período 2003-2020 se recolectaron USD 130.000 millones, casi 3 veces lo que le pedimos al FMI. ¿Por qué siguen diciendo que el problema es de recaudación y no de gasto?

Equidad

La Secretaria de Provincias de Argentina, la economista Silvina Batakis, dice que el impuesto a la herencia “verdaderamente genera equidad”. La idea detrás de esto es que quien recibe una herencia “liga de arriba” algo por lo cual no trabajó, lo que genera una desventaja respecto de otros que no van a recibir nada cuando sus progenitores ya no estén.

Gravar la herencia generaría, entonces, fondos para que el gobierno redistribuya, poniendo un tope a lo que los herederos pueden recibir pero -se supone- sin afectar los incentivos a la producción.

El famoso liberal del siglo XIX, John Stuart Mill, de hecho, defendió esta idea:

Las desigualdades en la propiedad originadas por desigualdades en la actividad, la frugalidad, la perseverancia, los talentos, y hasta cierto punto incluso la suerte, son inseparables del principio de la propiedad privada, y si aceptamos el principio hemos de aceptar también sus consecuencias; pero no veo nada censurable en fijar un limite a lo que una persona puede adquirir por la benevolencia de los demás, sin haber realizado ningún esfuerzo para obtenerlo, y en exigir que si desea mayores bienes de fortuna trabaje para conseguirlos.

Para Mill, entonces, no había motivo para atacar las desigualdades generadas en la producción, el ahorro o la suerte, pero sí las que se generaban en la herencia o la trasferencia gratuita de bienes, específicamente lo que la nueva disposición busca gravar.

Ahora bien, si de respetar el principio de la propiedad privada se trata: ¿no es un ataque a la propiedad privada ponerle un impuesto a lo que cada persona desea voluntariamente dejar en herencia o regalar a otros? Siguiendo la lógica de ponerle un límite a lo que las personas pueden adquirir por la benevolencia de otros, ¿habría que poner un límite a los regalos de navidad o de cumpleaños, también?

Para el gobierno, la respuesta es claramente SÍ.

Costos

El problema es que estos impuestos generan costos. En un análisis de Chris Edwards, director de estudios en política tributaria del Instituto Cato de los Estados Unidos, el impuesto a la herencia (que en Estados Unidos llegó a ser del 46% con un mínimo no imponible de USD 2 millones, pero que ahora es del 40% y el mínimo no imponible subió a USD 11 millones después de la reforma de Trump), genera:

—> Desincentivo al ahorro, a la inversión y a la actividad comercial.

—> En ocasiones, la necesidad de pagar el impuesto hace que los herederos deban vender activos del negocio familiar. Esto es así porque las personas no tienen el patrimonio líquido para pagar el impuesto, sino que está invertido en maquinaria, edificios o vehículos.

—> Cuando esto pasa, el impuesto a la herencia daña la producción del sector privado para financiar aumentos de consumo del sector público.

—> Con el impuesto a la herencia cae el incentivo a ahorrar para las generaciones futuras y aparece un incentivo a consumir. Se fomenta entonces una ética de “morir quebrado”. Así, el impuesto a la herencia “penaliza a los que ahorran e invierten para acumular más riqueza mientras que premia el despilfarro de capital mediante el consumo público y privado”

Imagínense ustedes que, si estas son preocupaciones de un país como Estados Unidos, plenamente desarrollado y con una enorme acumulación de capital ya hecha, qué le queda a Argentina, que viene desacumulando capital hace décadas y que necesita de esta acumulación desesperadamente para volver a crecer.

Tal vez lo último que deba mencionarse es que en términos agregados, el aporte a la recaudación que este impuesto puede hacer es muy bajo. En la provincia de Buenos Aires, donde está vigente desde el año 2011 (porque en el 2010 se murió Néstor Kirchner y no lo quisieron implementar), el impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes representa solo el 0,2% del total de la recaudación. O sea que se genera un perjuicio para el que tiene que pagarlo, pero por un beneficio mínimo para el fisco.

Conclusión

Pasando en limpio. El gobierno argentino, que casi duplicó la recaudación tributaria en términos del PBI en los últimos 20 años, pero que igual nos metió a todos en una enorme crisis fiscal, quiere resolver el problema creando nuevo impuestos, como el impuesto a la herencia.

Aquí demostramos que el problema no es de recaudación tributaria, sino de exceso de gasto. Además, decimos que si bien el impuesto puede perseguir un ideal de nivelación de desigualdades como quería John Stuart Mill, esto sigue siendo un ataque a la propiedad privada, que Mill defendía. Además, y tal vez lo más importante, es que genera costos en términos de menor ahorro, menos inversión y menos acumulación de capital para la economía.

Y en un país que necesita desesperadamente más ahorro e inversión, esta no es para nada una buena idea.

Argentina nuevamente está entre la espada y la pared por sus problemas fiscales.

Con un gran desequilibrio de las cuentas públicas, el gobierno de Macri necesita de cientos de miles de dólares de endeudamiento para poder seguir funcionando, pero a diferencia de lo que pasaba meses atrás, esos dólares hoy ya no están disponibles.

Las condiciones financieras internacionales cambiaron, y hoy el dólar se convirtió en un bien más escaso, lo que hizo que su precio subiera violentamente. Las consecuencias de este “shock” todavía están por verse, pero seguramente implicarán recesión, mayor inflación y, lamentablemente, un mayor nivel de pobreza.

Ahora bien, a la hora de darle una solución al agujero fiscal, algunos proponen bajar el gasto público, otros proponen subir más los impuestos, y hay otros que opinan que deben combinarse ambas fórmulas.

De acuerdo con los “impuestadores”, el esfuerzo debe ser compartido por todos, y algunos sectores deberían aceptar de buena manera que les suban los impuestos (o que no se los bajen, como estaba previsto).

Este grupo olvida que la carga tributaria que tolera el sector privado en Argentina está entre las más altas del mundo y que ese esfuerzo del que hablan lo vienen haciendo hace años, financiando un estado que cada vez se come una mayor porción de la riqueza nacional.

