A fines de diciembre de 2021, una mayoría de gobernadores y el presidente de Argentina se reunieron en la Casa Rosada para firmar un nuevo “consenso fiscal”.

El pomposo nombre de “consenso fiscal”, esta vez, es solamente un título para encubrir que el gobierno quiere subir los impuestos.

En el caso de Ingresos Brutos, por ejemplo, sobre un total de 17 actividades productivas, en 15 se firmó por aumentar la tasa máxima respecto del consenso fiscal firmado en 2017, que buscó una reducción gradual de las alícuotas de ese gravamen. En las restantes 2, se mantuvo la alícuota máxima.

Otra de las perlitas del “Consenso” es el acuerdo concreto para imponer, a partir del año que viene un nuevo impuesto a la transferencia gratuita de bienes. Principalmente, un impuesto sobre la herencia.

Desde el gobierno argumentan que el impuesto a la herencia es positivo, en primer lugar, porque ayudará a equilibrar las cuentas públicas y, por otro lado, porque se trata de un impuesto que genera “equidad” entre los ricos y los pobres.

¿Es así? Lo analizamos a continuación.

El nuevo consenso

En primer lugar,  veamos qué dice el nuevo consenso fiscal al respecto del impuesto a la herencia:

En la cláusula séptima del acuerdo se enuncia que las provincias: “procurarán legislar un impuesto a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza”.

Entre esas transferencias, explican, está la herencia, los legados, las donaciones, y cualquier transmisión que implique un aumento patrimonial a título gratuito.

La letra de la ley es clara, en 2022 todas las provincias podrán crear un impuesto a la herencia para recaudar más plata de los contribuyentes. (Salvo la Ciudad de Buenos Aires, ya que Horacio Rodríguez Larreta eligió no firmar. Bien por él y los porteños.)

Problema de gasto

En el gobierno quieren que este nuevo impuesto ayude a equilibrar las cuentas públicas. El deseo es legítimo, en un país que va de crisis en crisis por tener un gran déficit fiscal. Sin embargo, es preciso notar que el problema no es de falta de recaudación.

En el año 2002, según cifras recopiladas por el FMI, el gobierno recaudaba un 19% del PBI en impuestos. Sin embargo, en 2015 este monto subió a 35 puntos, o sea que casi se duplica la recaudación tributaria en 13 años. Para el 2020 se estimaba que la recaudación estaba en 33 puntos del PBI, un número históricamente alto.

Otro dato, en el año 2003 se recaudaron USD 749,4 millones por derechos de exportación. En 2012 ese monto se había multiplicado por 18, ascendiendo a USD 13.400 millones. En total, en todo el período 2003-2020 se recolectaron USD 130.000 millones, casi 3 veces lo que le pedimos al FMI. ¿Por qué siguen diciendo que el problema es de recaudación y no de gasto?

Equidad

La Secretaria de Provincias de Argentina, la economista Silvina Batakis, dice que el impuesto a la herencia “verdaderamente genera equidad”. La idea detrás de esto es que quien recibe una herencia “liga de arriba” algo por lo cual no trabajó, lo que genera una desventaja respecto de otros que no van a recibir nada cuando sus progenitores ya no estén.

Gravar la herencia generaría, entonces, fondos para que el gobierno redistribuya, poniendo un tope a lo que los herederos pueden recibir pero -se supone- sin afectar los incentivos a la producción.

El famoso liberal del siglo XIX, John Stuart Mill, de hecho, defendió esta idea:

Las desigualdades en la propiedad originadas por desigualdades en la actividad, la frugalidad, la perseverancia, los talentos, y hasta cierto punto incluso la suerte, son inseparables del principio de la propiedad privada, y si aceptamos el principio hemos de aceptar también sus consecuencias; pero no veo nada censurable en fijar un limite a lo que una persona puede adquirir por la benevolencia de los demás, sin haber realizado ningún esfuerzo para obtenerlo, y en exigir que si desea mayores bienes de fortuna trabaje para conseguirlos.

Para Mill, entonces, no había motivo para atacar las desigualdades generadas en la producción, el ahorro o la suerte, pero sí las que se generaban en la herencia o la trasferencia gratuita de bienes, específicamente lo que la nueva disposición busca gravar.

