Este lunes, el mejor jugador argentino de la historia del básquetbol, Emanuel “Manu” Ginóbili anunció su retiro definitivo del deporte.

Entre sus éxitos más notables están 4 campeonatos de la NBA, la medalla de plata en el Mundial de 2002 con la selección argentina y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Por sus éxitos profesionales, Ginóbili sin dudas quedará en la historia como uno de los más grandes exponentes del deporte argentino, junto con Juan Manuel Fangio, Diego Maradona, Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini.

En el año 2010, este crack del basquetbol grabó un video para unos chicos que iban a participar de un encuentro que se haría en Villa Carlos Paz. El video terminó circulando en las redes tiempo más tarde y se hizo viral.

El mensaje es más que interesante. Allí, Ginóbili decía:

“Ustedes verán que yo juego en la NBA, que gano mucha plata, salgo en el diario, en revistas, en televisión, y pensarán que qué bueno ser así, y ‘que te toque’.

Y la verdad que no es tan así, ‘que te toque’.

Si bien hay mucha gente que se esfuerza muchísimo, cuando lo ven en mí, en Chapu Nocioni, en Luis Scola, no es algo que alguien nos regaló, que se dio y nada más… ¡Nos tuvimos que romper el c*** realmente!

Desde los 14-15 años que yo me metí en un gimnasio, me puse a entrenar, y realmente relegamos muchísimo.

Para dar un caso concreto, no fui al viaje de fin de curso porque tenía que entrenar, tenía que jugar. O no salía los fines de semana con mis amigos, que la pasaban bárbaro, y yo me la tenía que bancar porque al otro día entrenaba y tenía un objetivo bien en mente que era jugar al básquet y ser el mejor que yo podía ser.

Pero esto no solo aplica al básquet o al deporte, si ustedes quieren ser dentistas, lo que sea, hay que esforzarse y romperse…”

¿Habrá alguna relación entre el mensaje de “Manu” y la economía argentina de hoy en día?

Sí, mucho más de lo que te imaginás.

Las reglas de la economía y las reglas de la política

El mensaje de Ginóbili hace referencia a algo clave en la vida de cualquier persona, que se hace esencial en el análisis y la política económica: en la vida hay que elegir. Si uno quiere tomar un camino, necesariamente deberá dejar otro relegado. Los recursos con que uno cuenta sencillamente no alcanzan para recorrer todas las posibilidades.

En la economía sucede lo mismo. De hecho, deberíamos decir que toda la ciencia económica está basada en este y solo en este principio: los recursos son escasos.

Tan importante es la escasez para la ciencia económica que el economista y pensador norteamericano Thomas Sowell solía bromear diciendo que “la primera lección de la economía es la escasez: nunca hay suficiente de ninguna cosa para satisfacer plenamente a todos los que la quieran”.

A renglón seguido, Sowell planteaba que la primera lección de la política era ignorar la primera lección de la economía.

Ahora bien, cuando la política ignora la primera ley de la economía, aparecen los problemas.

A corto plazo, claramente, todo parece marchar bien. Si Manu Ginóbili hubiera ido al viaje de egresados o salido todos los fines de semana con sus amigos, seguro habría pasado una juventud mucho más divertida… Sin embargo, no habría llegado a ser quien es hoy.

Igual pasa con la economía de un país. Los políticos prometen de todo, para todos, todo el tiempo. Frente a cualquier reclamo de cualquier sector, decretan un subsidio, arman una comisión, o erigen un nuevo departamento de apoyo a la actividad de lo que sea…

A corto plazo todos contentos.

A largo plazo, sin embargo, la economía se impone y queda expuesta la realidad. No hay de todo, para todos,  todo el tiempo. La plata, en algún momento, se acaba.

Se acabó la plata

El kirchnerismo llevó al extremo la primera ley de la política. Incrementó el gasto público en 20 puntos del PBI y destrozó las cuentas fiscales, transformando un superávit de 3,5% en un déficit de 6%.

El macrismo, por más discursos y buenos gestos, no hizo nada para revertir esta situación. El gasto público cayó marginalmente, pero el déficit fiscal siguió creciendo.

No obstante, en un primero momento el mercado compró el mensaje de “Cambiemos” y pareció estar listo para financiar el gradualismo propuesto por Macri-Peña-Prat-Gay. En 2016 y 2017, de hecho, hubo una lluvia literal de dólares que permitió que la fiesta siguiera un poco más.

Ahora bien, después de que tras las elecciones parlamentarias no se vieran grandes cambios, y después de que el 28 de diciembre de 2017 se ordenara al Banco Central reducir su tasa de interés, la confianza comenzó a caer.

Finalmente, cuando las condiciones financieras globales cambiaron, la lluvia de dólares se terminó.

Los recursos son escasos y hoy lo que falta es financiamiento genuino para el agujero fiscal que tiene el gobierno.

La suba del dólar responde directamente a esta cuestión. Lo que antes era excesivamente abundante (“atraso cambiario”) hoy no aparece por ningún lado, ni siquiera tras el acuerdo con el FMI.

Volviendo a Ginóbili,  no hay soluciones fáciles ni a nadie “le toca” nada. De acá en adelante, el gobierno tendrá que “hacer esfuerzos”, lo que implica bajar el gasto público para que las cuentas cierren.

Cualquier otro camino puede llevarnos a una crisis todavía peor.

Argentina nuevamente está entre la espada y la pared por sus problemas fiscales.

Con un gran desequilibrio de las cuentas públicas, el gobierno de Macri necesita de cientos de miles de dólares de endeudamiento para poder seguir funcionando, pero a diferencia de lo que pasaba meses atrás, esos dólares hoy ya no están disponibles.

Las condiciones financieras internacionales cambiaron, y hoy el dólar se convirtió en un bien más escaso, lo que hizo que su precio subiera violentamente. Las consecuencias de este “shock” todavía están por verse, pero seguramente implicarán recesión, mayor inflación y, lamentablemente, un mayor nivel de pobreza.

Ahora bien, a la hora de darle una solución al agujero fiscal, algunos proponen bajar el gasto público, otros proponen subir más los impuestos, y hay otros que opinan que deben combinarse ambas fórmulas.

De acuerdo con los “impuestadores”, el esfuerzo debe ser compartido por todos, y algunos sectores deberían aceptar de buena manera que les suban los impuestos (o que no se los bajen, como estaba previsto).

