El problema con estas, sin embargo, es que ninguna tiene validez. Revisemos una por una:

1.     Si se elimina el cepo, el dólar se va a disparar:

Desde ya que si se toma como referencia el precio dólar oficial, una eliminación de los controles dejará en evidencia que este era ficticio y podrá decirse que el dólar subió.

Sin embargo, si se considera el precio del dólar en el mercado paralelo, lo que se va a ver es lo contrario, ya que al legalizarse el dólar se eliminará la “prima por riesgo” que se cobra en ese mercado. Hoy el “dólar blue” es un buen indicador de que, en un mercado libre, la divisa norteamericana no costaría $ 8,70. Pero de ninguna manera es un indicador de que esta costaría $ 12,80. En el blue, gracias a la persecución policial, los oferentes son menos y, por tanto, el precio es más elevado. Si se liberara el tipo de cambio serían muchos más los que podrían vender dólares legalmente a precio de mercado. Finalmente, frente a una oferta mayor, lo esperable es que el precio baje, no que suba.

2.   Para eliminar el cepo se necesita, primero, confianza:

Es cierto que para que la gente no huya del peso necesita tener confianza en que, en el futuro, la moneda le servirá para algo. Sin embargo, prohibir con controles esa huída no hace más que reforzar la desconfianza, de la misma manera que nos inspiraría desconfianza que alguien nos invite a su casa pero después nos prohíba salir de ella. En ese sentido, es el cepo el que genera desconfianza y eliminarlo es lo primero que hay que hacer para recuperarla.

3.    Si se elimina el cepo nos quedamos sin reservas:

Primero lo primero: desde que se impuso el control de cambios, el banco central perdió US$ 16.600 millones. En este marco, no parece razonable defender la medida como estrategia efectiva para evitar la sangría.

Por otro lado, eliminar el cepo implica dejar que el tipo de cambio lo decida la oferta y la demanda. Y, si eso ocurre, todos los que tengan divisas tendrán más incentivos para venderlas en el mercado legal, ya que se les pagará lo que verdaderamente valen. Por último, si el tipo de cambio está totalmente libre, el banco central no tiene por qué ofrecer siquiera un dólar de sus reservas, con lo que el argumento de la pérdida queda totalmente diluido.

4.   Sacar el cepo es hacer una híper-devaluación:

Eliminar el control de cambios no es devaluar, aunque sí implica reconocer, en los números oficiales, la devaluación que ya se hizo. Antes del cepo una persona pagaba aproximadamente $ 4,00 por cada dólar que quería ahorrar. Ahora debe pagar $ 10,60 si las autoridades se lo permiten. Pero si no tiene esa suerte, debe ir al mercado paralelo, donde su precio se eleva hasta casi los $13,00.

Esta es la definición de devaluación y el culpable de ella es solamente este gobierno, no el que vaya a venir.

5.    La eliminación del cepo generará inflación:

Eso tampoco es cierto. Imaginemos que el precio de la leche se encuentra controlado por el gobierno y que, un día, se decide eliminar ese control. Es claro que la leche subirá de precio hasta encontrar su nivel de mercado. Es claro, también, que si la leche está dentro de la canasta de bienes que se mide para calcular el IPC, este tendrá una tendencia al alza. Pero que suba el Índice de Precios por la eliminación de precio máximo es distinto a que lo haga sistemáticamente, mes a mes, por la política monetaria del banco central. El mismo principio puede aplicarse al dólar: eliminar el cepo puede aumentar una vez el IPC, pero no generará inflación.

Para concluir, está claro que eliminar el cepo no es una medida que, por sí sola, vaya a solucionar todos los problemas de la economía argentina. Sin embargo, es un necesario primer paso para hacerlo y servirá para regenerar la confianza perdida. Esa confianza será clave para encarar reformas institucionales de fondo, ineludibles si se quiere poner a la Argentina en un camino de crecimiento sostenido en el futuro.

Eliminar el cepo es un primer paso fundamental. Para la “lluvia de dólares”, falta.

La charla completa en formato .pdf puede descargarse de este link, y para tener acceso a los gráficos mostrados, se debe ir a este link.

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Lo que no hay que hacer: Lecciones del Sur de América

Argentina y Venezuela se convirtieron, en los últimos años, en los ejemplos de qué medidas no tomar en política económica. A lo largo de esta charla, narraremos la sucesión de eventos de manera que, tanto otros países como los nuestros en el futuro, puedan aprender de los errores, de los otros en un caso, y del pasado en el otro.

El intervencionismo

No es que haya sido el único que se refirió a estos temas, pero Ludwig von Mises, economista austriaco especializado en temas monetarios y en los problemas económicos del socialismo, dedicó gran parte de su vida a analizar los sistemas económicos “mixtos” o intervencionistas.