Ahora bien, si de respetar el principio de la propiedad privada se trata: ¿no es un ataque a la propiedad privada ponerle un impuesto a lo que cada persona desea voluntariamente dejar en herencia o regalar a otros? Siguiendo la lógica de ponerle un límite a lo que las personas pueden adquirir por la benevolencia de otros, ¿habría que poner un límite a los regalos de navidad o de cumpleaños, también?

Para el gobierno, la respuesta es claramente SÍ.

Costos

El problema es que estos impuestos generan costos. En un análisis de Chris Edwards, director de estudios en política tributaria del Instituto Cato de los Estados Unidos, el impuesto a la herencia (que en Estados Unidos llegó a ser del 46% con un mínimo no imponible de USD 2 millones, pero que ahora es del 40% y el mínimo no imponible subió a USD 11 millones después de la reforma de Trump), genera:

—> Desincentivo al ahorro, a la inversión y a la actividad comercial.

—> En ocasiones, la necesidad de pagar el impuesto hace que los herederos deban vender activos del negocio familiar. Esto es así porque las personas no tienen el patrimonio líquido para pagar el impuesto, sino que está invertido en maquinaria, edificios o vehículos.

—> Cuando esto pasa, el impuesto a la herencia daña la producción del sector privado para financiar aumentos de consumo del sector público.

—> Con el impuesto a la herencia cae el incentivo a ahorrar para las generaciones futuras y aparece un incentivo a consumir. Se fomenta entonces una ética de “morir quebrado”. Así, el impuesto a la herencia “penaliza a los que ahorran e invierten para acumular más riqueza mientras que premia el despilfarro de capital mediante el consumo público y privado”

Imagínense ustedes que, si estas son preocupaciones de un país como Estados Unidos, plenamente desarrollado y con una enorme acumulación de capital ya hecha, qué le queda a Argentina, que viene desacumulando capital hace décadas y que necesita de esta acumulación desesperadamente para volver a crecer.

Tal vez lo último que deba mencionarse es que en términos agregados, el aporte a la recaudación que este impuesto puede hacer es muy bajo. En la provincia de Buenos Aires, donde está vigente desde el año 2011 (porque en el 2010 se murió Néstor Kirchner y no lo quisieron implementar), el impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes representa solo el 0,2% del total de la recaudación. O sea que se genera un perjuicio para el que tiene que pagarlo, pero por un beneficio mínimo para el fisco.

Conclusión

Pasando en limpio. El gobierno argentino, que casi duplicó la recaudación tributaria en términos del PBI en los últimos 20 años, pero que igual nos metió a todos en una enorme crisis fiscal, quiere resolver el problema creando nuevo impuestos, como el impuesto a la herencia.

Aquí demostramos que el problema no es de recaudación tributaria, sino de exceso de gasto. Además, decimos que si bien el impuesto puede perseguir un ideal de nivelación de desigualdades como quería John Stuart Mill, esto sigue siendo un ataque a la propiedad privada, que Mill defendía. Además, y tal vez lo más importante, es que genera costos en términos de menor ahorro, menos inversión y menos acumulación de capital para la economía.

Y en un país que necesita desesperadamente más ahorro e inversión, esta no es para nada una buena idea.

Argentina nuevamente está entre la espada y la pared por sus problemas fiscales.

Con un gran desequilibrio de las cuentas públicas, el gobierno de Macri necesita de cientos de miles de dólares de endeudamiento para poder seguir funcionando, pero a diferencia de lo que pasaba meses atrás, esos dólares hoy ya no están disponibles.

Las condiciones financieras internacionales cambiaron, y hoy el dólar se convirtió en un bien más escaso, lo que hizo que su precio subiera violentamente. Las consecuencias de este “shock” todavía están por verse, pero seguramente implicarán recesión, mayor inflación y, lamentablemente, un mayor nivel de pobreza.

Ahora bien, a la hora de darle una solución al agujero fiscal, algunos proponen bajar el gasto público, otros proponen subir más los impuestos, y hay otros que opinan que deben combinarse ambas fórmulas.

De acuerdo con los “impuestadores”, el esfuerzo debe ser compartido por todos, y algunos sectores deberían aceptar de buena manera que les suban los impuestos (o que no se los bajen, como estaba previsto).

