Antonio Laje entrevistó hace pocos días al ministro de economía, Martín Guzmán. Entre las tantas preguntas sobre la situación que atravesamos, llegó una que muchos profesionales y observadores se hacen a menudo: ¿Cuándo va a bajar el gasto público?

La respuesta sorprendió a todos. Es que el ministro respondió con otra pregunta: ¿Y por qué tiene que bajar el gasto público?

Luego de un breve intercambio, el ministro sostuvo que bajar el gasto no es algo a lo que se apunte desde el gobierno, aunque sí estaban comprometidos a “poner las cuentas fiscales en orden”.

En lo que sigue de esta nota nos proponemos responder directamente la pregunta del ministro. Y, para hacerlo, hay que considerar al menos tres puntos. En concreto, el gasto público tiene que bajar porque genera déficit fiscal, porque se paga con impuestos y porque genera ineficiencias en la economía que le impiden crecer.

Nota originalmente publicada en Infobae.

Gasto, déficit y crisis

En el año 2003, el gasto del sector público consolidado alcanzaba el 22,7% del PBI. Trece años después, en 2016, llegó a un récord de 41,5%, subiendo como no lo había hecho en casi ninguna economía del planeta.

El aumento de las erogaciones estatales fue acompañado, en parte, por un aumento de la recaudación de impuestos (que pasó de 24,3% del PBI a 34,9% en el mismo período), pero como dicha recaudación no alcanzó, el gobierno argentino transformó un superávit de casi 4 puntos del PBI en 2004 en un déficit de casi 7 puntos entre 2016 y 2017.

Lo que ocurrió después no hace falta mencionárselo al lector.

En primer lugar, todo el déficit fiscal que se financiaba con emisión monetaria generó una de las inflaciones más altas del mundo, lo que derivó en el cepo cambiario de Cristina Fernández de Kirchner y el fin del crecimiento económico. En segundo lugar, cuando el gobierno de Macri acudió a la deuda externa y la confianza cayó, el dólar pasó de 20 a 40 y entramos en la crisis macroeconómica de 2018, que se agravó con el regreso del kirchnerismo en 2019.

Dado que el gasto, entonces, es originario de déficit fiscal, inflación y crisis de deuda, aparece aquí el primer motivo para reducirlo.

El gasto se paga con impuestos

El segundo problema con el gasto público es que, en el mejor de los casos, debe pagarse con impuestos. Y como dichos impuestos recaen sobre el sector privado, se genera un peso que impide que éste pueda crecer, producir bienes y servicios y contratar nuevo personal.

Los altos impuestos, que se siguen de un alto gasto público, además, deterioran los incentivos para invertir. Según explica la Tax Foundation de Estados Unidos, “en el mundo globalizado de hoy, el capital puede moverse con facilidad. Las empresas pueden elegir invertir en un gran número de países, buscando los mejores retornos. Eso implica que buscarán países donde las tasas impositivas sean más bajas, de manera de maximizar sus beneficios después del pago de impuestos. Si los impuestos en un país son muy elevados, la inversión se irá a otra parte, generando menor crecimiento económico”.

De acuerdo con el Banco Mundial, el gobierno argentino le cobra a las empresas que operan en el país una tasa de impuestos sobre los beneficios empresariales equivalente al 106%, ubicándonos así en el segundo puesto a nivel global.

Más gasto público, entonces, es más impuestos, y esto lleva a menos inversiones, menos inversión y menos empleo.

El gasto genera ineficiencia económica

Por último, deben analizarse los incentivos con los que gasta el Gobierno. En su famoso trabajo de divulgación titulado “Libre para elegir” Milton y Rose Friedman explicaban que había cuatro formas de gastar el dinero:

- o gasto mi dinero en mí

- o gasto mi dinero en otros

- o gasto el dinero de otros en mí

- o gasto el dinero de otros en otros.

Entre estas cuatro formas, la primera es la más eficiente porque los incentivos llevan a que se busque minimizar el gasto pero maximizar la calidad de lo que se compra, optimizando los recursos. En el último caso –que es el de la política– los incentivos son los peores.

Como el dinero es de otros (impuestos), no hay problemas si se gasta de más, y como los receptores de los bienes que compro con ese gasto son otros (subsidios), entonces nadie se preocupa por la calidad de lo que se adquiere.

Finalmente, dados los incentivos que los políticos tienen para gastar el dinero, el alto gasto público refleja un alto grado de ineficiencia económica que, a la postre, se paga con una menor tasa de crecimiento. No extraña, entonces, que nuestro país sea uno de los que mayor gasto público tenga en toda la región y que, al mismo tiempo, sea el que menos ha crecido en los últimos años.

Para finalizar, hay al menos tres motivos de peso para bajar el gasto público. Si el gobierno está genuinamente interesado en una recuperación sostenible, no debería ignorarlos.

Dos más dos es cuatro.

Eso es lo que una maestra de grado le estaba enseñando a sus alumnos en un colegio en los Estados Unidos.

Sin embargo, uno de ellos escribió en una hoja que dos más dos era igual a 22.

(Gráficamente, “2 + 2 = 22”).

La maestra, como cualquiera podría esperar, utilizó toda su capacidad pedagógica para decirle al niño que esa respuesta no era la correcta.

Lo que siguió después fue una increíble concatenación de hechos absurdos, que incluyeron la reprimenda de los directivos del colegio por haberle corregido el error al alumno, y hasta agresiones físicas a la maestra por parte de los padres.

¿Pasó realmente algo así? No podemos afirmarlo, pero la descripción anterior responde a un simpático corto de 10 minutos llamado “Alternative Math”.

El corto es una ironía acerca del mundo actual, donde hasta las cosas más básicas se cuestionan y aparecen como “sujetas a la libre interpretación” de quien observa.

Aunque no lo parezca, algo similar ocurre con la economía argentina y recientemente quedó en evidencia en el debate por la Ley de Presupuesto.

Deuda versus Salud

La semana pasada los argentinos presenciamos como si fuera una película de Ciencia Ficción el debate por la ley de presupuesto que envió el oficialismo a la Cámara Baja.

La escena podía dividirse en dos.

Por un lado, lo que pasaba afuera, donde una banda de inadaptados con nula representación destruían todo a su paso y buscaban la represión policial para decir que “el modelo neoliberal solo cierra con ajuste”. La izquierda típica, que no saca ni 4% en las elecciones pero que va a “debatir” al Congreso con palos y piedras.

Por el otro lado está lo que pasaba adentro, donde la clase política discutía cómo no ajustarse ni a ella ni a su clientela, pero igualmente aprobar un presupuesto con equilibrio fiscal primario.