Para resumir en pocas palabras su pensamiento respecto de este modelo de organización económica, podemos decir que, para Mises, el intervencionismo es aquel sistema en el que el gobierno se entromete en el proceso de mercado. El intervencionismo no es el socialismo, donde todo es propiedad del estado. Sin embargo, tampoco es el capitalismo, donde la propiedad privada es la norma y los consumidores son los que deciden cómo se organiza la producción.

El intervencionismo, entonces, aspira a ser un sistema intermedio entre los dos modelos: el socialismo y el capitalismo. Sin embargo, para Mises, este sistema acarreaba dos problemas fundamentales. El primero, que, incluso desde el punto de vista de los hacedores de políticas, los resultados del intervencionismo eran peores que aquello que los intervencionistas se disponían a mejorar mediante la intervención. En segundo lugar, que la intervención en la economía de mercado, por más que fuera, en principio, pequeña, tendía a ir incrementándose en un proceso inevitable que finalmente no acababa nunca sino hasta llegar a un sistema que era capitalista solamente en lo formal pero que, en la práctica, era una economía totalmente dirigida.

El modelo de Hugo Chávez (y Nicolás Maduro) en Venezuela y el modelo de Néstor Kirchner (y Cristina Fernández de) en Argentina, son ejemplos de sistemas intervencionistas en lo económico y, además, son prueba de que el argumento de Mises estaba en lo cierto.

Venezuela

Hugo Chávez asumió el poder en el año 1999. Hasta ese momento, apenas había sospechas de sus inclinaciones ideológicas y, por unos pocos años, nadie suponía que llevaría a Venezuela a la situación por la que atraviesa hoy por hoy. Sin embargo, sobre todo a partir del año 2003 en adelante, comenzamos a ver un signo característico de los gobiernos intervencionistas: el aumento del gasto público.

El aumento del gasto suele tener dos objetivos principales declarados abiertamente (es decir, hay otros que ningún político reconocerá[1]). Por un lado, siguiendo las enseñanzas de Lord Keynes, se aumenta el gasto porque sirve para estimular la demanda agregada y darle un “empujoncito” a la actividad económica. Por el otro, porque el gasto es una herramienta para distribuir la riqueza. Si el estado gasta 100 pesos para proveer seguridad, justicia y relaciones exteriores; entonces debe aumentar esas erogaciones si quiere proveer servicios como educación, salud, vivienda, etc.

En el caso de Venezuela, y como se ve en el primer cuadro, el aumento del gasto fue la norma. En el año 2003, el gasto público total ascendía a US$ 27.000 millones. Para 2011, ya era de US$ 125.000 millones. Si bien el aumento del gasto es un problema en sí mismo debido a la escasa relación que tiene con la productividad, todavía es más riesgoso si ese aumento no va acompañado del necesario incremento de los impuestos.

En el caso venezolano, según las cifras que el BID tiene hasta 2011, el déficit fiscal ha ido incrementándose de manera sostenida desde el año 2006 en adelante, llegando en 2011 al 12% del PBI (16,6% en 2012 y 15,05% en 2013 según estimaciones del FMI), una cifra verdaderamente astronómica.

Ahora bien, sabemos que el gasto puede cubrirse de tres maneras. O se cobran impuestos, o, si estos no son suficientes y, como en el caso venezolano, se incurre en déficit, se puede acudir al endeudamiento o a la emisión monetaria.

Como vemos hasta aquí, una primera intervención, es decir, un gobierno que incrementa el gasto con objetivos políticos determinados, termina incurriendo en un déficit fiscal que lo obliga a buscar la manera de financiarlo.

En el caso de Venezuela (al igual que como veremos más adelante con el caso de Argentina) una de las maneras que se encontró para financiar esa diferencia entre ingresos y gastos fue la emisión monetaria del Banco Central. Según las cifras de este mismo banco, la base monetaria creció nada menos que un 91% anual en el año 2006, reduciéndose al 17% en 2009 y volviendo a subir, hasta el 66% anual en 2013.

El problema con esta forma de financiamiento del déficit es que, si la gente no incrementa la demanda de pesos en la misma proporción en la que la oferta aumenta, entonces ese “exceso” de moneda se traduce en una caída de su valor. Si la cantidad de un bien es excesiva respecto de su demanda, entonces su precio cae. En el caso de la moneda, sucede lo mismo. Si la cantidad es excesiva, su precio cae y el resultado de esa caída del precio (que es su poder adquisitivo) es la suba de los precios.