Este grupo olvida que la carga tributaria que tolera el sector privado en Argentina está entre las más altas del mundo y que ese esfuerzo del que hablan lo vienen haciendo hace años, financiando un estado que cada vez se come una mayor porción de la riqueza nacional.

Por último, también ignoran una lección de la historia: que para ajustar las cuentas públicas, es mucho más eficiente reducir el gasto público que subir los impuestos.

Estímulo vs. Ajuste

En el año 2009, un momento en que el gobierno de los Estados Unidos lanzaba el más masivo estímulo fiscal de la historia reciente, los profesores de Harvard Alberto F. Alesina y Silvia Ardagna se propusieron investigar qué impacto tenía la política fiscal en la economía.

Más precisamente, querían entender el efecto de los “estímulos fiscales” y los “ajustes fiscales” (definidos éstos como un año en donde el resultado primario ajustado por el ciclo económico empeora/mejora en un 1,5% del PBI o más) sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas y el crecimiento económico.

Lo que estos académicos deseaban encontrar era la respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué es mejor para promover el crecimiento, un estímulo fiscal basado en el aumento del gasto o uno basado en el recorte de impuestos? ¿Qué es mejor  para reducir el déficit y la deuda, una baja del gasto público o un aumento de los impuestos? Y, por último: ¿resienten la actividad económica los ajustes fiscales basados en una baja del gasto?

Para responder dichas preguntas, indagaron en los datos de 21 países de la OCDE (entre ellos, Estados Unidos, Holanda, Nueva Zelanda, Alemania, Francia y Finlandia) para un período de 37 años, desde 1970 al año 2007.

Sus conclusiones son más que interesantes y de importancia crucial para nuestra coyuntura local.

Según Alesina y Ardagna:

Nuestros resultados sugieren que los recortes tributarios son más expansivos que los aumentos del gasto en los casos de estímulo fiscal. Para los ajustes fiscales, mostramos que los recortes de gastos son mucho más efectivos que los aumentos de impuestos para estabilizar la deuda y evitar las recesiones económicas. De hecho, descubrimos varios episodios en los que la reducción del gasto público adoptada para bajar el déficit se vio asociada a períodos de crecimiento económico, no recesiones.

En números concretos, el trabajo encontró que en los “estímulos fiscales expansivos” –es decir, aquellos que resultaron en un mayor crecimiento de la actividad económica- el gasto total subió aproximadamente 1 punto del PBI, mientras que la recaudación cayó más de 2,5% del PBI.

Por el contrario, cuando el gasto subía cerca de 3% del PBI pero la recaudación permanecía constante, no había un efecto expansivo.

Crecer con Ajuste

Al analizar procesos de ajuste del déficit, los autores se centraron en dos puntos. Por un lado, si dicho ajuste fue exitoso en términos de reducir de manera sustentable el desequilibrio de las cuentas públicas y el nivel de deuda. Por el otro, si dicho ajuste se vio asociado a episodios de recesión.

En este último tema, los resultados son nuevamente sorprendentes. Los episodios de ajuste considerados expansivos en términos de actividad económica fueron aquellos caracterizados por el recorte del gasto público. Concretamente, en dichos episodios el gasto primario cayó en 2% del PBI, mientras que la recaudación solo subió 0,34%. Por el otro lado, en los ajustes fiscales considerados no expansivos el gasto cayó solo 0,7% del PBI, pero la recaudación subió 1,2%.

A la luz de estos datos, Alesina y Ardagna sostienen:

De aquí que los ajustes que se hacen por el lado del gasto tengan efectos mejores sobre el crecimiento que los que se hacen con base en el aumento de la recaudación

Los autores continúan indagando en qué tipo de ajuste fiscal es más exitoso en términos de reducir el déficit y la deuda. Aquí, nuevamente, concluyen que el recorte del gasto es la forma más segura de resolver un desequilibrio presupuestario.

Tras décadas de crisis fiscales, en Argentina todavía debatimos si tenemos que tener déficit o no. Peor aún, también debatimos si el déficit no debería cerrarse cobrando más impuestos.

Esperemos que los datos de estos 21 países analizados por los profesores de Harvard nos ayuden a pensar mejor las cosas.