En el debate por la “ley de leyes” algunos hablaron de la necesidad de equilibrar las cuentas (subiendo impuestos, ya que un 50% del ajuste pasará por ahí), mientras que otros aprovecharon para denunciar el ajuste brutal y el endeudamiento.

El máximo referente de esta tendencia fue nada menos que Axel Kicillof. Al llegar su turno para exponer, el exministro de Economía sintetizó:

“Cada peso que no hay en salud, en educación, en obras; cada peso que te falta a vos, se va a la canaleta de la deuda, la fuga, la timba. El Presupuesto 2019 es invotable porque va en contra de los argentinos.”

El mensaje rememora a viejas épocas de la Argentina, cuando quienes ocupaban el rol que hoy ocupa Kicilllof criticaban que se pagara la deuda externa, en lugar de utilizar ese dinero para dárselo a los pobres o mejorar la educación.

Este reclamo, sin embargo, ignora cuestiones básicas de análisis presupuestario.

Además, cabe recordar que dicho reclamo –en su momento- terminó en el default del 2001, a lo que luego le siguió el abandono de la convertibilidad y un caos económico y social generalizado.

Matemáticas alternativas

Comparar lo que se paga en intereses de la deuda con lo que se gasta en salud, educación y otras cosas “buenas” que hace nuestro “papá estado” puede resultar alucinante para algunos.

Después de todo, los servicios de la deuda se están llevando $ 596.065 millones del plan de gastos para el año que viene, lo que equivale a 3 veces la obra pública, y 2,5 veces lo que se destina a Asignación Universal por Hijo y Asignaciones Familiares.

Ahora bien, ¿tiene algún sentido hacer estas comparaciones? O, dicho de otra forma: ¿es cierto que lo que se lleva la deuda no se lo lleva la salud?

La respuesta es que sí, pero no.

Veamos: si uno pudiera disponer libremente del presupuesto, dejar de pagar la deuda haría que de inmediato el gobierno tuviera disponibles casi $ 600.000 millones para gastar en lo que sea. Por ejemplo, podemos asumir generosamente que Kicillof lo gastaría en Salud y Educación, pero no en sobreprecios para la obra pública.

¿Ahora qué ocurriría luego? Básicamente, que nadie más le prestaría plata a la Argentina, por lo que el déficit cero se volvería perpetuo y todo ese “gasto extra” que hoy se realiza, no se podría realizar más.

Sin nadie que preste dinero, todo gasto público deberá ser primero recaudado por impuestos

¿Y qué implica esto? Que las tan mentada Salud y Educación públicas no podrán ser debidamente provistas.

Es que miremos lo siguiente: en el último año para el que hay datos oficiales, el gasto en Educación se llevó el 6,9% del PBI, casi exactamente el déficit fiscal. O sea que todo el endeudamiento estuvo explicado por ese rubro. De no haber habido deuda, o bien no había plata para la Educación, o bien se recortaba el gasto en algún otro rubro.

Ese otro rubro podría haber sido la salud, que también implicó un gasto estatal de 7% del PBI.

Lo que se extrae de este análisis es que es falso decir que pagar los intereses de la deuda implica no destinar dinero a la salud porque, en realidad, la deuda es lo que permitió gastar en salud y educación en primer lugar.

O sea, lo que estamos diciendo es muy sencillo: la deuda es resultado del déficit fiscal, que no es otra cosa que el resultado de un gasto que no fue cubierto con impuestos.

Y como el dinero es “fungible”, cada peso que el gobierno tomó de deuda, puede haber sido utilizado para pagar obra pública, subsidios energéticos, asignaciones universales, salarios públicos, o bien salud y educación.

Mirar solo la foto del presupuesto y denunciar que “lo que falta en salud” se lo lleva “la canaleta de la deuda” es hacer matemáticas alternativas e ignorar la película completa.

Ahora por sobre todas las cosas, es una idea peligrosa, que puede llevar a acciones demagógicas ya tomadas en el pasado y que terminaron con el aumento de la pobreza, la indigencia y el caos.

Publicado originalmente en ContraEconomía.

Lo he dicho antes, Mauricio Macri hace milagros.

Tras anunciar que iba a recortar el 25% de los cargos políticos de la administración nacional (y que con ello iba a ahorrar $ 1.500 millones por año) encumbrados referentes del kirchnerismo y la izquierda tildaron la medida de tibia, cosmética y demagógica.

Gabriela Cerruti, por ejemplo, dijo concretamente que los $ 1.500 millones eran “una moneda”. La socialista Alcira Argumedo, mientras tanto, tuiteó que “Cambiemos aumentó entre 26% y 34% la estructura que ahora dice que va a reducir”.

En la misma línea estuvo la ex presidenta CFK, que en las redes sociales comentó que a los argentinos los tomaban por “estúpidos”, al tiempo que compartía el título de una nota que sostenía que Macri iba a recortar la misma cantidad de cargos políticos que aumentó…

¿Querrá Cristina que se recorte el gasto que su partido aumentó? Si así fuera, éste debería bajar 20 puntos del PBI.

Estimada CFK, bienvenida al neoliberalismo.

Insisto, Macri hace milagros. Con un solo anuncio, convirtió a los fanáticos del gasto estatal, a quienes llevaron a las cuentas públicas a su situación más delicada en los últimos 25 años, y a confesos socialistas, en adalides del conservadurismo fiscal, desilusionados con un anuncio que “se queda corto”.

Bien, una alegría inconmensurable.

Lo que nadie dice

El debate sobre el gasto público está bien instalado en Argentina. Es que con crisis fiscales recurrentes, y un nivel de despilfarro que creció de manera vertiginosa en los últimos 12-15 años, el tema  no se puede evitar.

Ahora bien, lo que se puso muy de moda es decir que el tema se resuelve yendo contra “el gasto político”. María Eugenia Vidal, hace ya un tiempo, afirmó que “para reducir el déficit fiscal tiene que haber un violento ajuste de la política en cargos y asesores”.

Claro, uno ve que un joven de 25 años que entró en la política, casi sin experiencia, cobra un sueldo muy por encima del promedio y se le eriza la piel. Otros ven que los diputados tienen no sé cuántos asesores, y sucede lo mismo. También es indignante ver la cantidad de choferes, hoteles de lujo y pines bañados en oro como destino para los impuestos que pagamos todos y que le restan inexorablemente a nuestro ingreso disponible.

Claramente, todo eso nos da bronca.

Sin embargo, hay algo que  nadie se anima a decir, y es que el problema del gasto en Argentina no es ni de cerca éste. Es decir, el quid de la cuestión no radica en el “gasto de la política”, sino en el llamado Estado de Bienestar.