Por último, también ignoran una lección de la historia: que para ajustar las cuentas públicas, es mucho más eficiente reducir el gasto público que subir los impuestos.

Estímulo vs. Ajuste

En el año 2009, un momento en que el gobierno de los Estados Unidos lanzaba el más masivo estímulo fiscal de la historia reciente, los profesores de Harvard Alberto F. Alesina y Silvia Ardagna se propusieron investigar qué impacto tenía la política fiscal en la economía.

Más precisamente, querían entender el efecto de los “estímulos fiscales” y los “ajustes fiscales” (definidos éstos como un año en donde el resultado primario ajustado por el ciclo económico empeora/mejora en un 1,5% del PBI o más) sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas y el crecimiento económico.

Lo que estos académicos deseaban encontrar era la respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué es mejor para promover el crecimiento, un estímulo fiscal basado en el aumento del gasto o uno basado en el recorte de impuestos? ¿Qué es mejor  para reducir el déficit y la deuda, una baja del gasto público o un aumento de los impuestos? Y, por último: ¿resienten la actividad económica los ajustes fiscales basados en una baja del gasto?

Para responder dichas preguntas, indagaron en los datos de 21 países de la OCDE (entre ellos, Estados Unidos, Holanda, Nueva Zelanda, Alemania, Francia y Finlandia) para un período de 37 años, desde 1970 al año 2007.

Sus conclusiones son más que interesantes y de importancia crucial para nuestra coyuntura local.

Según Alesina y Ardagna:

Nuestros resultados sugieren que los recortes tributarios son más expansivos que los aumentos del gasto en los casos de estímulo fiscal. Para los ajustes fiscales, mostramos que los recortes de gastos son mucho más efectivos que los aumentos de impuestos para estabilizar la deuda y evitar las recesiones económicas. De hecho, descubrimos varios episodios en los que la reducción del gasto público adoptada para bajar el déficit se vio asociada a períodos de crecimiento económico, no recesiones.

En números concretos, el trabajo encontró que en los “estímulos fiscales expansivos” –es decir, aquellos que resultaron en un mayor crecimiento de la actividad económica- el gasto total subió aproximadamente 1 punto del PBI, mientras que la recaudación cayó más de 2,5% del PBI.

Por el contrario, cuando el gasto subía cerca de 3% del PBI pero la recaudación permanecía constante, no había un efecto expansivo.

Crecer con Ajuste

Al analizar procesos de ajuste del déficit, los autores se centraron en dos puntos. Por un lado, si dicho ajuste fue exitoso en términos de reducir de manera sustentable el desequilibrio de las cuentas públicas y el nivel de deuda. Por el otro, si dicho ajuste se vio asociado a episodios de recesión.

En este último tema, los resultados son nuevamente sorprendentes. Los episodios de ajuste considerados expansivos en términos de actividad económica fueron aquellos caracterizados por el recorte del gasto público. Concretamente, en dichos episodios el gasto primario cayó en 2% del PBI, mientras que la recaudación solo subió 0,34%. Por el otro lado, en los ajustes fiscales considerados no expansivos el gasto cayó solo 0,7% del PBI, pero la recaudación subió 1,2%.

A la luz de estos datos, Alesina y Ardagna sostienen:

De aquí que los ajustes que se hacen por el lado del gasto tengan efectos mejores sobre el crecimiento que los que se hacen con base en el aumento de la recaudación

Los autores continúan indagando en qué tipo de ajuste fiscal es más exitoso en términos de reducir el déficit y la deuda. Aquí, nuevamente, concluyen que el recorte del gasto es la forma más segura de resolver un desequilibrio presupuestario.

Tras décadas de crisis fiscales, en Argentina todavía debatimos si tenemos que tener déficit o no. Peor aún, también debatimos si el déficit no debería cerrarse cobrando más impuestos.

Esperemos que los datos de estos 21 países analizados por los profesores de Harvard nos ayuden a pensar mejor las cosas.

 Recuerdo cuando era chico y jugaba al fútbol. Solía atajar en el equipo de mi colegio y siempre me fisuraba o lastimaba algún dedo de la mano, o incluso toda la muñeca. Cuestión que cada dos por tres tenía que ir al hospital.

Arribado al nosocomio, los médicos procedían a sacarme las radiografías, para luego ponerme un yeso, de manera que por 20 o 30 días mi mano no pudiera moverse.

Ahora bien, imaginemos qué tipo de remedio hubiera sido simplemente amputarme el brazo. Seguramente habría sido un gran problema al inicio, pero luego nunca jamás me volvería a lastimar los dedos.

El razonamiento no parece ser de los mejores, ¿verdad?

Claro que no, pero algo similar parece pasar por la cabeza de muchos analistas y políticos argentinos, que para resolver un nuevo desequilibrio fiscal, proponen subir impuestos.

Ahora como recordaba el célebre economista Murray Rothbard, solucionar el déficit fiscal aumentando los impuestos es como querer curar a un paciente matándolo.

Crisis fiscal, devaluación y FMI

Hace alrededor de dos meses que Argentina atraviesa una importante crisis cambiaria. El dólar pasó de   $17 en diciembre del año pasado, a casi  $30 a principios de este mes…

La abrupta devaluación se debió principalmente a un giro en la dirección de los capitales internacionales, que decidieron vender sus posiciones en activos “peligrosos” para irse a refugiar en activos más seguros.

Ahora bien, ¿por qué es que los bonos y acciones argentinos son riesgosos? Principalmente, por su elevado déficit fiscal, alta inflación, y su historial crediticio.

El déficit fiscal en Argentina está alrededor del 6% del PBI. La inflación cerrará el año en 30% y los gobiernos nacionales se han hecho fama de incumplir las deudas en el pasado.

Con ese currículum y esa hoja de balance, es muy comprensible que los inversores le tengan tanto miedo.

Ahora bien, para contrarrestar estas tendencias, el gobierno de Mauricio Macri acudió al Fondo Monetario Internacional, quien a cambio de dar una línea de financiamiento de USD 50.000 millones, exigió un ajuste de las cuentas públicas.