 Recuerdo cuando era chico y jugaba al fútbol. Solía atajar en el equipo de mi colegio y siempre me fisuraba o lastimaba algún dedo de la mano, o incluso toda la muñeca. Cuestión que cada dos por tres tenía que ir al hospital.

Arribado al nosocomio, los médicos procedían a sacarme las radiografías, para luego ponerme un yeso, de manera que por 20 o 30 días mi mano no pudiera moverse.

Ahora bien, imaginemos qué tipo de remedio hubiera sido simplemente amputarme el brazo. Seguramente habría sido un gran problema al inicio, pero luego nunca jamás me volvería a lastimar los dedos.

El razonamiento no parece ser de los mejores, ¿verdad?

Claro que no, pero algo similar parece pasar por la cabeza de muchos analistas y políticos argentinos, que para resolver un nuevo desequilibrio fiscal, proponen subir impuestos.

Ahora como recordaba el célebre economista Murray Rothbard, solucionar el déficit fiscal aumentando los impuestos es como querer curar a un paciente matándolo.

Crisis fiscal, devaluación y FMI

Hace alrededor de dos meses que Argentina atraviesa una importante crisis cambiaria. El dólar pasó de   $17 en diciembre del año pasado, a casi  $30 a principios de este mes…

La abrupta devaluación se debió principalmente a un giro en la dirección de los capitales internacionales, que decidieron vender sus posiciones en activos “peligrosos” para irse a refugiar en activos más seguros.

Ahora bien, ¿por qué es que los bonos y acciones argentinos son riesgosos? Principalmente, por su elevado déficit fiscal, alta inflación, y su historial crediticio.

El déficit fiscal en Argentina está alrededor del 6% del PBI. La inflación cerrará el año en 30% y los gobiernos nacionales se han hecho fama de incumplir las deudas en el pasado.

Con ese currículum y esa hoja de balance, es muy comprensible que los inversores le tengan tanto miedo.

Ahora bien, para contrarrestar estas tendencias, el gobierno de Mauricio Macri acudió al Fondo Monetario Internacional, quien a cambio de dar una línea de financiamiento de USD 50.000 millones, exigió un ajuste de las cuentas públicas.

Que la crisis la pague la soja

Antes de llegada la turbulencia, mucho antes, el gobierno había decidido eliminar las retenciones a la exportación. Las retenciones son impuestos que se cobraban directamente sobre los montos exportados y, en algunos productos, como la soja, llegaban a ser del 35% del total.

Ahora bien, a este último producto, las retenciones no se le sacaron de una vez, sino que se armó un esquema gradual de baja y posterior eliminación, que llevaría a 0% el arancel recién en diciembre de 2022.

Precisamente este tema es el que se comenzó a debatir acaloradamente en distintos medios estos últimos días. Es que algunos analistas, incluso quienes son más cercanos al gobierno comenzaron a plantear la idea de frenar la baja de retenciones, con el fin de no resignar recaudación en momentos en que se necesitan cuadrar los números fiscales.

Lo más significativo es que incluso el Fondo Monetario Internacional consideró que ésta podía ser una buena medida, así como la de demorar la entrada en vigencia de la “Reforma Tributaria”, que también implicaba una baja de los impuestos al trabajo, pagado por los empleadores de cierto tipo de mano de obra.

El problema es el gasto

¿Servirán estas propuestas? La respuesta es negativa. Es que Argentina no tiene un problema de falta de recaudación, sino uno de exceso de gasto.

Para ponerlo en números, el gobierno anterior recaudó aproximadamente USD $104.000 millones gracias las retenciones a las exportaciones entre 2003 y 2015. Sin embargo, pasó de tener un superávit fiscal de 3,5% del PBI a tener un déficit de 6%.

Lo que pasó fue que, en el mismo momento en que recaudaba fortunas por los impuestos a las ventas externas, también multiplicaba el gasto público como si no fuera a haber mañana.

En 2003 el gasto público fue de USD $32.000 millones. En 2015 de USD $264.000 millones. Es decir, el kirchnerismo multiplicó por 7 el gasto en dólares. Así no hay impuestos que alcancen.

Ahora bien, hay otra dimensión del problema. De acuerdo con los cálculos del FMI, frenar la baja de retenciones a la soja implicaría un “ahorro fiscal” de 0,1% del PBI. Si se demora la reforma tributaria, que baja otros impuestos, el ahorro llega a 0,4% del PBI en total.