Este grupo olvida que la carga tributaria que tolera el sector privado en Argentina está entre las más altas del mundo y que ese esfuerzo del que hablan lo vienen haciendo hace años, financiando un estado que cada vez se come una mayor porción de la riqueza nacional.

Por último, también ignoran una lección de la historia: que para ajustar las cuentas públicas, es mucho más eficiente reducir el gasto público que subir los impuestos.

Estímulo vs. Ajuste

En el año 2009, un momento en que el gobierno de los Estados Unidos lanzaba el más masivo estímulo fiscal de la historia reciente, los profesores de Harvard Alberto F. Alesina y Silvia Ardagna se propusieron investigar qué impacto tenía la política fiscal en la economía.

Más precisamente, querían entender el efecto de los “estímulos fiscales” y los “ajustes fiscales” (definidos éstos como un año en donde el resultado primario ajustado por el ciclo económico empeora/mejora en un 1,5% del PBI o más) sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas y el crecimiento económico.

Lo que estos académicos deseaban encontrar era la respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué es mejor para promover el crecimiento, un estímulo fiscal basado en el aumento del gasto o uno basado en el recorte de impuestos? ¿Qué es mejor  para reducir el déficit y la deuda, una baja del gasto público o un aumento de los impuestos? Y, por último: ¿resienten la actividad económica los ajustes fiscales basados en una baja del gasto?

Para responder dichas preguntas, indagaron en los datos de 21 países de la OCDE (entre ellos, Estados Unidos, Holanda, Nueva Zelanda, Alemania, Francia y Finlandia) para un período de 37 años, desde 1970 al año 2007.

Sus conclusiones son más que interesantes y de importancia crucial para nuestra coyuntura local.

Según Alesina y Ardagna:

Nuestros resultados sugieren que los recortes tributarios son más expansivos que los aumentos del gasto en los casos de estímulo fiscal. Para los ajustes fiscales, mostramos que los recortes de gastos son mucho más efectivos que los aumentos de impuestos para estabilizar la deuda y evitar las recesiones económicas. De hecho, descubrimos varios episodios en los que la reducción del gasto público adoptada para bajar el déficit se vio asociada a períodos de crecimiento económico, no recesiones.

En números concretos, el trabajo encontró que en los “estímulos fiscales expansivos” –es decir, aquellos que resultaron en un mayor crecimiento de la actividad económica- el gasto total subió aproximadamente 1 punto del PBI, mientras que la recaudación cayó más de 2,5% del PBI.

Por el contrario, cuando el gasto subía cerca de 3% del PBI pero la recaudación permanecía constante, no había un efecto expansivo.

Crecer con Ajuste

Al analizar procesos de ajuste del déficit, los autores se centraron en dos puntos. Por un lado, si dicho ajuste fue exitoso en términos de reducir de manera sustentable el desequilibrio de las cuentas públicas y el nivel de deuda. Por el otro, si dicho ajuste se vio asociado a episodios de recesión.

En este último tema, los resultados son nuevamente sorprendentes. Los episodios de ajuste considerados expansivos en términos de actividad económica fueron aquellos caracterizados por el recorte del gasto público. Concretamente, en dichos episodios el gasto primario cayó en 2% del PBI, mientras que la recaudación solo subió 0,34%. Por el otro lado, en los ajustes fiscales considerados no expansivos el gasto cayó solo 0,7% del PBI, pero la recaudación subió 1,2%.

A la luz de estos datos, Alesina y Ardagna sostienen:

De aquí que los ajustes que se hacen por el lado del gasto tengan efectos mejores sobre el crecimiento que los que se hacen con base en el aumento de la recaudación

Los autores continúan indagando en qué tipo de ajuste fiscal es más exitoso en términos de reducir el déficit y la deuda. Aquí, nuevamente, concluyen que el recorte del gasto es la forma más segura de resolver un desequilibrio presupuestario.

Tras décadas de crisis fiscales, en Argentina todavía debatimos si tenemos que tener déficit o no. Peor aún, también debatimos si el déficit no debería cerrarse cobrando más impuestos.

Esperemos que los datos de estos 21 países analizados por los profesores de Harvard nos ayuden a pensar mejor las cosas.

La semana pasada marcó un cambio definitivo en la estrategia del gobierno para conseguir la estabilización de la macroeconomía argentina.

El acuerdo con el FMI derivó en unos anuncios que, por un lado, muestran una aceleración del ritmo de reducción del agujero fiscal y, por el otro, buscan reforzar de manera contundente la independencia y credibilidad del Banco Central.

En este último aspecto, destaca el hecho que el Banco Central irá cancelando progresivamente gran parte de su deuda (las Lebac), en la medida en que el Tesoro cancele parte de la suya con el Banco Central (las Letras Intransferibles).

Ahora bien, ¿quiere esto decir que había una bomba de Lebac para desactivar?

En dos notas previas, escritas por este servidor, planteaba que ése no era el caso.

Las Lebac son un instrumento más de regulación monetaria y, si había necesidades de absorber la liquidez del mercado, entonces era lógico que su stock creciera. Además, basándome en datos de Chile y de Perú (ver aquí y aquí), consideré que el stock de Lebac, en sí mismo, no representaban un peligro a futuro.

El razonamiento era lógico: “si en Chile el stock de Lebac aumentó considerablemente y la inflación pudo bajar, en Argentina lo mismo podría ocurrir”.

Mis comentarios despertaron la atención (y, tal vez, la indignación) de un muy buen profesor de la excelente Universidad del CEMA, Mariano Fernández.

En su más reciente artículo, de hecho, comenta que el acuerdo con el FMI demostraría que las Lebac eran efectivamente una bomba, y que el caso chileno fue exitoso porque sus cuentas fiscales estaban más ordenadas que las de nuestro país.

El artículo del profesor Fernández erra, a mi juicio, al sostener que el régimen de Metas de Inflación comenzó en diciembre de 2015 (fue, en realidad, en septiembre de 2016) y al considerar que después de los recientes anuncios tendremos un sistema que “controle agregados monetarios” en lugar de la tasa de interés. Esto tampoco es así: el sistema de metas de inflación con tipo de cambio flexible y tasas de interés, de hecho, no se va a modificar en su esencia.

Al margen de estas diferencias superficiales, vayamos a explorar los argumentos de fondo.

Thomas Sargent y la dominancia fiscal

En 1981, el Premio Nobel de economía Thomas Sargent publicó un paper junto con Neil Wallace donde explicaba que, en un régimen caracterizado por la dominancia fiscal, una política monetaria dura para bajar la inflación solo lo conseguiría a costa de mayor inflación en el futuro.