El Estado de Bienestar es ese sistema que se encuentra en crisis en todo el mundo (especialmente en Europa, tanto que el rey de Holanda dijo que había que ponerle fin), pero que acá nadie se atreve a discutir.

Según los socialdemócratas locales, el estado tiene que proveer educación, la más cara y la mejor;  tiene que dar salud, para todos, todas y de primer nivel; tiene que pagar jubilaciones, 82% móvil y más también; subsidiar el gas, la luz, el transporte… y, por si esto fuera poco, también ofrecer cine, deportes, cultura, etc.

Todo “gratis”, por supuesto.

Al mismo tiempo, pedimos que la carga tributaria sea baja, que no haya inflación y que no tomemos deuda.

Lamento decirlo, pero todo no se puede.

Mirando los datos

“Carrino está loco”, pensarás. “Es obvio que recortando el exceso de “gasto superfluo” acá se acaba el problema. Si terminamos con los 20 asesores y recortamos a la mitad la cantidad de diputados, nos convertimos en potencia…”

Lamentablemente, esto no es así.

Veamos los números.

De acuerdo con el presupuesto 2018, el gasto público en “Administración Gubernamental” es de $ 143.879 millones. Es decir, un 5,2% del total de gasto público proyectado, de $ 2,78 billones.

Por si tenemos dudas de qué hay dentro de ese gasto político, los conceptos más destacados son el gasto del Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo, así como las Relaciones Exteriores e Interiores, la Administración Fiscal y la Información y Estadísticas Básicas.

Ahora imaginemos que, como planteábamos antes, redujéramos a la mitad el poder legislativo, con todo su fastuoso gasto que nos agobia. El resultado sería un recorte de $ 7.500 millones, o de un mero 0,3% del gasto proyectado total.

Ok, hagamos  un esfuerzo un poco mayor.

Dejemos al país sin presidente, sin poder legislativo y sin cancillería. El ahorro en ese caso sería muy superior: $ 94.800 millones… Pero nuevamente, es solo el 3,4% del gasto total, y con la incertidumbre de ver cómo funcionaría el país sin todas estas labores.

Ahora vamos a lo importante: ¿de cuánto es el agujero fiscal?

Es decir, cuánto necesitamos gastar de menos para que haya equilibrio en las cuentas públicas: alrededor de $ 700.000 millones. Es decir, 4,8 veces el monto del gasto político. O sea que incluso llevando a $ 0 el gasto en Administración Gubernamental, apenas si resolvemos el 20% del desequilibrio presupuestario.

La discusión relevante

En el cuadro de arriba figuran los rubros más importantes del gasto público según el presupuesto. Puede verse que el 68,3% se destinará a “Servicios Sociales”.

Claro, como dice “Sociales”, todo el mundo asume que está perfecto dicho gasto.

No es así, y es hora de que empecemos realmente a discutir este tema sin miedo a los epítetos de los estatistas de siempre.

Dentro de dichos servicios “sociales” está la protección de la salud, la asistencia social, las jubilaciones, la educación, la cultura, la ciencia estatal, los planes de vivienda y los planes de alcantarillado y agua potable.

¿Son todas estas tareas que indeclinablemente deba hacer el estado? ¿Es necesario gastar $ 1,9 billones del dinero de todos en llevarlas a cabo?

Esta es una discusión mucho más interesante que si hay dos o tres autos oficiales en cancillería.

Obviamente, ser austero en la administración gubernamental es un mandato ético. Pero discutir el Estado de Bienestar es la llave para solucionar nuestros problemas económicos crónicos como la inflación, la falta de crecimiento sostenido y la elevada pobreza.

Publicado originalmente en Contraeconomía.

“Si bien los déficits son siempre inflacionarios y perniciosos, resolverlos subiendo los impuestos es equivalente a curar una enfermedad disparándole al paciente”

Murray N. Rothbard

La semana pasada fui invitado a un debate televisivo. La idea era conversar acerca de las últimas reformas anunciadas por el gobierno y qué impacto podrían tener sobre la economía.

Una de mis contertulias era una legisladora del partido kirchnerista “Unidad Porteña”, quien mencionaba su profunda preocupación por el aumento del endeudamiento del gobierno nacional.

El primer dato curioso es que el kirchnerismo se preocupe por la deuda cuando llevó las cuentas públicas al colapso. Debemos recordar que la deuda es hija del déficit fiscal y que, como en una familia, si no se gasta más de lo que se ingresa, no hay necesidad de endeudarse.

Criticar el endeudamiento pero aplaudir el gasto público desmedido constituye, entonces, una flagrante contradicción.

Con esto en mente, decidí preguntar a la legisladora cuál era su propuesta para resolver el asunto.

Luego de ir y venir, enunciar varios eslóganes e insistir en el diagnóstico pero evadir repetidamente la solución, esbozó algo concreto:

“Hay déficit fiscal porque no se le ponen retenciones a las exportaciones de soja ni impuestos a los grandes grupos concentrados de poder”

Un nuevo dato curioso: si bien la soja pagaba un impuesto de 35% a la exportación, no es cierto que ahora no lo pague. Sigue tributando un 30%.

Impuestos “a los ricos”

Yendo a la propuesta concreta, la solución parece sencilla. Si hay un agujero fiscal que exige que nos endeudemos, pero no nos gusta la deuda, entonces la respuesta es que debemos cobrar más impuestos.

Pero atención: no a todos.

Siempre que un político proponga subir impuestos para equilibrar el déficit, sostendrá que éstos se cobrarán “a los ricos”, a los “grupos concentrados”, las “grandes corporaciones”, o a las “malvadas empresas mineras” que contaminan el medio ambiente… Nunca a ningún dirigente se le ocurrirá decir que los excesos de su gasto los pagará toda la población con mayor presión fiscal.

Sin embargo, eso es lo que termina ocurriendo.

Es que mirando los números, queda claro que no hay mucho más que se le pueda sacar al sector privado para pagar el despilfarro público.

Por ejemplo, si el gobierno no solo restituyese ese 5% de impuestos que le redujo a las exportaciones de soja, sino que restableciera todas las llamadas “retenciones a la exportación” vigentes en Argentina previas a diciembre de 2015, sucedería lo siguiente:

—-> La soja, en lugar de tributar 30% pagaría retenciones de 35%, y el fisco obtendría USD 865 millones adicionales, o $AR 15.200 millones.

—-> Si a la minería se le volviera a cobrar el 10% de retenciones que debía tributar antes de la reducción, entonces el gobierno podría recaudar USD 204 millones (o $AR 3.600 millones).

—-> En el caso del trigo y el maíz, si se repusieran las retenciones de 23% y 20% que estaban obligados a pagar antes de Macri, deberían entregar USD 1.350 millones, o $AR 23.800.