Que la crisis la pague la soja

Antes de llegada la turbulencia, mucho antes, el gobierno había decidido eliminar las retenciones a la exportación. Las retenciones son impuestos que se cobraban directamente sobre los montos exportados y, en algunos productos, como la soja, llegaban a ser del 35% del total.

Ahora bien, a este último producto, las retenciones no se le sacaron de una vez, sino que se armó un esquema gradual de baja y posterior eliminación, que llevaría a 0% el arancel recién en diciembre de 2022.

Precisamente este tema es el que se comenzó a debatir acaloradamente en distintos medios estos últimos días. Es que algunos analistas, incluso quienes son más cercanos al gobierno comenzaron a plantear la idea de frenar la baja de retenciones, con el fin de no resignar recaudación en momentos en que se necesitan cuadrar los números fiscales.

Lo más significativo es que incluso el Fondo Monetario Internacional consideró que ésta podía ser una buena medida, así como la de demorar la entrada en vigencia de la “Reforma Tributaria”, que también implicaba una baja de los impuestos al trabajo, pagado por los empleadores de cierto tipo de mano de obra.

El problema es el gasto

¿Servirán estas propuestas? La respuesta es negativa. Es que Argentina no tiene un problema de falta de recaudación, sino uno de exceso de gasto.

Para ponerlo en números, el gobierno anterior recaudó aproximadamente USD $104.000 millones gracias las retenciones a las exportaciones entre 2003 y 2015. Sin embargo, pasó de tener un superávit fiscal de 3,5% del PBI a tener un déficit de 6%.

Lo que pasó fue que, en el mismo momento en que recaudaba fortunas por los impuestos a las ventas externas, también multiplicaba el gasto público como si no fuera a haber mañana.

En 2003 el gasto público fue de USD $32.000 millones. En 2015 de USD $264.000 millones. Es decir, el kirchnerismo multiplicó por 7 el gasto en dólares. Así no hay impuestos que alcancen.

Ahora bien, hay otra dimensión del problema. De acuerdo con los cálculos del FMI, frenar la baja de retenciones a la soja implicaría un “ahorro fiscal” de 0,1% del PBI. Si se demora la reforma tributaria, que baja otros impuestos, el ahorro llega a 0,4% del PBI en total.

Y, claro, si un gobierno promete bajar impuestos que luego no baja, es obvio que va a recaudar más que en el escenario hipotético anterior. Sin embargo, ¿cuál es el costo de tomar dicha decisión?

Me animo a decir que infinitamente mayor.

Es que el compromiso por reducir impuestos genera un ambiente institucional mucho más amigable con la propiedad privada. Después de todo, tener impuestos bajos implica que los generadores de riqueza pueden disfrutar más de sus frutos que en los países donde los impuestos son más altos.

Por este motivo, frenar la baja de impuestos puede generar un beneficio para el gobierno a corto plazo, pero un gran perjuicio para la economía del país en el largo.

Romper los contratos no es gratis, y menos aún cuando implican un menor respeto de los derechos de propiedad.

El gobierno argentino tiene un largo camino por delante a la hora de cerrar un presupuesto que cumpla las normativas del FMI.

Esperemos que no ceda a las presiones y que los ajustes vengan por el lado del gasto, en lugar de seguir penalizando con impuestos a los empresarios y trabajadores que producen en el país.

Entrada originalmente publicada en PanAm Post.

No tenía más de 20 años cuando decidí emprender mi primer “negocio virtual”. En ese momento estaba realizando una pasantía en un centro de computación que quedaba en el barrio de Once. Eso hacía que pasara siempre por comercios de venta al por mayor de juguetes, textiles, electrónicos, etc.

Se me ocurrió, entonces, que ahí podía haber una oportunidad. En una de las vidrieras había unas pequeñas carteras con un estampado estilo “Burberry’s”. Pensé que podía ser buena idea comprar algunas al por mayor (recuerdo que costaban $ 11 cada una) y luego revenderlas al por menor a través de un portal de internet, llamado “MercadoLibre.com”.

Así fue. Compré una buena cantidad de carteras, les saqué algunas fotos y las subí a la página.

No me fue mal. De ganancias obtenía menos que el Salario Mínimo Vital y Móvil, pero no me quedó ninguna cartera sin vender. Fue una buena experiencia que me permitió conocer esta maravilla llamada “e-commerce”.

Pagar pocos impuestos

Hoy MercadoLibre.com (MELI, por su símbolo de cotización en la bolsa) está en el ojo de la tormenta. En Argentina, la AFIP sostiene que la empresa le debe unos $AR 500 millones por beneficios impositivos mal adjudicados.

El caso es el siguiente: existe una ley, la 25.922, que se sancionó para promocionar la industria del software. La promoción consiste en brindar a las empresas “estabilidad fiscal”, que se logra con el compromiso de no subir la carga tributaria por 10 años.

Eso no es todo. El sistema también ofrece a las empresas utilizar hasta el 70% de las contribuciones patronales como “crédito fiscal” para cancelar deudas por IVA u otros impuestos nacionales, salvo Ganancias. Por último, les da una desgravación del 60% en el monto total del Impuesto a las Ganancias determinado en cada ejercicio.

Nada mal.

Desde el año 2007 que MELI forma parte de este Régimen de Promoción. Según la compañía, esto fue aprobado por el Ministerio de Producción tras sucesivas auditorías. Según la AFIP, sin embargo, MercadoLibre no debería acogerse a dicho esquema y, por tanto, debería pagar los impuestos como cualquier “hijo de vecino”.

De ahí surge el reclamo.

Comentando al respecto del caso, una reconocida periodista concluyó:

 “Lo que pasa es que nuestro empresariado quiere pagar pocos impuestos”.

Curioso comentario. Es que, ¿cuál sería la novedad? ¿Acaso los japoneses gustan de pagar muchos? ¿Acaso la periodista misma desea pagar más?

Los impuestos, por algo, se llaman “impuestos”. Porque nadie quiere pagarlos. De otra forma, se llamarían “aportes voluntarios”.