Esto es así porque, en un sistema donde el Banco Central fijara la tasa de expansión monetaria, el déficit del gobierno solo podría ser financiado en parte con los pesos emitidos por él, teniendo el resto que financiarse en el mercado de bonos. Ahora bien, llegado el punto en que el mercado de bonos se saturase, entonces el Banco Central deberá financiar ese déficit con “señoreaje, requiriendo la creación de dinero adicional. Más tarde o más temprano, en una economía monetaria, el resultado es inflación adicional”.

Sargent, uno de los decanos de la teoría de las “expectativas racionales” enfatizaba su punto al considerar que, si la demanda de dinero dependía de la tasa esperada de inflación, entonces podría darse el caso de que la autoridad monetaria ni siquiera pudiera bajar la inflación en el corto plazo.

Es que los agentes racionales, esperando una mayor expansión monetaria en el futuro, reducirían hoy su demanda de dinero, haciendo que la “dureza monetaria” tuviera poco efecto sobre la tasa de inflación.

El profesor Fernández emplea a Sargent para sostener que las Metas de Inflación no fueron una buena estrategia de Política Monetaria:

El uso de la tasa de interés como herramienta de estabilización mediante la emisión de pasivos monetarios remunerados resultó caro e ineficiente, dadas las restricciones a las que enfrenta el Banco Central. [La negrita es mía]

Ahora bien, lo que cabe aclarar en primer lugar es que el punto de Sargent es válido para cualquier política monetaria que busque frenar la inflación. De hecho, un ejemplo de la vida real de la “Desagradable Aritmética Monetarista” fue la salida de la convertibilidad argentina. Ni siquiera un tipo de cambio fijo pudo sobrevivir a un déficit fiscal permanente y creciente.

Ahora en segundo lugar también es necesario explicar que Sargent y Wallace solo asumen que la desagradable aritmética monetarista opera en un contexto de dominancia fiscal, pero admiten otras posibilidades, en donde la política monetaria efectivamente resulte en una baja permanente de la inflación.

En sus palabras:

Se pueden interpretar las propuestas de restricción monetaria de forma diferente a como lo hemos hecho en este documento (…) como permitir que la autoridad monetaria se mueva primero y, por lo tanto, imponga disciplina a la autoridad fiscal.

En esta interpretación, la autoridad monetaria se mueve primero al anunciar una regla fija (…) no solo para t = 2, 3,…, T, sino para todo t> 1. Haciendo esto de una manera vinculante, la autoridad monetaria obliga a la autoridad fiscal a elegir una secuencia [de déficit] coherente con la política monetaria anunciada.

Esta forma de restricción monetaria permanente es un mecanismo que efectivamente impone disciplina fiscal (…)

Nada en nuestro análisis niega la posibilidad de que la política monetaria pueda afectar permanentemente la tasa de inflación bajo un régimen monetario que efectivamente discipline la autoridad fiscal.

En este sentido, cabe destacar que la política monetaria argentina de 2015-2017 buscó efectivamente mostrar un sendero de dominancia fiscal cada vez menor, lo que queda explícito en el gráfico de más abajo, donde  aparecen las transferencias del Banco Central al tesoro, con un claro rumbo descendente:

El cambio recientemente anunciado es un refuerzo de este punto. A partir de ahora habrá cero emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, por lo que el gobierno deberá financiarse en el mercado u, obviamente, con el dinero del FMI.

Si la nueva Carta Orgánica se aprueba y esta medida queda grabada en la ley, entonces podríamos estar en un caso de “dominancia monetaria”, algo que Sargent nunca excluyó como posibilidad.

Así,  el punto de Sargent, aplicado por el profesor Fernández, se basó siempre en el supuesto de que existiera la dominancia fiscal… Algo que yo jamás discutí, y que dejé claro en mi primera nota sobre la bomba de Lebac, al afirmar:

No voy a ser yo el que diga que, si todo sigue igual, esta vez va a ser diferente. Argentina tiene una larga historia de déficits fiscales y crisis homéricas que arrojan a la gente a la pobreza y nos impiden crecer a largo plazo.

La irresponsabilidad fiscal, de hecho, fue el talón de Aquiles de diversos sistemas monetarios como el de la Tablita, la Convertibilidad, o el del tipo de cambio “competitivo” de los primeros tiempos del kirchnerismo.

Lo mismo buqué sostener cuando describí la historia de Paul Volcker en la Fed. El déficit fiscal claramente determina la inflación, pero solo si el Banco Central está dispuesto a monetizarlo, algo que no ocurrió durante la “desinflación Volcker”.

Suavizar la inflación

Otro texto relevante que cita Fernández es el de Martín Uribe, de la Universidad de Columbia. Allí, Uribe explica que, desde un punto de vista normativo, la desagradable aritmética monetarista de reducir la inflación al principio a costa de una mayor inflación en el futuro podría tener sentido.

Para Uribe, esto depende de la trayectoria esperada del déficit fiscal. Si se espera que éste vaya descendiendo en el futuro, entonces tiene sentido que el Banco Central adopte una política monetaria dura que reduzca la inflación, incluso si esto implica tener mayor inflación en el futuro.

Esto es así porque dado que la inflación representa una distorsión, “suavizar esta distorsión en el tiempo puede implicar un incremento en el bienestar”.

El profesor de Columbia sostiene que:

…si se espera que el déficit fiscal primario disminuya con el tiempo, entonces es óptimo que el gobierno no monetice completamente el déficit fiscal y, en su lugar, permita que la deuda pública crezca con el tiempo como una fracción del producto.

Para él, entonces, cuando el déficit fiscal (en porcentaje del PBI) se encuentra por encima del promedio (o sea que se espera que caiga), entonces será una estrategia óptima la de colocar Lebacs para reducir la inflación (Uribe utiliza el caso argentino, de hecho, como ejemplo). Estos resultados claramente se contraponen con el rechazo de Fernández a las Lebac.

Pero, claro, Fernández responde a Uribe diciendo que el déficit fiscal en Argentina no baja (¿ni bajará?), por lo que la lebaquización de la economía no es óptima:

La trayectoria temporal del déficit fiscal real (deflactado por el Indice de Precios de UCEMA) medida por un promedio móvil de 12 períodos, para evitar problemas de estacionalidad, muestra claramente el deterioro de las cuentas fiscales.