—-> Por último, se obtendrían otros USD 276 millones, o casi $AR 5.000 millones, por el 5% que se le cobraba a las exportaciones industriales.

Sumando todos estos conceptos, llegaríamos a un monto total de recaudación adicional de $AR 47.400 millones (USD 2.700 millones).

Este monto puede parecer sideral, y a más de un político se le debe hacer agua la boca de solo imaginarlo. Sin embargo, es nada cuando se lo compara contra el déficit fiscal proyectado para el año 2017.

De acuerdo al presupuesto, el déficit fiscal será de 6,2% del PBI, lo que totaliza unos $AR 637.400 millones (USD 36.200). O sea, reinstalando todas las retenciones a la exportación, a lo sumo estaríamos recaudando el 7,4% del déficit total estimado para este año.

Es decir, la nada misma.

Más impuestos, menos crecimiento

Esto no es todo. Es que los números anteriores han sido calculados en base al valor en dólares de lo exportado en el año 2016, suponiendo que éstos no se modifican este año.

Pero si efectivamente se reinstalaran los impuestos a la exportación: ¿qué nos hace pensar que ese valor se mantendría? Por el contrario, lo más razonable es suponer que a una mayor carga tributaria, menores serán las exportaciones.

Así como el gobierno nos cobra impuestos sobre el alcohol y los cigarrillos para desincentivar su consumo y producción, el mismo efecto ocurre cuando se gravan las exportaciones. Estas no suben ni se mantienen, sino que caen.

Es decir que el gobierno puede subir la alícuota de los impuestos, cobrar impuestos nuevos o reinstalar los previamente existentes, pero nada de eso garantiza que recaudará más.

De hecho, como prescribe la famosa “Curva de Laffer”, al caer la producción podría terminar recadando menos. El 5% de USD 1 millón son USD 50.000, pero el 100% de 0 es inevitablemente 0.

Así, siguiendo las recetas populistas, terminaríamos en el peor de todos los mundos posibles. El gobierno mantiene el déficit, la presión tributaria legal es mayor, las empresas producen menos, y la gente vive peor.

Un nuevo éxito de las políticas demagogas.

Publicado originalmente en PanAm Post.

Con muchas ansias esperábamos el martes el anuncio de un importante cambio impositivo que estimulara la inversión y el crecimiento económico.

Estábamos como los chicos la mañana del 24 de diciembre,  sabiendo que a la noche llega Papá Noel… La diferencia era que los trascendidos nos hacían pensar que cualquier cosa podía pasar durante el anuncio.

¿Bajarán los impuestos? ¿Los terminarán subiendo? Eran algunas de las preguntas que nos hacíamos.

Finalmente, el misterio se develó.

Por lo general, cuando uno piensa en una reforma tributaria se imagina que los impuestos van a bajar, de manera que individuos y empresas tengan más espacio para crecer y desarrollarse.

Además, siguiendo las palabras del presidente Macri del lunes, se esperaba que se “desarmara la escalada de impuestos” de los últimos años, que hubiera “menos impuestos” y que fuéramos a un “sistema más simple, más claro, más equitativo, y que beneficie la inversión productiva y la creación de empleo”.

¿Se cumplió el objetivo?

Reagan, Irlanda y el G-20

Cuando un presidente sostiene que quiere un sistema impositivo más simple y más barato de pagar, uno piensa en Ronald Reagan y su “economía del lado de la oferta”. Durante su presidencia, en Estados Unidos la presión fiscal (medida como porcentaje del PBI) cayó de 19,1% a 17,8%, un descenso de 1,3% en 8 años.

Esta baja se consiguió con una fuerte reducción de la tasa marginal del impuesto a las ganancias de las personas físicas (de 70% a 28%) y un contundente recorte a los impuestos cobrados sobre las empresas. El tributo a las ganancias corporativas pasó de 48% a 34%.

Sin embargo, los recortes impositivos que estimulaban la inversión y la disposición a trabajar fueron parcialmente compensados con algunas subas de impuestos a las ventas, la seguridad social y la eliminación de exenciones.

En la década de los ’80 también fue importante la modificación impositiva de Irlanda. En dicho país, el impuesto a las ganancias corporativas se redujo de 50% a 12,5% en 16 años,  pasando de 35% a 12,5% en solo 6.

La tendencia de reducir impuestos a las ganancias corporativas es una constante dentro del G-20. Entre esos países, 16 redujeron ganancias corporativas entre 2003 y 2012.

Los únicos que no lo hicieron fueron Brasil, Australia y Argentina. Eso dejó a nuestro país como el tercer peor del G-20, desestimulando la inversión y la radicación de compañías que generen riqueza.

Puntos a favor

En este sentido, debe destacarse la decisión del gobierno de presentar, como parte central de su proyecto, la reducción del 35% al 25% en el impuesto a las ganancias corporativas.

Como título, esta decisión es correcta y está en línea con la tendencia mundial para ganar “competitividad fiscal”. Sin embargo, hay que mencionar que dicha reducción aplicará solo a empresas que no distribuyan dividendos, y que se hará en una forma gradual, teniendo efecto pleno a partir de 2021.

Otra modificación importante es la devolución anticipada de saldos a favor en IVA para las empresas. Esto reduce el costo financiero de los proyectos, quitándole trabas a la inversión. A este cambio también se suma que el impuesto al cheque, si bien no se elimina, podrá tomarse como pago a cuenta del tributo a las ganancias.

Por último, también deben destacarse la menor carga fiscal que tolerarán los trabajadores autónomos, la reducción a 0% de los impuestos internos a celulares, otros productos electrónicos y autos y motos de gama media.

Sistema complejo, caro y paternalista

Ahora bien, lejos está la reforma tributaria de ser ideal. De hecho, incluso parece estar lejos de lo que pretendía el presidente Macri.

Es que, al mirarla detenidamente, no se elimina ningún impuesto. La desaparición del Impuesto a las Transferencias Inmuebles se ve compensada con la extensión de ganancias a la venta de una segunda vivienda y el fin de las exenciones a las ganancias derivadas de operaciones financieras.

Por otro lado, no se reduce la presión fiscal. Si bien el Ministro Dujovne planteó que la reforma tendría un costo de 1,5% del PBI, también sostuvo que –dado que la economía crecerá y bajará la evasión- éste se reducirá a un marginal 0,3% del PBI. Es decir que pasamos del punto D al punto C de la curva de Laffer (gráfico abajo), lo que indica que los impuestos no han bajado lo suficiente.