Más crecimiento

Ahora bien, al margen de la situación de MELI contra la AFIP  (donde habrá que dirimir si efectivamente está bien que la empresa sea considerada parte de la industria del software y,  por el otro, si se debe cobrar impuestos de manera retroactiva) es interesante el debate sobre los “muchos” o “pocos” impuestos que se pagan.

Después de todo, es claro que los empresarios, así como todos los demás, no quieren pagarlos. Ahora bien, si efectivamente consiguieran no hacerlo, y nadie los penalizara por ello: ¿qué ocurriría?

¿Sería un problema para la economía en su conjunto o, por el contrario, sería una bendición?

El economista norteamericano Robert Murphy analizó una serie de estudios teóricos y empíricos que relacionan la austeridad fiscal, las tasas impositivas y el crecimiento económico.

Uno de ellos es el de Lee y Gordon, de 2005, donde se encontró que una reducción de diez puntos en los impuestos corporativos elevaba el crecimiento económico de 1 a 2 puntos porcentuales por año.

Ahora bien, lo que planteamos nosotros no es que la empresa vea reducida en 10 puntos la tasa de impuestos corporativos, sino que directamente no los pague. Es decir, que la alícuota efectiva caiga a 0%.

Considerando el caso argentino, entonces, tendríamos una tasa de impuesto a las ganancias que pasaría de 35% a 0%, generando un aumento en el crecimiento anual de 1,5 puntos porcentuales (la mitad entre 1 y 2), multiplicado por 3,5 (1,5 puntos por cada 10 de reducción). Eso resultaría en un crecimiento anual adicional de 5,25 puntos porcentuales.

Es decir, si las empresas de Argentina tributaran 0% de Impuesto a las Ganancias, el crecimiento proyectado de los próximos años no sería del 3% anual, sino del 8,25%. Esto generaría un suculento aumento de la riqueza per cápita, que se duplicaría en nada menos que 12 años.

Mayores salarios

Otra consecuencia positiva que tendría el impago total de los impuestos por parte de las empresas es un mayor salario.

En nuestro país, los impuestos al trabajo son los más altos del mundo. Por cada $ 100 de salario de bolsillo que tiene el trabajador, el empleador debe pagar $ 167 en el peor de los casos.

¿Qué pasaría si estos impuestos no debieran pagarse o fueran 0%? La microeconomía indica que una parte se la quedará el empleador y otra parte se la quedará el empleado. Las ganancias de la empresa crecerán y también el salario del empleado.

Ahora bien, si la oferta de trabajo es totalmente inelástica –algo que podemos suponer si el trabajador necesita el empleo al margen de cuánto se le pague- entonces todo el beneficio se lo llevará el trabajador en la forma de un aumento de 67% en su salario de bolsillo.

Es que, al margen de lo que diga la ley –y solo en este hipotético caso- era el empleado quien estaba pagando todo el impuesto. Su eliminación implicaría un salto en su remuneración y una mejora sustancial de poder de compra.

Volviendo al inicio, es evidente que los empresarios, así como todos los demás, quieren pagar pocos impuestos.

Lo que tal vez no es tan evidente es que si efectivamente eso ocurriera, los beneficios económicos serían extraordinarios.

Publicado originalmente en Contraeconomia.com

“Si bien los déficits son siempre inflacionarios y perniciosos, resolverlos subiendo los impuestos es equivalente a curar una enfermedad disparándole al paciente”

Murray N. Rothbard

La semana pasada fui invitado a un debate televisivo. La idea era conversar acerca de las últimas reformas anunciadas por el gobierno y qué impacto podrían tener sobre la economía.

Una de mis contertulias era una legisladora del partido kirchnerista “Unidad Porteña”, quien mencionaba su profunda preocupación por el aumento del endeudamiento del gobierno nacional.

El primer dato curioso es que el kirchnerismo se preocupe por la deuda cuando llevó las cuentas públicas al colapso. Debemos recordar que la deuda es hija del déficit fiscal y que, como en una familia, si no se gasta más de lo que se ingresa, no hay necesidad de endeudarse.

Criticar el endeudamiento pero aplaudir el gasto público desmedido constituye, entonces, una flagrante contradicción.

Con esto en mente, decidí preguntar a la legisladora cuál era su propuesta para resolver el asunto.

Luego de ir y venir, enunciar varios eslóganes e insistir en el diagnóstico pero evadir repetidamente la solución, esbozó algo concreto:

“Hay déficit fiscal porque no se le ponen retenciones a las exportaciones de soja ni impuestos a los grandes grupos concentrados de poder”

Un nuevo dato curioso: si bien la soja pagaba un impuesto de 35% a la exportación, no es cierto que ahora no lo pague. Sigue tributando un 30%.

Impuestos “a los ricos”

Yendo a la propuesta concreta, la solución parece sencilla. Si hay un agujero fiscal que exige que nos endeudemos, pero no nos gusta la deuda, entonces la respuesta es que debemos cobrar más impuestos.

Pero atención: no a todos.

Siempre que un político proponga subir impuestos para equilibrar el déficit, sostendrá que éstos se cobrarán “a los ricos”, a los “grupos concentrados”, las “grandes corporaciones”, o a las “malvadas empresas mineras” que contaminan el medio ambiente… Nunca a ningún dirigente se le ocurrirá decir que los excesos de su gasto los pagará toda la población con mayor presión fiscal.

Sin embargo, eso es lo que termina ocurriendo.

Es que mirando los números, queda claro que no hay mucho más que se le pueda sacar al sector privado para pagar el despilfarro público.

Por ejemplo, si el gobierno no solo restituyese ese 5% de impuestos que le redujo a las exportaciones de soja, sino que restableciera todas las llamadas “retenciones a la exportación” vigentes en Argentina previas a diciembre de 2015, sucedería lo siguiente:

—-> La soja, en lugar de tributar 30% pagaría retenciones de 35%, y el fisco obtendría USD 865 millones adicionales, o $AR 15.200 millones.

—-> Si a la minería se le volviera a cobrar el 10% de retenciones que debía tributar antes de la reducción, entonces el gobierno podría recaudar USD 204 millones (o $AR 3.600 millones).