Lo curioso del asunto es que Fernández utiliza el déficit fiscal real, y no el medido en términos del PBI. Además, no hace proyecciones ni toma alguna ya hecha para determinar si éste efectivamente caerá en el futuro.

Ahora lo central del asunto es que la crítica vuelve a ser fiscal: si el déficit fiscal nunca se corrige, entonces la dominancia llevará a mayor inflación y la estrategia habrá sido mal elegida.

Este punto es correcto si hay dominancia fiscal, pero aplica a cualquier política monetaria. No es algo específico de las Metas de Inflación, y no es algo específico de las Letras emitidas por el Banco Central.

Un punto sobre la credibilidad

Un segundo argumento que se utiliza para desacreditar las metas de inflación es el de la credibilidad. Así, se postula que un Banco Central poco creíble tiene menos eficacia para reducir la inflación.

El punto es claramente válido y tampoco lo cuestioné nunca. De hecho, es válido para cualquier esquema monetario. Si los agentes esperan que la contracción monetaria sea solo transitoria, entonces caerá la demanda de dinero, resultando en inútiles los esfuerzos del Banco Central por reducir la inflación.

Para Guillermo Calvo y Carlos Végh:

… un programa de estabilización con tasas de interés con poca credibilidad, generará una fuerte reducción del producto, pero que solo será acompañado de una baja reducción de la inflación.

Si bien estos autores consideran que la baja credibilidad es menos dañina en un esquema de control de agregados monetarios, igualmente consideran que si este pilar de la policía monetaria es bajo, igual de baja será la caída de la inflación.

En el tema de la credibilidad no creo que tengamos diferencias con el profesor Fernández. De hecho, en su artículo más reciente él critica la decisión del 28D producto de su efecto en la credibilidad, algo que yo también hice (aquí, aquí, aquí, aquí y aquí).

Los datos también son elocuentes en cuanto al tema. Si comparamos las expectativas de inflación con las metas definidas por la autoridad monetaria, veremos que el “gap de credibilidad” era creciente previo al 28D, se ajustó un poco para seguir creciendo después de ese día, y finalmente saltó tras la llegada de la corrida cambiaria, en mayo:

Tal vez el punto de diferencia aquí entre ambos análisis es que yo pienso que está dentro de las herramientas del BCRA el poder ganar credibilidad.

Y, en un contexto de gradualismo y acumulación de reservas (dos temas que hacían que el BCRA emitiera pesos que podría haberse ahorrado de emitir), esta credibilidad solo podía ganarse con una mayor tasa de interés y absorbiendo mayores cantidades de dinero excedente.

Las medidas anunciadas recientemente apuntan a restituir la credibilidad del BCRA sin cambios en la tasa. El fin del financiamiento monetario del déficit, el fin de la acumulación de reservas y la eventual nueva Carta Orgánica dotan al organismo de mayor independencia y autonomía, dos pilares clave en la construcción de credibilidad.

¿Podría haberse hecho antes? Sin duda, pero más vale tarde que nunca.

Conclusión

A mi modo de ver, las Lebac nunca fueron el problema principal de la política económica y, de hecho, de acuerdo con Uribe, eran una estrategia óptima para suavizar la inflación.

Las Lebac, en cuanto instrumento para regular la liquidez del mercado, incluso podían considerarse un instrumento dentro de un esquema que iría migrando lentamente desde uno “fiscalmente dominante” a otro “monetariamente dominante”. Es por esto que nunca me preocupé tanto por su existencia. Y es por esto que otros colegas hasta las consideraron el elemento clave que hizo que Argentina no fuera a una hiperinflación.

La corrida cambiaria, entonces, no tuvo que ver con las Lebac, sino que fue el resultado de combinar el gradualismo con el cambio de contexto internacional. Al cortarse o restringirse seriamente el “chorro del financiamiento”, la confianza en los títulos argentinos cayó, y así también cayeron bonos, acciones y los títulos del BCRA.

Ahora eso no quiere decir que la deuda remunerada del BCRA fuera un problema en sí mismo. De hecho, la experiencia internacional muestra que no lo es.

Con poca credibilidad y cero convergencia al equilibrio fiscal cualquier sistema monetario es inviable. Por eso yo nunca discutí esos puntos, pero sí busqué destacar que – en sí mismas- las Lebac no eran un problema, ni tampoco el esquema de Metas de Inflación (las experiencias históricas lo dejan bien parado, aunque no como el esquema más veloz para estabilizar).

Con los nuevos cambios, que dotan al BCRA de mayor credibilidad e independencia, además que eliminan dos fuentes de emisión monetaria, deberíamos ver una menor inflación en el futuro, con un menor esfuerzo de esterilización por parte de la autoridad monetaria.

Ustedes dicen que a partir de negociar con los buitres van a conseguir fondos en dólares y que entonces no van a hacer un ajuste [brusco del déficit fiscal].

¿Pero por qué quieren que hacer ese ajuste? Porque si no, teóricamente, hay que emitir pesos.

 Ahora cuando lleguen los dólares: ¿le van a dar los dólares a los gobernadores, o pesos? Van a emitir los mismos pesos si no hacen el ajuste, van a traer dólares, y van a darles pesos. Con lo cual el grado de emisión [monetaria] para sostener el gasto, le pregunto si no es el mismo al final.

En su momento Prat-Gay respondió que no era lo mismo para el balance del Banco Central emitir pesos para comprar dólares que emitirlos para comprar adelantos transitorios y demás artilugios para financiar el déficit.

La discusión quedó ahí, pero me da la impresión que aún no queda claro dónde está la diferencia.

Recientemente, por ejemplo, discutía con un amigo que utilizaba un argumento muy similar al de Kicillof para sostener que la “dominancia fiscal” no se terminó y que, producto del déficit fiscal que sostiene el gobierno de Cambiemos, el Banco Central se ve obligado a emitir pesos.

Claro, la situación hoy es diferente: la emisión monetaria no va a comprar “adelantos transitorios”, sino los dólares que llegan de la deuda que se coloca afuera. Pero, en esencia, se trata de la misma dominancia fiscal de siempre.

Desde mi punto de vista, esto no es correcto.

Qué es dominancia fiscal

Indagando un poco en la definición de dominancia fiscal me topé con un artículo de Enrique Szewach, quien sostiene que:

En castellano básico, se trata de la maquinita del Banco Central (ahora ampliada por Ciccone), financiando el gasto público. En estas circunstancias la cantidad de dinero, la oferta monetaria, es función del déficit fiscal y no de decisiones de política del Banco Central.