Es que la clave para crecer es que el sector privado florezca a costa del sector público. Si la baja de impuestos es “neutra” en términos de recaudación, eso implica que los impuestos no bajaron lo suficiente. Éstos tienen que reducirse en términos del PBI, y para que el agujero fiscal no crezca hay que bajar el gasto público. Sino, es más de lo mismo.

Un punto adicional es que la reforma no resuelve el laberinto fiscal que es nuestro sistema tributario. Sigue habiendo exenciones, mínimos no imponibles y distintas tasas según la actividad que uno realice. Eso no contribuye a un sistema “simple y claro”.

Por último, se trata de una reforma con un fuerte componente de paternalismo. Los impuestos internos a la cerveza, el vino, el whisky y las bebidas con azúcar suben entre 9 y 17 puntos  porcentuales.

Dujovne sostiene que esta modificación está en línea con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Éstas son curiosamente convenientes en medio de la crisis fiscal, pero además implican un mayor grado de control estatal sobre la vida privada. Debemos rechazar estos avances.

El proyecto de reforma se enviará al congreso en dos semanas. Por ahora, deja un sabor agridulce. Hay buenas iniciativas, pero en términos generales, no muestra grandes cambios en términos de sencillez, incentivos y competitividad fiscal.

Publicado originalmente en contraeconomia.com

Es una linda tarde en el cielo. En una esquina Juan Bautista Alberdi espera a su amigo y mentor, Adam Smith. El viejo Adam lleva bien sus 294 años, pero camina lento y se lo ve muy canoso. Juan luce jovial, aunque tampoco oculta sus 207 de edad.

Se saludan con un gran abrazo y comienzan a caminar. Al dar vuelta por uno de los pasajes escondidos de la ciudad, ven a dos viejos conocidos, Carlos Marx y Arturo Jauretche, quienes comienzan a cuchichear entre sí.

“Seguro hablan mal de nosotros”, piensa Adam. Los ignoran y siguen su rumbo. Conversan sobre el progreso y el devenir de la humanidad. Smith afirma:

Poco más se necesita, para llevar a una nación desde la peor de las barbaries hasta su máximo grado de opulencia que paz, bajos impuestos, y una tolerable administración de justicia.

“¡Claro que sí, querido Adam!, yo siempre digo lo mismo”, respondió Alberdi, quien prosiguió:

La riqueza es obra del hombre, impuesta por el instinto de su conservación y mejora, y obtenida por las facultades de que se halla dotado para llenar su destino en el mundo.

En este sentido, ¿qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro; que no le haga sombra. Asegurar una entera libertad al uso de sus facultades productivas.

Siguiendo a estas dos mentes maestras de la economía y el liberalismo, parece una buena idea de política económica la de bajar impuestos para que la actividad privada florezca. Una menor carga tributaria equivale a un menor costo de producción y mayor rentabilidad. Finalmente, eso redunda en más incentivos para invertir, trabajar y crear riqueza.

En Argentina, el presidente Macri parece estar convencido de ello. Al menos en la retórica. Tal vez esto se deba a que nos encontramos en plena campaña electoral, pero pocas semanas atrás dijo que “los impuestos nos están matando a los argentinos”, luego de lo cual propuso “bajar los impuestos en general”.

Como  suele decirse, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Sin embargo, algunos impuestos sí se bajaron en el país y ya se están viendo los resultados positivos.

Menos retenciones, más actividad

Uno de los sectores que estaban más castigados con el kirchnerismo era el agrícola. A través de las retenciones a la exportación de los principales cultivos del país, se le confiscaba al agro parte de su riqueza. Por si esto fuera  poco, también estaba vigente el cepo cambiario, que funcionaba como un impuesto adicional a las ventas externas.

Si el productor vendía mercadería por USD 100, en lugar de recibir $ 1500 (la cotización en el mercado libre del dólar), el Banco Central solo le entregaba $ 900.

El gobierno de Cambiemos eliminó el cepo y las retenciones.  Después de ello, la producción agrícola reaccionó favorablemente.

En los primeros 5 meses del año, el sector “Agricultura, Ganadería, caza y silvicultura” creció 3,9% anual, ubicándose en el cuarto puesto de los sectores que más crecen el país.

Las cosechas de maíz y trigo, por su parte, están marcando récords históricos. De acuerdo con estimaciones oficiales, el maíz tendrá una cosecha de 46,5 millones de toneladas, siete millones más que la campaña pasada. Por el otro lado, en trigo se esperan 18,4 millones de toneladas, 62% más que en la campaña de 2015/2016.

Por si esto fuera poco, El Cronista reportó ayer que las ventas de trigo se duplicaron y las de maíz crecieron 23% interanual:

En trigo, las ventas de los productores a la exportación subieron 101% interanual, al totalizar poco más de 11,5 millones de toneladas al miércoles 2 último, contra algo más de 5,7 millones de toneladas que se habían comercializado a igual fecha del año anterior.

En cuanto al maíz, la exportación registró compras al 2 de agosto por 17,6 millones de toneladas, 23% superior a la de un año atrás cuando se habían reportado operaciones por algo más de 14,3 millones de toneladas del cereal.

Menos impuestos, precios más bajos

Otra reducción impositiva acometida por el gobierno de Macri fue la de los aranceles a las notebooks importadas. En una decisión con pocos  precedentes, el gobierno decidió eliminar el arancel del 35% que pesaba sobre la importación de notebooks, tablets y computadoras.

La medida, que entró en vigencia en febrero de este año, había comenzado a estudiarse a mediados de 2016, cuando los precios empezaron a reaccionar a la baja. De acuerdo con la consultora Gfk, “si se toma como punto de partida agosto de 2016, justo antes de que se conocieran las intenciones del Gobierno de introducir cambios en el arancel, las notebooks se abarataron entre 24% y 29% en términos nominales”. A eso, claro, hay que restarle la inflación.

Un dato oficial que sirve para medir la magnitud de la caída en los precios de las notebooks la ofrece el rubro “Equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de la información” que forma parte del IPC-GBA que divulga el INDEC.

Lo que se desprende del gráfico es que la inflación acumulada entre abril de 2016 y junio de este año fue de 30,9%. Sin embargo, los precios del rubro donde están las notebooks (que son equipos de procesamiento de información) cayeron en términos nominales un 5%, lo que resulta en una caída en términos reales de 27,5%.

La lección es clara: menos impuestos a la importación son productos más baratos para todos y mayor poder de compra.

Extender la medida a toda la economía

Lo mejor que puede hacer el gobierno para generar riqueza es no estorbar a quienes hace ello todos los días. Bajar los impuestos resulta en más producción, ventas y precios más bajos.

Es por ello que sería deseable que pongamos en práctica lo que dice Macri y bajemos los impuestos “en general”, en todos los sectores de la economía, recortando alícuotas y simplificando el sistema.