—-> En el caso del trigo y el maíz, si se repusieran las retenciones de 23% y 20% que estaban obligados a pagar antes de Macri, deberían entregar USD 1.350 millones, o $AR 23.800.

—-> Por último, se obtendrían otros USD 276 millones, o casi $AR 5.000 millones, por el 5% que se le cobraba a las exportaciones industriales.

Sumando todos estos conceptos, llegaríamos a un monto total de recaudación adicional de $AR 47.400 millones (USD 2.700 millones).

Este monto puede parecer sideral, y a más de un político se le debe hacer agua la boca de solo imaginarlo. Sin embargo, es nada cuando se lo compara contra el déficit fiscal proyectado para el año 2017.

De acuerdo al presupuesto, el déficit fiscal será de 6,2% del PBI, lo que totaliza unos $AR 637.400 millones (USD 36.200). O sea, reinstalando todas las retenciones a la exportación, a lo sumo estaríamos recaudando el 7,4% del déficit total estimado para este año.

Es decir, la nada misma.

Más impuestos, menos crecimiento

Esto no es todo. Es que los números anteriores han sido calculados en base al valor en dólares de lo exportado en el año 2016, suponiendo que éstos no se modifican este año.

Pero si efectivamente se reinstalaran los impuestos a la exportación: ¿qué nos hace pensar que ese valor se mantendría? Por el contrario, lo más razonable es suponer que a una mayor carga tributaria, menores serán las exportaciones.

Así como el gobierno nos cobra impuestos sobre el alcohol y los cigarrillos para desincentivar su consumo y producción, el mismo efecto ocurre cuando se gravan las exportaciones. Estas no suben ni se mantienen, sino que caen.

Es decir que el gobierno puede subir la alícuota de los impuestos, cobrar impuestos nuevos o reinstalar los previamente existentes, pero nada de eso garantiza que recaudará más.

De hecho, como prescribe la famosa “Curva de Laffer”, al caer la producción podría terminar recadando menos. El 5% de USD 1 millón son USD 50.000, pero el 100% de 0 es inevitablemente 0.

Así, siguiendo las recetas populistas, terminaríamos en el peor de todos los mundos posibles. El gobierno mantiene el déficit, la presión tributaria legal es mayor, las empresas producen menos, y la gente vive peor.

Un nuevo éxito de las políticas demagogas.

Publicado originalmente en PanAm Post.

Con muchas ansias esperábamos el martes el anuncio de un importante cambio impositivo que estimulara la inversión y el crecimiento económico.

Estábamos como los chicos la mañana del 24 de diciembre,  sabiendo que a la noche llega Papá Noel… La diferencia era que los trascendidos nos hacían pensar que cualquier cosa podía pasar durante el anuncio.

¿Bajarán los impuestos? ¿Los terminarán subiendo? Eran algunas de las preguntas que nos hacíamos.

Finalmente, el misterio se develó.

Por lo general, cuando uno piensa en una reforma tributaria se imagina que los impuestos van a bajar, de manera que individuos y empresas tengan más espacio para crecer y desarrollarse.

Además, siguiendo las palabras del presidente Macri del lunes, se esperaba que se “desarmara la escalada de impuestos” de los últimos años, que hubiera “menos impuestos” y que fuéramos a un “sistema más simple, más claro, más equitativo, y que beneficie la inversión productiva y la creación de empleo”.

¿Se cumplió el objetivo?

Reagan, Irlanda y el G-20

Cuando un presidente sostiene que quiere un sistema impositivo más simple y más barato de pagar, uno piensa en Ronald Reagan y su “economía del lado de la oferta”. Durante su presidencia, en Estados Unidos la presión fiscal (medida como porcentaje del PBI) cayó de 19,1% a 17,8%, un descenso de 1,3% en 8 años.

Esta baja se consiguió con una fuerte reducción de la tasa marginal del impuesto a las ganancias de las personas físicas (de 70% a 28%) y un contundente recorte a los impuestos cobrados sobre las empresas. El tributo a las ganancias corporativas pasó de 48% a 34%.

Sin embargo, los recortes impositivos que estimulaban la inversión y la disposición a trabajar fueron parcialmente compensados con algunas subas de impuestos a las ventas, la seguridad social y la eliminación de exenciones.

En la década de los ’80 también fue importante la modificación impositiva de Irlanda. En dicho país, el impuesto a las ganancias corporativas se redujo de 50% a 12,5% en 16 años,  pasando de 35% a 12,5% en solo 6.

La tendencia de reducir impuestos a las ganancias corporativas es una constante dentro del G-20. Entre esos países, 16 redujeron ganancias corporativas entre 2003 y 2012.

Los únicos que no lo hicieron fueron Brasil, Australia y Argentina. Eso dejó a nuestro país como el tercer peor del G-20, desestimulando la inversión y la radicación de compañías que generen riqueza.

Puntos a favor

En este sentido, debe destacarse la decisión del gobierno de presentar, como parte central de su proyecto, la reducción del 35% al 25% en el impuesto a las ganancias corporativas.

Como título, esta decisión es correcta y está en línea con la tendencia mundial para ganar “competitividad fiscal”. Sin embargo, hay que mencionar que dicha reducción aplicará solo a empresas que no distribuyan dividendos, y que se hará en una forma gradual, teniendo efecto pleno a partir de 2021.

Otra modificación importante es la devolución anticipada de saldos a favor en IVA para las empresas. Esto reduce el costo financiero de los proyectos, quitándole trabas a la inversión. A este cambio también se suma que el impuesto al cheque, si bien no se elimina, podrá tomarse como pago a cuenta del tributo a las ganancias.

Por último, también deben destacarse la menor carga fiscal que tolerarán los trabajadores autónomos, la reducción a 0% de los impuestos internos a celulares, otros productos electrónicos y autos y motos de gama media.

Sistema complejo, caro y paternalista

Ahora bien, lejos está la reforma tributaria de ser ideal. De hecho, incluso parece estar lejos de lo que pretendía el presidente Macri.