Un trabajo del Banco Central de Colombia la define en el mismo sentido:

“En un régimen de dominancia fiscal, la autoridad fiscal fija exógenamente el sendero futuro del balance primario, independiente del nivel de su deuda, por lo que sus políticas de ingresos y gastos no necesariamente se orientan a satisfacer la condición de solvencia de las finanzas públicas. Desde el punto de vista de la determinación del nivel de precios, bajo este régimen la autoridad monetaria pierde capacidad para controlar la inflación, en la medida que los precios terminan siendo afectados por las decisiones fiscales de un gobierno autónomo. Puesto que la política monetaria “se acomoda” a la política fiscal, ésta última acabará dominando la primera.”

En términos más simples, cuando el tesoro muestra un desequilibrio y hay “dominancia”, entonces el Banco Central terminará asistiéndolo, comprometiendo los objetivos inflacionarios. Es decir, déficit fiscal, monetización del déficit e inflación, la historia por todos conocida.

En Argentina, si bien esa monetización sigue existiendo, lo cierto es que es cada vez menor. El dinero que el BCRA emite en concepto de asistencia al tesoro va cayendo en términos reales y pasó de representar 5,3% del PBI a 1,1%.

Sin embargo, sí es cierto que el BCRA compra dólares y que la gran mayoría de esas divisas provienen de la deuda que contrae el Sector Público.

Desde mi punto de vista, esto no es dominancia fiscal.

Es que si definimos como dominancia a la emisión para financiar el desequilibrio del tesoro, éste claramente no es el caso.

Un ejemplo sencillo

Imaginemos que Pedro necesita tomar deuda porque gasta más de lo que gana. Una opción que tiene es pedirle a su amigo, Juan Central, que le preste el dinero… Otra es pedirle a su primo estadounidense, John, que lo haga.

Si le pide prestado a John, producto de que éste vive en los Estados Unidos, Pedro recibirá dólares para cubrir su desequilibrio. Ahora con esos dólares Pedro ya habrá encontrado sus necesidades de financiamiento totalmente satisfechas.

Pedro necesitaba plata, John le prestó dólares, y ahora tendrá que devolvérselos en algún momento futuro. Pedro no necesita más financiamiento.

Lo que sí necesita Pedro son pesos para pagar sus gastos habituales. Y para eso puede perfectamente acudir a su amigo, Juan Central, quien se ofrece a pagarle $ 20 por cada dólar. Pedro vende los pesos, Juan se los compra, y sigue la vida.

Juan no financió a Pedro, solo le compró un bien que él deseaba y que Pedro tenía.

Con el Banco Central y el tesoro sucede lo mismo. El Banco Central no está financiando al tesoro cuando le compra los dólares. El tesoro ya se financió en el mercado y sólo está vendiendo esos dólares a alguien que los quiere para “acumular reservas”.

Ahora bien, esta acción puede perfectamente ser criticada. Se puede decir que genera emisión “en exceso”, se puede decir que esa emisión exige esterilización que sube la tasa de interés, o se puede decir que esta intervención viola la libre flotación de la divisa.

Sin embargo, no debería ser considerada “dominancia fiscal”. El BCRA no está financiando el desequilibrio del fisco, sino solo comprándole un bien que desea por  su política de “acumulación de reservas” en una transacción transparente y a precios de mercado.

En el primer panel estuvo el prestigioso académico argentino, Dr. en Economía por la Universidad de Yale, Guillermo Calvo.

Calvo, experto en temas de macroeconomía, es considerado una eminencia en el estudio de la política monetaria. Y, en medio de la discusión acerca de la posibilidad de bajar la inflación en Argentina, aportó unos enfoques más que interesantes.

Sin embargo, yo quiero destacar -al menos por ahora- solo uno de ellos: la relación entre el déficit fiscal y la supuesta barrera que éste le pone a la baja de la inflación.

El economista sostuvo que el único país que había bajado una inflación con la tasa de interés como única herramienta, como hoy intenta hacer Argentina, había sido Estados Unidos. Esto se dio cuando Paul Volcker fue presidente de la Reserva Federal (1979-1987).

Entre algunas similitudes y diferencias en cada caso, Calvo destacó que la desinflación Volcker se dio en el marco de un significativo deterioro de las cuentas públicas, que pasaron de un rojo de 3% del PBI a uno del 6%.

Cuadro tomado de Calvo, Guillermo – DIAGNÓSTICO Y RETOS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL. Septiembre de 2017. (Ayer mostró este mismo chart)

Para Calvo, una cuestión clave para saber si el Banco Central podrá bajar la inflación es su credibilidad. Si un Banco Central es creíble, como buscamos explicar aquí, tendrá más éxito en bajar la inflación que si no lo es.

Ahora acá aparece la cuestión principal. En Argentina suele argumentarse que el principal problema de credibilidad que enfrenta el BCRA es el déficit fiscal.

Sin embargo, el disertante ofreció algunas importantes matizaciones al respecto:

… la credibilidad es central. Me tienen que creer, sino, estoy medio sonado.

Entonces, [como traba para la credibilidad] la que escucho mencionar muchas veces acá es el déficit fiscal alto. Eso es un problema, nadie lo va a dudar. Pero ahora estamos tratando de parar la inflación, ojo. Son dos cosas. Lo otro es de solvencia. Solvencia es un tema, parar la inflación es una cuestión más monetaria que a veces se puede hacer en el corto plazo.

(…)

Vuelvo a mostrar el gráfico con el déficit fiscal de América Latina, llega al 7% del PBI, pero la inflación promedio es alrededor del 4% para la región. No hay una correlación tan mecánica entre ambas cosas.

Al parecer, Calvo piensa que la credibilidad es importante, pero no carga las tintas sobre el déficit como el principal factor de la falta de esa credibilidad.

Se explayó más sobre este concepto. Sobre el final de la conferencia, fue más enfático:

Argentina debe encontrar otros instrumentos para fortalecer, no para abandonar esta política monetaria.

Sí que el déficit fiscal es importante, pero –en primer lugar- el BCRA no lo puede controlar. Si la solución está por ahí, cerremos la puerta del Banco y vayamos al Ministerio de Hacienda.

(…) 

Tratemos a ver si se puede hacer con instrumentos monetarios. Usemos la tasa, ojalá funcione, pero si no, usemos otras maneras que la refuercen.