Y, claro, si un gobierno promete bajar impuestos que luego no baja, es obvio que va a recaudar más que en el escenario hipotético anterior. Sin embargo, ¿cuál es el costo de tomar dicha decisión?

Me animo a decir que infinitamente mayor.

Es que el compromiso por reducir impuestos genera un ambiente institucional mucho más amigable con la propiedad privada. Después de todo, tener impuestos bajos implica que los generadores de riqueza pueden disfrutar más de sus frutos que en los países donde los impuestos son más altos.

Por este motivo, frenar la baja de impuestos puede generar un beneficio para el gobierno a corto plazo, pero un gran perjuicio para la economía del país en el largo.

Romper los contratos no es gratis, y menos aún cuando implican un menor respeto de los derechos de propiedad.

El gobierno argentino tiene un largo camino por delante a la hora de cerrar un presupuesto que cumpla las normativas del FMI.

Esperemos que no ceda a las presiones y que los ajustes vengan por el lado del gasto, en lugar de seguir penalizando con impuestos a los empresarios y trabajadores que producen en el país.

Entrada originalmente publicada en PanAm Post.

Llegué a Washington el viernes pasado. El vuelo se demoró dos horas en salir de Buenos Aires. Al principio, nos dijeron que había un problema con el “motor número 2”. Minutos más tarde, nos informaron a todos los pasajeros que el inconveniente en el “acelerador” estaba en vías de solución. Finalmente, nos comunicaron que el “generador” estaba arreglado y que solo faltaba terminar de completar un papeleo y luego partir.

Como comprenderán, nunca entendí qué estaba mal con el avión, pero digamos que no fueron horas muy placenteras…

Como sea, llegué sano y salvo a la capital política de los Estados Unidos.

Mi destino final, sin embargo, es Baltimore, hogar de 600.000 habitantes y de una de las empresas de publicaciones financieras más grandes del mundo, Agora Inc.

Agora organizó este año una conferencia con sus principales socios internacionales, entre los cuales está Inversor Global. Así que me tocó venir en su representación para analizar los temas más relevantes de la economía internacional y participar de una sesión privada con el ex presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan.

Antes de mi llegada a Baltimore, aproveché para recorrer Washington.

D.C. es una de las ciudades más ricas del mundo, con 75.000 dólares de ingreso per cápita. Además, está llena de autos de gran tamaño y, por supuesto, de burócratas y lobistas. El tamaño del Capitolio (el Congreso de ellos), es un buen proxy de la cantidad de burocracia que puebla la ciudad. Ambos son enormes.

Por estos días, la ciudad espera con ansias la ceremonia de asunción de Trump y en cada esquina pueden verse puestos de “merchandising” ofreciendo gorras rojas con la leyenda “Make America Great Again”.

Vidriera del famoso “White House Gift Shop”, frente al Departamento del Tesoro.

La pregunta es: ¿podrá Trump hacer grande a los Estados Unidos?

Creo que ya estamos grandes para creer en los reyes magos. Y es difícil pensar que una sola persona puede definir el futuro de un país. Nosotros creemos en las instituciones y la capacidad de la gente de crear riqueza en el mercado libre, no en los grandes planes de los políticos.

Pero Trump es encima peor que eso. Propone gastar dinero público en construir un gigantesco muro (que no va a cobrárselo a México, como dice); imponer barreras aduaneras para frenar las importaciones, echar a inmigrantes “ilegales” y aumentar el déficit público.

¿Por qué aquello que jamás funcionó en ningún lado será una buena idea para los Estados Unidos?

No lo sabemos. Sin embargo, quien sí parece saberlo es el FMI.

Recientemente se conocieron las últimas estimaciones de crecimiento que el organismo ve para Estados Unidos. Éstas fueron revisadas al alza y ahora esperan que en 2017 crezcan 2,1% y en 2018, 2,5%. De acuerdo con el organismo internacional, las políticas de “estímulo fiscal” de Trump están detrás de este mayor crecimiento que tendrá la economía estadounidense.