Es que, al mirarla detenidamente, no se elimina ningún impuesto. La desaparición del Impuesto a las Transferencias Inmuebles se ve compensada con la extensión de ganancias a la venta de una segunda vivienda y el fin de las exenciones a las ganancias derivadas de operaciones financieras.

Por otro lado, no se reduce la presión fiscal. Si bien el Ministro Dujovne planteó que la reforma tendría un costo de 1,5% del PBI, también sostuvo que –dado que la economía crecerá y bajará la evasión- éste se reducirá a un marginal 0,3% del PBI. Es decir que pasamos del punto D al punto C de la curva de Laffer (gráfico abajo), lo que indica que los impuestos no han bajado lo suficiente.

Es que la clave para crecer es que el sector privado florezca a costa del sector público. Si la baja de impuestos es “neutra” en términos de recaudación, eso implica que los impuestos no bajaron lo suficiente. Éstos tienen que reducirse en términos del PBI, y para que el agujero fiscal no crezca hay que bajar el gasto público. Sino, es más de lo mismo.

Un punto adicional es que la reforma no resuelve el laberinto fiscal que es nuestro sistema tributario. Sigue habiendo exenciones, mínimos no imponibles y distintas tasas según la actividad que uno realice. Eso no contribuye a un sistema “simple y claro”.

Por último, se trata de una reforma con un fuerte componente de paternalismo. Los impuestos internos a la cerveza, el vino, el whisky y las bebidas con azúcar suben entre 9 y 17 puntos  porcentuales.

Dujovne sostiene que esta modificación está en línea con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Éstas son curiosamente convenientes en medio de la crisis fiscal, pero además implican un mayor grado de control estatal sobre la vida privada. Debemos rechazar estos avances.

El proyecto de reforma se enviará al congreso en dos semanas. Por ahora, deja un sabor agridulce. Hay buenas iniciativas, pero en términos generales, no muestra grandes cambios en términos de sencillez, incentivos y competitividad fiscal.

Publicado originalmente en contraeconomia.com

Es una linda tarde en el cielo. En una esquina Juan Bautista Alberdi espera a su amigo y mentor, Adam Smith. El viejo Adam lleva bien sus 294 años, pero camina lento y se lo ve muy canoso. Juan luce jovial, aunque tampoco oculta sus 207 de edad.

Se saludan con un gran abrazo y comienzan a caminar. Al dar vuelta por uno de los pasajes escondidos de la ciudad, ven a dos viejos conocidos, Carlos Marx y Arturo Jauretche, quienes comienzan a cuchichear entre sí.

“Seguro hablan mal de nosotros”, piensa Adam. Los ignoran y siguen su rumbo. Conversan sobre el progreso y el devenir de la humanidad. Smith afirma:

Poco más se necesita, para llevar a una nación desde la peor de las barbaries hasta su máximo grado de opulencia que paz, bajos impuestos, y una tolerable administración de justicia.

“¡Claro que sí, querido Adam!, yo siempre digo lo mismo”, respondió Alberdi, quien prosiguió:

La riqueza es obra del hombre, impuesta por el instinto de su conservación y mejora, y obtenida por las facultades de que se halla dotado para llenar su destino en el mundo.

En este sentido, ¿qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro; que no le haga sombra. Asegurar una entera libertad al uso de sus facultades productivas.

Siguiendo a estas dos mentes maestras de la economía y el liberalismo, parece una buena idea de política económica la de bajar impuestos para que la actividad privada florezca. Una menor carga tributaria equivale a un menor costo de producción y mayor rentabilidad. Finalmente, eso redunda en más incentivos para invertir, trabajar y crear riqueza.

En Argentina, el presidente Macri parece estar convencido de ello. Al menos en la retórica. Tal vez esto se deba a que nos encontramos en plena campaña electoral, pero pocas semanas atrás dijo que “los impuestos nos están matando a los argentinos”, luego de lo cual propuso “bajar los impuestos en general”.

Como  suele decirse, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Sin embargo, algunos impuestos sí se bajaron en el país y ya se están viendo los resultados positivos.

Menos retenciones, más actividad

Uno de los sectores que estaban más castigados con el kirchnerismo era el agrícola. A través de las retenciones a la exportación de los principales cultivos del país, se le confiscaba al agro parte de su riqueza. Por si esto fuera  poco, también estaba vigente el cepo cambiario, que funcionaba como un impuesto adicional a las ventas externas.

Si el productor vendía mercadería por USD 100, en lugar de recibir $ 1500 (la cotización en el mercado libre del dólar), el Banco Central solo le entregaba $ 900.

El gobierno de Cambiemos eliminó el cepo y las retenciones.  Después de ello, la producción agrícola reaccionó favorablemente.

En los primeros 5 meses del año, el sector “Agricultura, Ganadería, caza y silvicultura” creció 3,9% anual, ubicándose en el cuarto puesto de los sectores que más crecen el país.

Las cosechas de maíz y trigo, por su parte, están marcando récords históricos. De acuerdo con estimaciones oficiales, el maíz tendrá una cosecha de 46,5 millones de toneladas, siete millones más que la campaña pasada. Por el otro lado, en trigo se esperan 18,4 millones de toneladas, 62% más que en la campaña de 2015/2016.

Por si esto fuera poco, El Cronista reportó ayer que las ventas de trigo se duplicaron y las de maíz crecieron 23% interanual:

En trigo, las ventas de los productores a la exportación subieron 101% interanual, al totalizar poco más de 11,5 millones de toneladas al miércoles 2 último, contra algo más de 5,7 millones de toneladas que se habían comercializado a igual fecha del año anterior.

En cuanto al maíz, la exportación registró compras al 2 de agosto por 17,6 millones de toneladas, 23% superior a la de un año atrás cuando se habían reportado operaciones por algo más de 14,3 millones de toneladas del cereal.

Menos impuestos, precios más bajos

Otra reducción impositiva acometida por el gobierno de Macri fue la de los aranceles a las notebooks importadas. En una decisión con pocos  precedentes, el gobierno decidió eliminar el arancel del 35% que pesaba sobre la importación de notebooks, tablets y computadoras.