(…)

Pero si decimos que hasta que no cerremos el déficit fiscal no vamos a poder parar la inflación, olvidémonos de parar la inflación. No perdamos tiempo en eso, vivamos con una inflación alta.

 

El punto levantado por Calvo es más que interesante. Es que, como escribí en esta nota, si bien (producto de que siempre que hay alta inflación encontramos un gobierno con déficit y un Banco Central que monetiza ese déficit) a veces parece que la inflación es un fenómeno fiscal, lo cierto es que es un fenómeno monetario.

Y esto quiere decir que, a pesar de que existan déficit fiscales, eso no parece ser un impedimento insuperable para bajar la inflación.

De acuerdo a lo que escuché ayer, Calvo coincide con esta visión.

Abajo puede verse la conferencia completa, a partir de la hora 1:29 del video comienza el abordaje del tema de la inflación.

PD: A la luz de lo que yo vi y escuché, notas como esta  de Carlos Arbía en Infobae lucen totalmente desacertadas y creo que desfiguran lo que quiso decir el expositor.

Recientemente se conocieron en el país nuevos datos de pobreza. La Universidad Católica Argentina, que en ausencia de un INDEC creíble tomó el rol de ser la institución referente en este tema por los últimos 10 años, divulgó sus nuevas estimaciones y puso en evidencia una cruda realidad. Tres de cada diez argentinos son pobres.

El dato conocido recientemente representa un aumento de casi 4 puntos en comparación con el año anterior y es el registro más elevado de los últimos 11 años. Una verdadera catástrofe social.

Ahora bien, mirando los números a más largo plazo, nos encontramos con que, desde el regreso de la democracia (el primer dato es de 1985, dos años después), el promedio de la pobreza en el país fue de 29,3 %. Además, también encontramos que la cantidad de pobres no muestra una tendencia a la baja (como sí lo hace en el mundo), sino que oscila en torno al promedio, con saltos bruscos cada  determinado número de años.

¿Cómo es esto posible?

Para entender por qué en Argentina hay 13 millones de personas en estado de pobreza, es necesario entender a qué se deben esos saltos bruscos que impiden que esta situación mejore con el correr del tiempo.

Si se mira el gráfico de más arriba, observamos que la pobreza superó el 30 % en 1988-1990; en 2001-2005; y también en 2016.

O sea, los aumentos fuertes de la pobreza en Argentina están directamente relacionados con las crisis económicas que el país tiene a menudo. ¿Y cuál fue la característica distintiva de esas crisis económicas? El estallido inflacionario, que hizo que los precios suban increíblemente más que los ingresos de la población.

En 1989 explotó el modelo populista de Raúl Alfonsín. Luego de décadas de inflación crónica, la emisión monetaria crecía a niveles insostenibles y los precios llegaron a subir 20.000 % anual en un mes. La economía colapsó y la pobreza se duplicó de un año a otro.

En 2002, producto de la salida de la convertibilidad, los precios treparon 40 %, mientras que los ingresos prácticamente no se movieron. El resultado fue un brutal salto de 20 puntos en la tasa de pobreza.

En 2016 sucedió lo mismo. La inflación de la ciudad de Buenos Aires marcó un aumento del 41 % anual, mientras que los salarios no treparon más allá del 30 %. La suba de 4 puntos en la tasa de pobreza puede explicarse por este fenómeno.

Como podemos observar, hay una relación directa entre inflación y pobreza, por lo que todo lo que vaya en el sentido de terminar con la inflación, será netamente positivo para mejorar la situación de los más vulnerables.

Ahora para comprender verdaderamente las causas de este fenómeno en el país, tenemos que profundizar todavía un poco más en el argumento. Después de todo, la pregunta más importante a responder es qué y quiénes son los responsables por la inflación. Ahí aparece, entonces el déficit fiscal y los políticos que gastan más de lo que ingresan como origen del problema.

El déficit fiscal genera inflación porque, para financiar el desequilibrio de las cuentas públicas, el Banco Central emite dinero en exceso que pierde poder de compra. Durante el fin de la convertibilidad, la relación no fue tan directa, pero fue el déficit lo que hizo que la convertibilidad fuera insostenible, y fue eso lo que dio origen a la tumultuosa salida que originó el estallido inflacionario.

A diferencia de lo que sucede en el mundo tomado como un todo, la pobreza en nuestro país aumenta y  —como promedio— no baja del 29 % hace 32 años. Ahora contrariamente a los que muchos quieren hacernos creer, esta situación no responde a la implementación de “políticas neoliberales”, sino a algo muy distinto.

Es el gobierno, con sus planes demagógicos, el que genera déficit fiscal. Y es el déficit el que, a la larga, termina generando crisis económicas con estallidos inflacionarios.

El verdadero liberalismo económico exige un menor rol para el gobierno y cero déficit público. Si esa receta se hubiese seguido en nuestro país, nos hubiésemos ahorrado al menos 3 crisis económicas y hoy otros serían los temas de preocupación.

A la luz de estos datos debe quedar claro que el único responsable por la pobreza es el estatismo, y que solo alejándonos de sus recetas podremos dar vuelta esta negra página de la historia argentina.

Publicado originalmente en PanAm Post.

Cuando estaba en el colegio secundario, mi profesor de historia, Mariano Eloy Rodríguez Otero, solía hablarnos de la novela italiana El Gatopardo, que siempre resumía con la frase “cambiar todo para que nada cambie”.

De acuerdo con Wikipedia, “en ciencias políticas se suele llamar “gatopardista” al político que inicia una transformación política revolucionaria pero que, en la práctica, sólo altera la parte superficial de las estructuras de poder, conservando intencionadamente el elemento esencial de estas estructuras.”

¿Estamos los argentinos frente a algo similar?

De acuerdo con las estimaciones de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el gasto público total avanza, en lo que va de 2016, un 35,4% en términos nominales. Este incremento se explica principalmente por la suba de las remuneraciones al personal (34,8%), las prestaciones de la seguridad social (38,0%) y las transferencias corrientes al sector privado, como los subsidios económicos, que crecieron un 35,5%.

A mismo tiempo, el PBI este año estará creciendo aproximadamente un 34,5% en términos nominales (con caída del 2% en términos reales), por lo que el gasto público total, expresado como porcentaje del PBI, prácticamente no cambiará. Incluso, será mayor.

El gobierno de Cambiemos, al menos en términos de gasto público, cambió todo, pero para que nada cambie.