El FMI confirma con estas declaraciones su profundo compromiso con las ideas keynesianas, que asumen que los déficits fiscales son siempre positivos, porque incrementan la “demanda agregada”. Sin embargo, esto no es así: es que si el déficit aumenta alguien tiene que financiarlo. Si lo hacen los ahorristas locales prestándole dinero al gobierno, entonces ellos gastarán menos dinero mientras que el gobierno gastará más. Si lo hacen los ahorristas del exterior, entonces el dólar se aprecia y caen las exportaciones. No hay ningún efecto expansivo…

Además, los argentinos sabemos lo que significan los agujeros fiscales. La hiperinflación, el corralito, y el cepo cambiario fueron todas situaciones hijas del exceso de gasto público, que genera crisis inflacionarias, cambiarias o crisis de deuda. Si quedan dudas, también podemos ir a preguntar en Grecia y España sobre los “positivos” efectos del despilfarro fiscal sobre la actividad económica.

Tal vez el FMI reconozca estos problemas, pero considere que la baja de impuestos propuesta por Trump sea suficientemente importante como para contrarrestar los efectos negativos del déficit y la deuda. Bajar impuestos no solo incrementa la demanda, sino también la productividad de la economía, por lo que sí es netamente positiva para el crecimiento.

Tal vez eso sea también lo que estén pensando los mercados. Después de todo, luego del triunfo de Trump en las elecciones, las principales bolsas de Estados Unidos mostraron fuertes ganancias.

¿Pero qué pasa si la tan ansiada rebaja tributaria no llega a materializarse? A fin de cuentas, el gobierno de Estados Unidos tiene una deuda pública del 100% del PBI. Es decir, no está en condiciones de seguir aumentándola y no es probable que un congreso con mayoría republicana avale propuestas que incrementen aún más la carga de la deuda.

O sea que a menos que Trump esté dispuesto a reducir fuertemente el gasto público (cosa que en defensa e infraestructura no está dispuesto a hacer, sino todo lo contrario), no habrá ninguna reducción importante de la carga tributaria y, por tanto, ningún estímulo genuino al crecimiento.

Todavía queda mucho por ver. Pero por ahora, lo que podemos decir es que las leyes de la economía son universales .Y por más que no sepamos cuándo ocurrirán las consecuencias negativas de los excesos políticos, ni siquiera Trump es inmune a ellas.

Publicado originalmente en El liberal, de Inversor Global.

Por el lado de los precios, las estimaciones indican que en Venezuela, en 2015, éstos serán un 181,2% más altos que los de 2013, mientras que en la Argentina la diferencia será del 64,1%. Chile, Colombia y Perú, en cambio, tendrán subas acumuladas, para el mismo período, inferiores al 8%.

Como se observa, mientras que algunos países de América Latina crecen con baja inflación, otros enfrentan períodos de recesión con inflación alta, un fenómeno no muy común en el mundo de hoy.

Los motivos para esta gran diversidad en las economías de la región pueden encontrarse en el manejo de las cuentas fiscales. Si tomamos los datos del incremento del gasto público total en moneda local para todos estos países, nos encontramos con que Venezuela y la Argentina fueron los que más lo incrementaron durante los últimos años. Como era de esperarse, Venezuela encabeza la lista dado que -de 2003 a 2013- aumentó, en promedio, un 35,4% el gasto por año.

Esto quiere decir que si en 2002 el Gobierno venezolano gastaba 100 bolívares, en 2013 gastó la astronómica cifra de 2.804 bolívares, multiplicando el gasto público total por 28. En Argentina las cosas no son muy distintas, y tomando el gasto a precios corrientes, tenemos un aumento promedio del 29% anual, lo que hace que en 2013 el gasto haya sido 16 veces más grande que en 2002.

El problema con este incremento exorbitante del gasto (además de su escasa productividad) es que no fue precedido de un incremento similar de la recaudación de impuestos y tanto el Gobierno venezolano como el argentino decidieron financiar la diferencia con emisión monetaria. Al enfrentarse con las consecuencias de ese incremento de la emisión, a saber, la inflación, ambos gobiernos buscaron combatirla con controles de precios y controles de cambio en lugar de revertir las políticas que habían emprendido en el pasado. Los resultados están a la vista. Los precios siguen subiendo “por el ascensor”, mientras que los controles y regulaciones sólo sirven para asfixiar al sector privado y destruir las perspectivas para la inversión.