La medida, que entró en vigencia en febrero de este año, había comenzado a estudiarse a mediados de 2016, cuando los precios empezaron a reaccionar a la baja. De acuerdo con la consultora Gfk, “si se toma como punto de partida agosto de 2016, justo antes de que se conocieran las intenciones del Gobierno de introducir cambios en el arancel, las notebooks se abarataron entre 24% y 29% en términos nominales”. A eso, claro, hay que restarle la inflación.

Un dato oficial que sirve para medir la magnitud de la caída en los precios de las notebooks la ofrece el rubro “Equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de la información” que forma parte del IPC-GBA que divulga el INDEC.

Lo que se desprende del gráfico es que la inflación acumulada entre abril de 2016 y junio de este año fue de 30,9%. Sin embargo, los precios del rubro donde están las notebooks (que son equipos de procesamiento de información) cayeron en términos nominales un 5%, lo que resulta en una caída en términos reales de 27,5%.

La lección es clara: menos impuestos a la importación son productos más baratos para todos y mayor poder de compra.

Extender la medida a toda la economía

Lo mejor que puede hacer el gobierno para generar riqueza es no estorbar a quienes hace ello todos los días. Bajar los impuestos resulta en más producción, ventas y precios más bajos.

Es por ello que sería deseable que pongamos en práctica lo que dice Macri y bajemos los impuestos “en general”, en todos los sectores de la economía, recortando alícuotas y simplificando el sistema.

El único “pequeño problema” es que tenemos un déficit homérico y un gasto público récord. ¿Lo bajará el gobierno para dar margen a una verdadera reforma tributaria?

A pesar de algunas buenas intenciones, esto sigue siendo una incógnita.

Publicado originalmente en Contraeconomia.com

El viernes pasado arrancó oficialmente la campaña electoral para las PASO. Muchos coinciden en que en este simulacro de elecciones legislativas se juega el futuro del país.

Es que, de ganar el oficialismo, se consolidaría un camino de reformas que generarían mayor confianza de los inversores, estabilidad y mayor crecimiento. De lo contrario, reinaría el miedo, la huida de las inversiones, el salto del tipo de cambio y una mayor pobreza.

¿Existe realmente semejante “grieta” en la política económica propuesta por ambos lados?

En realidad, no tanto. El panorama electoral argentino es desolador: son todos partidos de izquierda, salvo Cambiemos, que es socialdemócrata.

¿Y qué quiere decir esto? Que el cambio que necesita el país está lejos de llegar, independientemente de quién gane las elecciones.

Medallas para Macri

El gobierno actual heredó una situación económica al borde del colapso. Cuando se emite dinero de manera descontrolada, se gasta más de lo que se ingresa crónicamente y, como frutilla del postre, se controlan casi todos los precios de la economía, la bomba tarde o temprano estalla.

Con esa herencia, Cambiemos hizo lo que pudo y tomó medidas en la buena dirección. Eliminó el cepo, quitó las restricciones para exportar, ajustó algo las tarifas de servicios públicos y redujo impuestos.

Destapar (a medias) la olla a presión de la economía K no fue fácil. 2016 terminó con 41% de inflación y una caída de 2,3% del PBI.

No obstante, en 2017 el país tendrá un escenario radicalmente distinto. La inflación será del 20-22% anual y el crecimiento cercano a 3%. Con esos números, Cambiemos podrá colgarse las medallas de la menor inflación en siete años y el mayor crecimiento en cinco.

Pero el gasto no se toca

Las medidas tomadas en 2015 y 2016 tendientes a liberalizar algunos sectores de la economía deben ser aplaudidas, pero hay temas de fondo que no se modifican.

El gasto público es el principal responsable del déficit fiscal y del pobre crecimiento de la economía nacional. Además, refleja el alto grado de estatización de la sociedad argentina.

Para que Argentina crezca lo suficiente como para alcanzar a los países del Primer Mundo, el tamaño del gasto debería recortarse de manera considerable. No hablamos de 1 o 2 puntos porcentuales, sino de 15 o 20.

Cambiemos, sin embargo, no va en esta dirección. Entre 2015 y 2016 el gasto creció en términos de PBI. Es que, a pesar del recorte en subsidios energéticos, aumentó la asistencia social producto de la “Reparación Histórica” de los jubilados.

Ahora si aceptamos que era necesario y éticamente correcto pagar esos juicios, ¿por qué no redujeron más aún otras partidas?

El gasto no se toca. Al menos no a la baja. Nuevas medidas como los créditos a los beneficiarios de AUH que ofrecerá la ANSES, o los del “Plan Potenciar” que ofrecerá el Banco BICE  son, a la larga, un aumento del gasto público.

Si los receptores del dinero no pagan su deuda, el agujero impactará en las arcas del estado.

Reforma tributaria: más impuestos

Una de las medidas que más  entusiasmo genera entre los agentes económicos es la reforma tributaria. Si Cambiemos gana las elecciones, se sostiene, entonces tendrá la fuerza legislativa necesaria para impulsar un plan integral para bajar impuestos y mejorar la competitividad.

Si ese fuera el  caso, ¡bienvenida la reforma!

Sin embargo, hace poco trascendió que los funcionarios no evalúan bajar impuestos, ¡sino subirlos! De acuerdo con el diario La Nación, el gobierno estudia lanzar un nuevo impuesto a los “alimentos no saludables”.

Esta medida desnuda el carácter socialdemócrata de Cambiemos. Por un lado, más peso del estado por la vía de nuevos impuestos. Por el otro, más paternalismo estatal e intromisión del gobierno en la vida privada de la gente.

Muchos argumentan que estos impuestos son razonables, porque si algunos tienen malos hábitos de alimentación, eso genera un gasto mayor en asistencia médica pública.

Ahora si Cambiemos quiere Cambiar en serio, hay que discutir es el tipo de país que queremos.

¿Queremos un país donde papá estado se haga cargo de todo, diciéndonos lo que tenemos que hacer porque, a fin de cuentas, él es el que paga los platos rotos? ¿O uno donde cada argentino sea digno y se haga cargo de sus decisiones?