El único “pequeño problema” es que tenemos un déficit homérico y un gasto público récord. ¿Lo bajará el gobierno para dar margen a una verdadera reforma tributaria?

A pesar de algunas buenas intenciones, esto sigue siendo una incógnita.

Publicado originalmente en Contraeconomia.com

Recuerdo una charla que escuché hace alrededor de 10 años. Quien disertaba en esa ocasión era director de una de las consultoras políticas más reconocidas del país. No recuerdo casi nada de la charla, pero sí una frase que me quedó grabada para siempre: “en política, la traición es una virtud”.

La frase, que puede sonar detestable, hacía referencia a la necesidad de los líderes políticos de traicionar sus lealtades, incumplir sus promesas y adaptarse permanentemente al cambio del “humor social” para avanzar en su carrera política.

Ejemplos de este fenómeno sobran en la política nacional. Políticos que se cambian de partido o que incumplen sus promesas electorales son un clásico.

El gobierno nacional no escapa a esta “tradición”. Durante la campaña 2015 prometió cambiar 180 grados lo que hacía el kirchnerismo. Sin embargo, en términos fiscales la promesa fue incumplida.

El estado, origen de nuestros problemas

Durante los 12 años de gobierno kirchnerista el gasto del gobierno creció de manera vertiginosa. De acuerdo a los últimos datos oficiales del Ministerio de Hacienda, el Gasto Público Consolidado avanzó nada menos que 20,6 puntos en términos del PBI, pasando de 26,6% a 47,2%.

Este alocado aumento de las erogaciones estatales no solo genera una mala asignación de recursos que reduce el crecimiento económico, sino que también es principal responsable de nuestra delicada situación fiscal.

El déficit, como quiera que se financie, es una bomba de tiempo que el propio Macri reconoce que no puede mantenerse en el tiempo.

Sin embargo, si consideramos lo que “Cambiemos” hizo hasta ahora, la realidad es que no cambió nada. El año pasado el PBI nominal creció 38%, cayendo en términos reales. El gasto, por su parte, creció alrededor de 39,3%. Esto lleva la ratio Gasto/PBI a 47,6%. Para 2017, si se cumple lo estipulado en el presupuesto, el gasto seguirá creciendo, pero en términos nominales volveríamos a niveles del 47,1%.

Este guarismo es similar al de países europeos y 85% superior al de Chile, Colombia y Perú promediados. Too much.

¿Es malo bajar el gasto?

Obviamente, cuando se propone bajar el gasto sale a la palestra una tribu de analistas imbuidos de keynesianismo que comienzan a recitar todas las calamidades que ocurrirían si se implementara la malvada austeridad. Un menor gasto, dicen, reduce la demanda agregada, la gente consume menos, las empresas reducen sus ventas, crece el desempleo y la economía colapsa.

No obstante este libreto, lo cierto es que la evidencia demuestra que es perfectamente compatible reducir el gasto público y mantener una economía vibrante.

Recientemente, Irlanda fue testigo de esta situación. Luego de llevar sus erogaciones al 65% del PBI en 2010, las redujo de manera considerable hasta el 29,5% en 2015. En términos nominales, el gasto cayó 31%. Obviamente, no ocurrió ninguna desgracia y la economía recuperó el crecimiento al tiempo que reducía su desequilibrio presupuestario.

Otro caso célebre es el de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo al estudio de Cecil Bohanon:

En 1944, el gasto del gobierno en todos los niveles representaba el 55% del PBI. Para 1947, el gasto público había caído un 75% en términos reales, o desde el 55% hasta el 16% del PBI (…)  Sin embargo, este “desestímulo” no resultó en un colapso del gasto en consumo o en inversión. El consumo real creció 22% entre 1944 y 1947 y el gasto en bienes durables creció hasta más que duplicarse en términos reales. La inversión bruta privada creció 223% en términos reales, con un enorme incremento real que se multiplicó por seis en el gasto destinado a viviendas residenciales.

Lo mismo puede decirse de Suecia. A principios de los años ’90, el estatismo sueco entró en crisis. El gasto público crecía en términos reales mientras que, por tres años consecutivos, la actividad económica cayó. En solo cuatro años (de 1989 a 1993) las erogaciones públicas habían subido 10 puntos del PBI hasta el 68%. A partir de allí, un programa de reforma buscó mejorar las cuentas. El gasto cayó en términos reales 0,9% al año entre 1992 y 1997. La economía volvió a crecer.

Si, como se ve en estos casos, la reducción del gasto público no genera crisis, ¿por qué el gobierno no avanza por este camino?

El estado profundo

Una respuesta posible a la anterior pregunta es que el gobierno está repleto de economistas keynesianos. Es probable. Alfonso Prat Gay, ex ministro de hacienda, por ejemplo, citó a Keynes en octubre del año pasado cuando se le preguntó por este tema.

Ahora bien, incluso cuando estuvieran relativamente convencidos de las bondades de la austeridad, lo cierto es que les sería políticamente imposible implementarla. Es que en Argentina, a pesar de que vivimos en democracia, los verdaderos hilos del poder los conduce un “estado profundo”, donde intereses corporativos, sindicales y políticos confluyen para mantener el statu quo.

Si el gobierno amaga con reducirle fondos al cine, ahí estarán los actores para gritar en contra. Si se reducen los subsidios y suben las tarifas, las asociaciones de defensa del consumidor podrán el grito en el cielo. Si se despiden trabajadores estatales, los gremios harán paro y bloquearán las calles. Si baja el gasto en obra pública, las cámaras empresarias harán lobby destacando la “importancia estratégica de la infraestructura”.

A medida que crece el gasto público, crecen los grupos concentrados directamente beneficiados por el mismo. Se genera una red de corporaciones que luego presionan políticamente (y otras violentamente) para que nunca más baje. Es el “estado profundo” que gobierna sin ir a las elecciones y destruye la economía.

Para reducir el gasto, el gobierno de Macri debe, primero que nada, despojarse de la idea de que esto sea perjudicial para la actividad económica y los pobres.

Pero, más importante, debe estar listo para enfrentar los intereses creados que no quieren que nada cambie en Argentina.

Publicado originalmente en ContraEconomía.

Cuando estaba en el colegio secundario, mi profesor de historia, Mariano Eloy Rodríguez Otero, solía hablarnos de la novela italiana El Gatopardo, que siempre resumía con la frase “cambiar todo para que nada cambie”.

De acuerdo con Wikipedia, “en ciencias políticas se suele llamar “gatopardista” al político que inicia una transformación política revolucionaria pero que, en la práctica, sólo altera la parte superficial de las estructuras de poder, conservando intencionadamente el elemento esencial de estas estructuras.”