En Chile, Perú y Colombia el aumento promedio del gasto fue del 11% anual.  Además, ese gasto en general estuvo en línea con la recaudación de impuestos, por lo que no hubo necesidad de acudir al banco central para financiar excesos. El resultado de esta prudencia fue un crecimiento económico menos acelerado en los primeros años, pero que sin lugar a dudas demostró ser un crecimiento más sostenible en el largo plazo.

Publicado originalmente en Ámbito Financiero.

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Como se ve, la crisis no comienza con el cambio en el BCRA (noviembre 2013), sino que viene deteriorándose desde principios de 2011 y pasa a terreno negativo en 2012 cuando el efecto del “cepo” cambiario comienza a hacerse evidente.

Entonces hay que preguntarse, si el problema comienza a sentirse con el cepo, ¿Qué originó el cepo? La inflación y el atraso cambiario ¿Y qué genero la inflación y el atraso cambiario? Una combinación de alto gasto público financiado con emisión y la intervención gubernamental destinada a evitar que la depreciación del peso se refleje totalmente en el valor del dólar.

Como se ve, la crisis argentina no tiene su origen en la falta de consumo, sino que es la consecuencia del exceso de gasto público y las malas políticas para contrarrestar sus consecuencias.

PD: gráficos basados en datos de Orlando Ferreres.

Bien, es razonablemente que en un contexto inflacionario como el actual, las asistencias públicas a los que “la pasan peor” deban actualizarse, así que no era esperable un anuncio distinto.

El problema viene cuando el aumento de esta cuota de asistencia quiere difundirse como una herramienta para hacer crecer la economía. La presidenta lo  explicaba en estos términos:

… en nuestro modelo hemos desafiado esa Ley de Gravedad y hemos demostrado que poniendo dinero abajo, poniendo dinero a los humildes, mejorando los salarios de los trabajadores, mejorando la participación en el ingreso, finalmente termina subiendo para arriba. ¿Y por qué termina subiendo para arriba? Termina subiendo para arriba porque ese argentino, esa argentina que cobra la asignación universal por hijo, va al almacén del barrio a comprar los alimentos o zapatillas a sus hijos en un comercio minorista; ese minorista le compra al mayorista y el mayorista va al hiper o a la fábrica y compra.

El ministro de economía complementó:

[Los aumentos] impactarán en forma directa sobre ocho millones de argentinos… generará más compras, más producción, más empleo… 30 mil nuevos puestos de trabajo y más recaudación

El razonamiento de Axel Kicillof y Cristina Fernández es este: “Si Juan consume más, Pedro querrá producir más e invertirá en contratar a José. Así, más consumo es más inversión, más producción y más empleo.”

A renglón seguido: “El rol del estado, obviamente, es estimular el consumo con políticas fiscales y monetarias expansivas.”

Ahora bien, este razonamiento, por más sencillo que parezca, es profundamente falaz.

El consumo no necesita ningún “estímulo”. Los seres humanos siempre estamos listos para consumir porque siempre tenemos necesidades insatisfechas. Ahora bien, para que ese consumo deseado se transforme en una realidad concreta, las personas deben ofrecer antes algún producto o servicio a cambio de aquello que demandan.

Así, no es difícil darse cuenta que para consumir, primero, se debe producir (y, para ello, invertir –tiempo, recursos, dinero-). Es por eso que elpensamiento de un famoso economista francés se resumió en la frase “la oferta crea su propia demanda”. Efectivamente, cuando yo produzco es, a fin de cuentas, porque estoy demandando algo que necesito. Se produce para consumir, no se consume para producir.

Son, entonces, la inversión y la producción las que generan un crecimiento económico sostenible (mayor cantidad de bienes y servicios) y permiten un mayor nivel de consumo. La “ley de gravedad”, en este sentido, se cumple. Si queremos consumir más, tendremos que producir más. El crecimiento viene antes de la distribución.

El problema es que este gobierno tomó durante los últimos diez años medidas contrarias al crecimiento sostenible por conspirar contra la inversión. En un estudio de la Fundación Libertad y Progreso estimamos que el dinero que se fugó del país en estos años, más el dinero que dejó de entrar en concepto de Inversión Extranjera Directa ascendió a US$ 260.000 millones. No extraña, entonces, que desde el 2007 el consumo haya crecido 41%, mientras que la inversión sólo lo hizo en 18%.