Es una pena. Al aprobarse en la cámara de diputados el proyecto opositor que modificaba el impuesto a las ganancias, el gobierno podría haberse mostrado a favor de aceptar la baja impositiva, vetando los nuevos impuestos y reduciendo el gasto por la caída de la recaudación que se estimaba.

Sin embargo, en una especie de repetición de la “campaña del miedo” sciolista, tildaron de irresponsable al proyecto y buscaron, a toda costa, convencer a los senadores para que no aprobaran el “mamarracho”.

Finalmente, gobierno y oposición llegaron a un acuerdo y en estos momentos se está votando un proyecto que considera una menor reducción de la carga tributaria para las personas físicas que la planteada por la oposición, la creación de nuevos impuestos (entre ellos un  “Impuesto Extraordinario Por Única vez a Operaciones Especulativas con Dólar Futuro” de dudosa legalidad) y ningún anuncio de reducción del gasto.

Las conclusiones que deja este nuevo acuerdo son claras: la primera es que el “estado presente” hay que pagarlo y que cuesta muy caro. Hasta noviembre de este año, el gobierno había recibido por el impuesto a las ganancias $ 390.500 millones, solo el 26% de lo gastado ¡hasta octubre!

La segunda es que, en política, bajar el gasto público equivale a cometer una herejía. Incluso un gobierno que todos insisten en llamar liberal, no quiso reducir el gasto público en un año donde la crisis producto de su exceso se hizo más que evidente.

El caso del empleo en el estado es la muestra más clara. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Trabajo, el empleo total en el sector público, que había comenzado a caer a principios de año, volvió a su nivel original en junio. Así, hoy el estado emplea a la misma cantidad de personas que en diciembre de 2015.

Es decir, el “neoliberalismo” de Macri y el “populismo” de Cristina tienen la misma cantidad de empleados, que pagas vos con tus impuestos. ¿Cambiamos?

En medio de tanto debate por la modificación del mínimo no imponible, las escalas del impuesto a las ganancias y su progresividad o regresividad, mucho se habló del “costo fiscal”, que se refiere a lo que van a dejar de recaudar los políticos cuando bajen los impuestos.

La verdad que esta frase es, como mínimo, poco feliz. Los políticos que están en el gobierno nacional, provincial y municipal ya toman demasiado de los bolsillos de los argentinos. Sin embargo, hacen que eso se vuelva insuficiente porque gastan a dos manos.

“Costo fiscal”, en realidad, debería llamársele al hecho de que los contribuyentes argentinos ya pagamos 96 impuestos diferentes, y que la presión tributaria creció 17 puntos del PBI durante la gestión kirchnerista.

Un verdadero cambio en la política económica sería emprender un plan de reducción de gasto público, que lo lleve, como mínimo, al 30% del PBI. Si eso sucediera, el espacio para reducir impuestos sería increíblemente mayor sin necesidad de incrementar el déficit fiscal, que genera inflación y endeudamiento.

A pocos días de que llegue la navidad, tal vez podamos pedirle a Papá Noel que nos traiga ese regalo.

¿Podrá el simpático barbudo convencer a nuestros políticos? Está difícil.

Publicado originalmente en Inversor Global.

Por estos días en Argentina no se habla de otra cosa que de las tarifas de los servicios públicos. Una manera de romper el hielo en cualquier reunión, oficina o asado con amigos es comentar el aumento que recibió en su última factura de luz, gas o agua. Obviamente, los transportes no se quedan atrás, y todos hacemos fila para quejarnos.

En cualquier canal de televisión en donde se traten temas de la coyuntura, podemos ver a líderes políticos criticando el “brutal ajuste” del gobierno y a otros tantos intentando justificarlo.

Ahora la cuestión no se queda solo ahí. Recientemente, los gobernadores se reunieron con los Ministros de Interior y de Energía y resolvieron que los ajustes en los valores tendrán un tope del 400% en el caso del consumo residencial y del 500% en el caso del consumo comercial.

Por otro lado, se conocieron resoluciones judiciales que directamente frenan los aumentos, como el caso de la jueza Edith Irene Rota, quien hizo lugar al recurso de amparo solicitado por la intendenta de La Matanza, Verónica Magario.

Casos como el de esta jueza llaman particularmente la atención. En definitiva, si una cuestión como ésta pudiera resolverse con una decisión judicial, ¿por qué la misma no se tomaba mucho antes y frenaba la inflación? Para los gobernadores aplica lo mismo. ¿Por qué en lugar de quejarse por los aumentos en las tarifas, no se quejaron antes cuando el kirchnerismo llevaba adelante la destrucción del poder de compra de nuestra moneda?

El punto a entender acá es que una cosa es consecuencia de la otra. Sin inflación, no hay necesidad de ajustar trifas. Pero cuando hay inflación y congelamiento de precios el único resultado posible es el tarifazo que hoy estamos viviendo.

Ahora bien, a pesar de la angustia y el mal trago de corto plazo que esto significa para todos, hay tres aspectos positivos que se derivan de los aumentos. Estos son: la reducción de la inflación, la mejor calidad del servicio y una mayor cantidad de inversiones que llegarán al país.

Menos subsidios es menos inflación

El sistema de tarifas congeladas que predominó durante los últimos 14 años exigió que el gobierno transfiriera una enorme cantidad de recursos a las empresas productoras para cubrir la diferencia entre ingresos y costos. Sólo en subsidios a la energía se gastaron en el último año $ 170.300 millones, un aumento de 4.123% desde el año 2006. En términos de PBI, los subsidios a la energía, al agua y al transporte llegaron a un máximo del 5% en 2014.

 Este crecimiento del gasto contribuyó a generar un déficit fiscal que, al ser financiado con emisión monetaria, resultó en una de las mayores inflaciones del planeta. De este modo, reducir el gasto en subsidios contribuirá a reducir la inflación.

La calidad del servicio mejorará

Como siempre sucede con los controles de precios, el congelamiento tarifario generó un enorme incremento del consumo que no fue acompañado por la producción. Así, terminamos con un servicio energético deteriorado que no llegó a abastecer a la demanda. En un reciente informe publicado por el gobierno, se explicaba que los cortes en la provisión de gas a la industria pasaron de 3% en 2003 a 17% en julio de 2015. En la región metropolitana de Buenos Aires, los hogares estuvieron, en promedio, 32,5 horas sin luz en 2015. En 2003 las horas promedio sin luz habían sido nada más que 8,3. Es decir, los cortes se cuadruplicaron en 12 años. Revertir estas políticas redundará en una mejora del servicio a los usuarios.