¿Estamos los argentinos frente a algo similar?

De acuerdo con las estimaciones de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el gasto público total avanza, en lo que va de 2016, un 35,4% en términos nominales. Este incremento se explica principalmente por la suba de las remuneraciones al personal (34,8%), las prestaciones de la seguridad social (38,0%) y las transferencias corrientes al sector privado, como los subsidios económicos, que crecieron un 35,5%.

A mismo tiempo, el PBI este año estará creciendo aproximadamente un 34,5% en términos nominales (con caída del 2% en términos reales), por lo que el gasto público total, expresado como porcentaje del PBI, prácticamente no cambiará. Incluso, será mayor.

El gobierno de Cambiemos, al menos en términos de gasto público, cambió todo, pero para que nada cambie.

Es una pena. Al aprobarse en la cámara de diputados el proyecto opositor que modificaba el impuesto a las ganancias, el gobierno podría haberse mostrado a favor de aceptar la baja impositiva, vetando los nuevos impuestos y reduciendo el gasto por la caída de la recaudación que se estimaba.

Sin embargo, en una especie de repetición de la “campaña del miedo” sciolista, tildaron de irresponsable al proyecto y buscaron, a toda costa, convencer a los senadores para que no aprobaran el “mamarracho”.

Finalmente, gobierno y oposición llegaron a un acuerdo y en estos momentos se está votando un proyecto que considera una menor reducción de la carga tributaria para las personas físicas que la planteada por la oposición, la creación de nuevos impuestos (entre ellos un  “Impuesto Extraordinario Por Única vez a Operaciones Especulativas con Dólar Futuro” de dudosa legalidad) y ningún anuncio de reducción del gasto.

Las conclusiones que deja este nuevo acuerdo son claras: la primera es que el “estado presente” hay que pagarlo y que cuesta muy caro. Hasta noviembre de este año, el gobierno había recibido por el impuesto a las ganancias $ 390.500 millones, solo el 26% de lo gastado ¡hasta octubre!

La segunda es que, en política, bajar el gasto público equivale a cometer una herejía. Incluso un gobierno que todos insisten en llamar liberal, no quiso reducir el gasto público en un año donde la crisis producto de su exceso se hizo más que evidente.

El caso del empleo en el estado es la muestra más clara. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Trabajo, el empleo total en el sector público, que había comenzado a caer a principios de año, volvió a su nivel original en junio. Así, hoy el estado emplea a la misma cantidad de personas que en diciembre de 2015.

Es decir, el “neoliberalismo” de Macri y el “populismo” de Cristina tienen la misma cantidad de empleados, que pagas vos con tus impuestos. ¿Cambiamos?

En medio de tanto debate por la modificación del mínimo no imponible, las escalas del impuesto a las ganancias y su progresividad o regresividad, mucho se habló del “costo fiscal”, que se refiere a lo que van a dejar de recaudar los políticos cuando bajen los impuestos.

La verdad que esta frase es, como mínimo, poco feliz. Los políticos que están en el gobierno nacional, provincial y municipal ya toman demasiado de los bolsillos de los argentinos. Sin embargo, hacen que eso se vuelva insuficiente porque gastan a dos manos.

“Costo fiscal”, en realidad, debería llamársele al hecho de que los contribuyentes argentinos ya pagamos 96 impuestos diferentes, y que la presión tributaria creció 17 puntos del PBI durante la gestión kirchnerista.

Un verdadero cambio en la política económica sería emprender un plan de reducción de gasto público, que lo lleve, como mínimo, al 30% del PBI. Si eso sucediera, el espacio para reducir impuestos sería increíblemente mayor sin necesidad de incrementar el déficit fiscal, que genera inflación y endeudamiento.

A pocos días de que llegue la navidad, tal vez podamos pedirle a Papá Noel que nos traiga ese regalo.

¿Podrá el simpático barbudo convencer a nuestros políticos? Está difícil.

Publicado originalmente en Inversor Global.

La economía de las familias y las empresas tienen mucho para enseñarles a los gobiernos. Si en una familia los ingresos corrientes no dan para costear las vacaciones, el colegio de los chicos, el mantenimiento del auto y el pago del alquiler, ésta puede acudir a la tarjeta de crédito.

Sin embargo, si la diferencia entre ingresos y gastos no cambia,la deuda comenzará a ser un problema y la familia va a enfrentar una crisis.

Lo mismo le sucede a las empresas. Pueden pagar alquileres de oficinas lujosas, autos para los cargos ejecutivos, y hacer multimillonarias campañas de publicidad con cargo a deuda.

No obstante, si no llega un día en que los ingresos superan a los costos, la empresa se verá enfrentada a severas dificultades financieras.

Vistas de manera superficial, la familia y la empresa están enfrentadas al problema de la deuda. Ahora cuando uno mira la situación con mayor detenimiento, observa que lo que originó esa deuda fue el gasto, que superó a los ingresos. Y ahí es donde hay que trabajar para solucionar el problema.

Es por esto que las acciones de las compañías suelen subir cuando anuncian una baja de los costos operativos. Menos costos implican una mayor eficiencia productiva y, también, una mayor capacidad para cumplir con los acreedores.

A las familias les sucede lo mismo. A veces hay que hacer sacrificios.

En la economía Argentina pasa algo similar. Son numerosos los analistas de todos los sectores y colores políticos que advierten sobre el elevado ritmo de endeudamiento del gobierno nacional. El diario La Nación sostuvo recientemente que “El Gobierno volvió a emitir bonos y ya recurre al mercado una vez cada 6 días”. El total de deuda emitido en lo que va del año asciende a U$S 40.000 millones, el 16% del stock que el gobierno informó a diciembre de 2015.

Para Agustín D’Attellis, economista y reconocido defensor de las políticas económicas del gobierno kirchnerista, la deuda en dólares que contrae el gobierno tiene el objetivo de financiar la fuga de capitales y el giro de utilidades de las empresas en el exterior.

Esto no es cierto. En un mercado cambiario libre, cualquiera puede ahorrar en el extranjero o enviar las ganancias de su empresa a la casa matriz. Ahora esto podría pasar también con un gobierno que tuviera superávit fiscal y, por tanto, ninguna necesidad de endeudarse. La deuda del gobierno, entonces, nada tiene que ver con la compra de dólares por parte de los privados.

Ahora con lo que sí tiene que ver la deuda pública es con el déficit público. De la misma forma que la familia que está utilizando la tarjeta de crédito, o la empresa que acude al financiamiento en el mercado, lo que explica el endeudamiento del gobierno es el desequilibrio entre ingresos y gastos.