La crisis que vivimos hoy no es una crisis de “demanda agregada” como argumenta el keynesianismo autóctono, sino una crisis de exceso de consumo, con su característica inflación galopante y deteriorado stock de capital por falta de inversión.

Por consiguiente, decir que lo que necesita la economía hoy es más consumo para incrementar la producción y el empleo, es no querer ver la realidad y, en consecuencia, llevarnos a una crisis todavía peor.

Publicado originalmente en Fortuna Web.

Si tomamos los presupuestos de las provincias, vemos que en 2012 el gasto en el rubro “Educación y Cultura” ascendió al 32% del total. A su vez, el incremento en el período 2003-2012 asciende a un impresionante 925%.

Sin embargo, este aumento del gasto no se materializó en una mejora de la calidad educativa. Si se observa la performance en el informe internacional PISA, Argentina ocupa un cómodo y alejado puesto 59 sobre 65 países analizados. Por otro lado, como refleja Mariano Narodowski, desde 2003 las escuelas primarias públicas perdieron 210 mil alumnos mientras que la matrícula privada aumentó un 20% en el mismo período. Otro informe revela que desde el año 2000, a pesar del aumento del gasto, el porcentaje de jóvenes con capacidades de lectura insuficiente pasó del 44% al 52%.

¿Cómo es posible explicar este deterioro educativo en un período en que los recursos destinados a la educación crecieron considerablemente? ¿Cómo es posible que ante un aumento sostenido del gasto educativo, la educación pública expulse involuntariamente a sus alumnos?

La respuesta debería encontrarse en el sistema de incentivos que presenta la educación en el país. En educación, los incentivos también importan y si se está en presencia de lo que se conoce como “incentivos perversos”, entonces los resultados no pueden ser buenos.

En un mercado libre, los incentivos no son perversos porque el productor, para obtener mayores beneficios, necesariamente debe ofrecer un producto o servicio de mayor calidad, o bien un producto o servicio de igual calidad pero a precios inferiores. El beneficio del empresario es, entonces, el beneficio de sus clientes y de su comunidad.

Por el contrario, en un sistema centralmente financiado y regulado las cosas son distintas. En el caso de la educación, el beneficio del “productor” no está directamente relacionado con el beneficio del consumidor. El productor, es decir, el Estado (a través del gobierno nacional y los gobiernos provinciales) a diferencia de lo que se cree, no es un ente dedicado a alcanzar el “bien común”, sino un agente interesado en incrementar su capital político. De esta forma, incrementar el gasto educativo mejorando salarios o aumentando la contratación pueden beneficiarlo políticamente sin que eso redunde en una mejora de la calidad educativa.

Por otro lado, el gobierno puede buscar incrementar su beneficio político introduciendo contenidos ideológicamente sesgados a favor de su “relato”, lo que conspira también contra la calidad de la educación.

Otro actor fuerte dentro del sector educativo son los sindicatos docentes. En un sistema centralmente dirigido, el aumento del gasto solo incentiva a los docentes a hacer un lobby mayor para quedarse con una porción mayor de ese gasto. Así, los incentivos de los docentes no están dirigidos a mejorar el nivel de enseñanza, sino a capturar las rentas que el gobierno administra.

Es probable que la educación necesite más plata, la educación es una herramienta fundamental y está directamente correlacionada con la riqueza de los países. Sin embargo, lo que de ninguna manera necesita disponer de más fondos para administrar es nuestro centralmente dirigido sistema educativo actual. Los últimos años sirvieron para demostrar su fracaso, por lo que llega la hora de darle una chance a un modelo más abierto y menos centralizado donde los incentivos de los que ofrecen y los que demandan educación estén mejor alineados.

En este sentido, toda propuesta destinada a descentralizar el sistema, ya sea mediante vouchers que subsidien la demanda o mediante la privatización y liberalización de la oferta, debe ser tenida en cuenta.

Es necesario cambiar el modelo educativo, haciendo click en la imagen un video con la propuesta de Libertad y Progreso.

Publicado originalmente en El Punto de Equilibrio.