La socialdemocracia cambiemita se inclina por lo primero.

Por si esto fuera poco, Mario Quintana afirmó que “el sistema tributario castiga a la producción y no grava la renta financiera”.

Aquí hay un problema de concepto. La renta financiera, que deriva del ahorro y el préstamo, es clave para la inversión. Si el ahorro no genera beneficios, entonces no habrá ahorro. Y sin ahorro no hay inversión. Y sin inversión no hay producción. Por tanto, gravar la renta financiera también gravará la producción.

La reforma tributaria debería eliminar impuestos y reducir tasas impositivas. No crear impuestos nuevos y aumentar el alcance de los existentes.

Socialdemocracia, parte del problema

El partido de Mauricio Macri tiene el mérito de haber abortado el camino hacia el chavismo que transitaba Cristina Fernández. Sin embargo, su modelo socialdemócrata de estado omnipresente no es lo que necesita el país.

Argentina, por su historia de desastres fiscales y crisis económicas asociadas, necesita ir de lleno a convertirse en uno de los países con mayor libertad económica del planeta. Sólo así atraerá la inversión necesaria para impulsar el crecimiento.

A la hora de votar, es cierto que Cambiemos luce como la opción menos mala. Pero esta realidad no habla bien de Cambiemos sino mal de nuestro país.

Como reza una historieta que circula en las redes: todos están a favor del “cambio”, pero nadie quiere cambiar nada.

Publicado originalmente en ContraEconomía.

El sábado pasado fui nuevamente invitado al noticiero que se emite por la señal de televisión por cable, C5N. No es la primera vez que voy, y muchos suelen preguntarme para qué lo hago, puesto que se sabe que la línea editorial o ideológica de esa pantalla está bastante lejos de las ideas y principios que yo defiendo.

A pesar de esto, siempre voy con la mejor predisposición. Creo que el debate hay que darlo, y que es todavía más importante hacerlo cuando se está rodeado de personas que piensan diferente. Esto permite haya una buena contraposición de argumentos, lo que para mí enriquece el debate y permite contrastar la consistencias de los planteos.

Así que el sábado pasado fui bien predispuesto al debate y éste cumplió con mis expectativas. En la mesa del noticiero estaban también sentados Eduardo Valdés, dirigente peronista y diputado del “Parlasur”, y Patricio del Corro, referente del Frente de Izquierda.

La charla comenzó con la pregunta acerca del balance del año. Quien dio la primera respuesta fue el parladiputado Valdés, quien volvió a insistir con que el gobierno nacional, “en un solo acto, al eliminar las retenciones”, había transferido $ 130.000 millones al sector agrícola y “a los agroexportadores”.

Hace un tiempo, en este mismo espacio, intenté demostrar por qué era erróneo referirse a la eliminación de las retenciones como una “transferencia de ingresos”. Pero dado que el tema sigue siendo una muletilla de uso común en discurso de los  populistas, voy a volver a insistir con este tema.

Lo que me parece que  tenemos que comprender antes que nada es cuál es la correcta definición de transferencia de ingresos.

Decimos que hay una trasferencia de ingresos de Juan a Pedro, por ejemplo, si Juan toma $ 100 de sus ingresos y se los transfiere a Pedro. El resultado de esta transferencia será que Juan tiene $ 100 menos para gastar en consumo, ahorro o inversión, y que Pedro tiene $ 100 más para cualquiera de estas tres actividades.

En el caso anterior, la transferencia es voluntaria. Juan decidió voluntariamente ceder sus ingresos en favor de Pedro.

Sin embargo, también podríamos estar frente al caso de que la transferencia no sea voluntaria. ¿Cómo sería eso? El gobierno podría cobrar un impuesto que tome $ 100 del ingreso de Juan, y destinarlo a Pedro para subsidiar el consumo de este último. El resultado de la transferencia sería el mismo. Juan perdió $ 100, Pedro ganó $ 100, solo que la operación no se hizo de manera voluntaria, y ahora Pedro está mejor, pero a costa de que Juan esté peor.

Este tipo de transferencia coactiva de ingresos estaba siendo llevada a cabo por el gobierno kirchnerista con las retenciones a la exportación. De hecho, por este concepto, el gobierno había tomado de los exportadores la nada despreciable suma de $ 497.496 millones entre 2003 y 2015. Las retenciones eran transferencias coactivas de los exportadores al estado, que después éste decidía como gastarlas.

En este sentido, lo que hizo el gobierno de Macri al eliminar estos gravámenes no fue transferirles ingresos a los exportadores, sino sencillamente dejar de confiscárselos.

Tenemos que recordar que la producción es, ante todo, de quien la produjo, y que el gobierno, si bien tiene la facultad para cobrar impuestos, no transfiere ningún ingreso cuando decide quitar o reducir impuestos, sino que simplemente nos permite a los ciudadanos quedarnos con lo que originalmente es nuestro.

Por ejemplo, ahora que está tan de moda el debate por el impuesto a las ganancias y que tanto el gobierno como la oposición coinciden en que debe reducirse: ¿hablarán los populistas de siempre de la transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados de la sociedad? ¿O reconocerán que lo único que está haciendo el gobierno es dejar de meterle la mano en el bolsillo a la gente?

Los políticos argentinos no son precisamente un monumento a la coherencia, y es por eso que vemos que muchos, al tiempo que denuestan la eliminación de los impuestos a la exportación, aplauden a dos manos la suba del mínimo no imponible de ganancias.

Una mirada coherente exigiría que midamos ambos actos con la misma vara, y que si aplaudimos la baja del impuesto a las ganancias, también hagamos lo mismo con las retenciones y todos los impuestos que existen en Argentina.

En definitiva, al hacer eso, lo que estaremos aplaudiendo no será una transferencia de ingresos inmerecida o injusta, como algunos quieren sugerir, sino un mayor respeto de la propiedad privada y del fruto del trabajo de las personas.

Y solo caminando por esa vía es que Argentina abandonará la senda de la decadencia.

 Publicado originalmente en Inversor Global.