El año pasado, el déficit fiscal sin tener en cuenta las transferencias de ANSES y el BCRA fue de $ 370.000 millones (6,3% del PBI). Este año, a pesar del muy tímido intento de recortes en subsidios energéticos, el mismo se ubicará en torno a los $ 560.000 millones, un 7,1% del PBI.

Con este nivel de desajuste, se comprende de dónde viene la montaña de la deuda. La pregunta, entonces, es cómo solucionar esto.

Una respuesta que suelen dar los políticos es la de aumentar los impuestos “a los ricos”. El gobierno, de hecho, ya está planteando algo del estilo, porque enviará al congreso un proyecto para modificar las escalas del Impuesto a las Ganancias, incorporando una nueva del 40%. El problema es que este incremento de los impuestos “a los ricos” repercute en toda la economía, ya que reduce los incentivos al progreso y la mejora de la productividad.

Otra respuesta es que el crecimiento económico incrementará la recaudación. Esto es una posibilidad. En la medida que hay más producción, ventas y consumo, la recaudación tributaria sube, pero no sabemos a ciencia cierta si será suficiente para cubrir el gasto. Además, lo que debería hacer el gobierno es reducir aún más las tasas impositivas; no dejarlas como están y esperar embolsar más dinero del contribuyente.

La conclusión es clara: si no queremos subir los impuestos, y de hecho pensamos que lo mejor es bajaros, pero tampoco queremos volver a la emisión monetaria descontrolada que genera inflación, solo queda una forma de abordar el problema fiscal: reducir el gasto público.

Menos gasto público es menos déficit. Y menos déficit es menos inflación, menos deuda, y menos carga tributaria. Es hora de que los políticos escuchen el mensaje.

Publicado originalmente en Inversor Global.

Un joven emprendedor estaba preocupado por sus finanzas personales. Tras meses de pensar y pensar, no encontraba la forma de incrementar sus ingresos, por lo que decidió buscar ayuda consultando a dos amigos economistas.

El primer profesional que visitó se identificaba con la corriente principal del pensamiento económico. Es decir, esa que de acuerdo con Peter Boettke abarca desde David Hume y Adam Smith y llega hasta F. A. Hayek y James Buchanan.

La conversación se dio de esta forma:

- Estimado amigo, me gustaría ganar $ 100 más por mes: ¿Qué me aconsejas?

- Bueno querido amigo, te recomiendo que ahorres un poco cada mes, y luego busques invertir ese ahorro en un proyecto productivo que le sirva a la gente. De esa manera vas a generar una rentabilidad que te permitirá ganar esos $ 100 que estás buscando.

Luego de visitar a su primer contacto, se dirigió al segundo. Su nuevo consejero también era economista, pero identificado con la corriente keynesiana. La charla fue la siguiente:

- Estimado amigo, me gustaría ganar $ 100 más por mes: ¿Qué me aconsejas?

- Muy fácil mi estimado, tienes que salir a gastar $ 100.

Desde el punto de vista keynesiano, el motor del crecimiento económico es el gasto público. Cuando el gobierno gasta, entonces genera ingresos para una parte de la economía, pero esta parte luego lo vuelca a otros sectores generando un “efecto multiplicador” que reactiva el consumo, la demanda agregada y el bienestar social. Para que el efecto multiplicador tenga un impacto verdadero, el gasto debe ser preferentemente deficitario. Así, el déficit público aparece como la receta perfecta para encender la economía cuando ésta se encuentra alicaída.

La tesis keynesiana está prendiendo en el gobierno. Recientemente en La Nación, el periodista Néstor Scibona escribía que, para cambiar las expectativas de la economía, el gobierno tenía pensada una batería de instrumentos. Entre ellos, el principal era una “política fiscal expansiva, basada en mayor ritmo de ejecución de obras públicas de carácter social y licitaciones de nuevos proyectos de infraestructura vial y ferroviaria (…) y el pago de juicios y/o mejora de haberes a más de 2 millones de jubilados de ingresos medios”.

Como se observa, luego de reconocer que el déficit era uno de los principales económicos a resolver y que las cuentas fiscales debían ordenarse para bajar la inflación, ahora el gobierno parece que se compromete a hacer precisamente lo contrario. Darle “bomba” al gasto público (e incumplir sus objetivos de déficit) con la ilusión de que así la economía vuelva a crecer.

El problema de este enfoque es que ya se aplicó y fue un estruendoso fracaso.

Durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, los ministros Lorenzino y Kicillof llevaron adelante una agresiva política fiscal. El déficit, que sin la contabilidad creativa ya ascendía a $AR 84.300 millones en 2012, se multiplicó por 4 en 2015, ascendiendo a $AR 370.000 millones o más del 6% del PBI.

El efecto de esta expansión del gasto deficitario del gobierno no fue el esperado por los keynesianos. Durante esos 4 años, la economía estuvo prácticamente estancada, creciendo al 0,3% promedio por año y reduciendo el producto per cápita de los argentinos. Por si esto fuera poco, el período estuvo signado por el aumento del nivel de pobreza.

Lo curioso del gobierno actual no es tanto que no haya aprendido la lección de “la era Kicillof”, sino que no escuche la opinión de los propios miembros de su equipo económico al respecto. En el año 2013, Federico Sturzenneger publicó un libro titulado “Yo no me quiero ir”. Allí explicaba por qué los aumentos del gasto público no reactivaban la economía:

Una manera de ver que el impacto (de aumentar el gasto público) puede no ser significativo, parte de entender que cuando el gobierno gasta, primero tiene que conseguir el financiamiento para ese gasto; es decir, tiene que cobrar impuestos o tomar la plata prestada. Pero esto implica que mientras gasta por un lado, le resta un poder de compra similar a quienes les está cobrando impuestos o de quienes está tomando deuda

Nada es gratis. Ni siquiera el déficit fiscal. Si el gobierno gasta y cobra impuestos, no hay un mayor gasto total. Si gasta con déficit, alguien tiene que financiar el déficit prestándole plata al tesoro. Si nadie lo hace, todavía queda la inflación, que no es otra cosa que la imposición de un nuevo impuesto que reduce la capacidad de consumo de la gente.

La idea de que el aumento del gasto público estimula la economía tiene pies de barro tanto en la teoría como en la práctica. Así que un consejo para el actual equipo económico es que deje de guiarse por los cantos de sirena de losgastoadictos y siga en el camino de equilibrar las cuentas públicas.

Solo si se baja el déficit achicando el gasto habrá posibilidad de bajar impuestos. Y solo con una menor carga tributaria Argentina tendrá la probabilidad de volver a crecer para alcanzar a los países que progresan en el mundo.

Publicado originalmente en Inversor Global.