Habrá más inversiones

Un último punto a hacer sobre este tema es la importancia de terminar con el sistema de control de precios. Según datos oficiales, desde 2001 a 2012, el congelamiento hizo que el monto pagado por la electricidad de los hogares cayera un 80% en términos reales. O sea que el kirchnerismo, por ley, prácticamente obligó a las empresas a regalarles la luz a los usuarios. En un clima de semejante arbitrariedad hay que ser muy arriesgado para decidirse a invertir en el país.

En este sentido, una adecuación de las tarifas a niveles más razonables, y el fin de las políticas de controles de precios generarán un marco mucho más favorable a la inversión. Y, con más inversión, habrá mayor producción, mayor demanda de trabajo y un aumento de los salarios reales.

En conclusión, nadie dice que los ajustes no golpeen el bolsillo. Pero sí hay que aclarar dos cosas. En primer lugar, que el golpe al bolsillo no es responsabilidad del que está destapando la olla de los controles de precios y la inflación, sino del que instauró ese sistema insostenible. En segundo lugar, que si jueces y gobernadores no siguen poniendo palos en la rueda, más rápido llegará la recuperación económica, más rápido bajará la inflación y mejor calidad tendrán los servicios públicos que todos utilizamos.

Publicado originalmente en Inversor Global.

Los que critican a Aranguren solo acusan a quien destapa la olla, mientras que los responsables de esta situación son los que encendieron la hornalla.

Últimamente me sucede que cuando leo a referentes de pensamientos que, en apariencia, son muy distintos, me parece estar viendo siempre lo mismo.

Por ejemplo, el ex ministro de economía, Axel Kicillof, solía defender las políticas de alto gasto público y déficit fiscal como necesarias para “generar demanda”. Al mismo tiempo, sostenía que hacer lo contrario, reducir las erogaciones estatales, era como “matar al enfermo con un remedio que está envenenado”.

Alfonso Prat-Gay, flamante Ministro de Economía y supuesto referente de la ortodoxia económica, no está muy fuera de esta sintonía. Recientemente declaró que, gracias al acuerdo alcanzado con los holdouts, el gobierno va a “evitarles el ajuste” a los argentinos. Según Prat-Gay, como se va  a recuperar la posibilidad de endeudarse, este gobierno evadirá la otra alternativa para encarar el problema del déficit: “el salvaje ajuste del gasto público”.

Buscando alguna visión diferente acerca del rol del gasto público en la economía, acudí al Fondo Monetario Internacional, famoso por pasearse por el mundo ajustando los cinturones de políticos adictos al gasto. Para mi sorpresa, tampoco encontré nada. Recientemente el FMI pidió un plan coordinado de estímulo a la demanda para que la recuperación económica “no descarrile”.

Es decir, más gasto público y déficit.

A primera vista, esta idea parece totalmente ilógica. En cualquier hogar, se sabe que hay que vivir dentro de las posibilidades y gastar por debajo de lo que se ingresa todos los meses. Gastar de más implica endeudarse y hacerlo de manera sistemática lleva inevitablemente a la quiebra, ya que la deuda se vuelve cada vez mayor y los intereses la hacen impagable. Al respecto de esto, Adam Smith escribió que “lo que es sensato en el marco de una familia no puede ser una tontería cuando se aplica a un gran reino”.

La diferencia que tienen los gobiernos con las familias es que sus ingresos los toman de manera coactiva de todos los que pagan impuestos. En este sentido, un aumento del gasto significa sencillamente subirle los impuestos a la gente y obligarla a pagar más. Sin embargo, cuando el gasto es más alto que los impuestos, el gobierno todavía puede financiarlo de otras dos maneras. Como una familia, puede tomar deuda en los mercados de crédito. Pero además, también puede acudir al Banco Central y emitir moneda.

Así, el gasto público no solo es una fuente de “estímulo a la demanda”, como dicen Kicillof y el FMI, sino que también es fuente de mayores impuestos, mayor endeudamiento y mayor inflación. Sinceramente, no veo cómo algo de esto puede ser beneficioso para los menos favorecidos.

Pero el gasto público tiene, además, otro aspecto indeseable. Es que, a diferencia de lo que sucede en el sector privado, el gobierno gasta mirando el rédito electoral que dicha erogación le generará, sin importar si ese gasto es necesario desde un punto de vista económico.

Un ejemplo de esto es la contratación de ñoquis. Cuando se contratan ñoquis, los funcionarios miran más la posibilidad de que el ñoqui contratado los vote en las próximas elecciones que si ese nuevo empleado público cumplirá una tarea de utilidad para la sociedad.

Argentina es un caso paradigmático de los problemas que genera el elevado gasto público y el déficit fiscal. Durante los tres períodos de gobierno kirchnerista, las erogaciones estatales fueron permanentemente en aumento. Sin embargo, al superar el 30% del PBI, el crecimiento económico se frenó y por los siguientes años la economía estuvo prácticamente estancada, como se observa en el gráfico.

Además, en este período de considerable despilfarro estatal, todos los sectores económicos se vieron perjudicados:

   –> La producción de autos cayó 35% desde 2012 a 2015, pasando de 830 mil unidades a 540 mil.

   –> Las exportaciones cayeron 32%, de USD 84.000 millones en 2011 a USD 56.700 millones en 2015.

   –> Cerraron 150 frigoríficos y, desde 2007, se perdieron 7 millones de cabezas de ganando.

   –> La cosecha de trigo tocó un mínimo de 30 años en 2014.

   –> Los precios subieron 860% desde 2003.

   –> El dólar trepó 264% desde diciembre de 2011.

   –> Finalmente, la pobreza creció en nada menos que 2 millones de personas desde 2007 a 2014.

A la luz de los datos, queda claro que lo salvaje no es ajustar el gasto público, sino llevarlo a niveles de desajuste tan elevados como lo hizo el kirchnerismo durante los últimos años.

La inflación, la devaluación y la total parálisis de la economía del sector privado son todas consecuencias directas o indirectas del empecinado despilfarro estatal y su efecto es particularmente pesado para los sectores más pobres.

Así, contrariamente a lo que todos los referentes, de izquierda a derecha,  quieren instalar, ajustar el gasto público no será algo negativo.

Todo lo contrario, es el paso necesario para comenzar a resolver nuestros problemas económicos y sociales de manera definitiva.

Publicado originalmente en Inversor Global.