Como puede verse, una intervención por el lado del gasto, generó un problema. El déficit. El gobierno, para solucionarlo, intervino nuevamente, pidiéndole al Banco Central que emita moneda y esta nueva intervención generó un nuevo problema: la inflación.

Los niveles de inflación en Venezuela son realmente alarmantes. Ya antes de Chávez los precios subían a ritmos por encima del promedio de la región. Sin embargo, la situación solo ha tendido a agravarse. El año 2013 cerró con una inflación promedio de 40%, ya con cifras dudosas; mientras que el promedio de 2014 arroja una suba interanual de los precios del 60%, cifras poco vistas a nivel mundial.

Esta serie de “consecuencias no deseadas” de la política económica, siendo, además, tan graves, deberían hacer reflexionar a cualquier dirigente o funcionario con algo de responsabilidad. Sin embargo, el intervencionismo (y aquí ya deberíamos empezar a hacer una diferencia entre diferentes “grados de intervencionismo”), no reconoce sus errores y cree que, en realidad, el problemas es que no ha intervenido lo suficiente.

Es así como se entiende la “Ley de Costos y Precios Justos”, sancionada por primera vez en 2011 y relanzada en 2014.

El problema con la ley, que afirma al mismo tiempo que su fin es consolidar el orden socialista e incrementar el nivel de vida del pueblo, es que al regular precios (y cuando uno dice regular precios dice, las más de las veces, establecerlos por debajo de su valor de mercado), aparece la escasez, porque la cantidad demandada del bien supera a la cantidad ofrecida. Esta resumida descripción omite mencionar que, en el medio, centenas de empresas tienen que cerrar sus puertas porque, con los nuevos márgenes, “los números no cierran”.

Seguimos observando, entonces, como una nueva intervención da lugar a otra intervención que, a su vez, genera otro problema que, en principio creemos que no había sido previsto por el gobierno[2].

Cuando hay inflación, los precios, a distintos ritmos, suben, reflejando la caída del valor de la moneda nacional. Entre esos precios se encuentra el precio de las divisas extranjeras. En el caso de Venezuela (como en el de Argentina y el resto de los países de Sudamérica) el dato que se sigue es el precio del dólar, pero en general, si el dólar sube, también lo estarán haciendo las demás divisas internacionales. Con la elevadísima inflación de Venezuela, inevitablemente el dólar comenzó a subir.

El “problema” con la suba del dólar es que, dado que las economías están interrelacionadas y que muchos productos consumidos en el país son de origen importando, la variación del precio de la divisa pone de manifiesto la pérdida de poder de compra del dinero. Además, la suba del dólar complica al gobierno si es que éste tiene que pagar una deuda contraída en el extranjero o, en su defecto, si una empresa de su propiedad (por ejemplo, PDVSA) debe hacerlo o debe comprar suministros.

En resumidas cuentas, a los gobiernos no les gusta que el dólar suba y el gobierno de Chávez no fue la excepción. Sin embargo, en lugar de tomar la suba del dólar como señal de existencia de inconsistencias macroeconómicas en su política y reaccionar intentando equilibrar las cuentas públicas y bajando la inflación; actuó como el manual del buen intervencionista indica. En 2003, cuando el dólar ya había subido un 153% durante su mandato, impuso un sistema de control de cambios, otra “herramienta de política económica” que, junto con la inflación de dos dígitos, se encuentra en peligro de extinción en el mundo.

Al igual que en Argentina, el control de cambios se impone para intentar que el dólar no refleja la verdadera depreciación del peso. En este sentido, el gobierno puede elegir el precio que desee para el dólar, porque será él mismo el que elija a quién venderle los dólares y a quién no. Con control de cambios, el precio del dólar no refleja el equilibrio entre la oferta y la demanda, sino que representa un deseo político, de la misma forma que un control de precios tradicional.

Ahora bien, no es el gobierno el único que posee pesos en la economía. De hecho, ni siquiera es que el gobierno produzca dólares de alguna manera, sino que simplemente obliga a los exportadores (los verdaderos “fabricantes de dólares”) a vendérselos al tipo de cambio establecido por la autoridad. En el caso de Venezuela, la empresa pública PDVSA es un gran fabricante de dólares, por lo que sí podría afirmarse que el gobierno es el que los produce. De cualquier forma, no es el único que lo hace y, si la demanda no puede satisfacerse en el denominado “mercado oficial”, entonces irá a “otro lugar” a buscar esos dólares.

Es así como aparece, en Venezuela y en Argentina, el mercado del dólar paralelo.

Curioso es que, aún cuando los gobiernos instauran los “cepos” para no devaluar, las devaluaciones del tipo de cambio oficial son la norma en estos sistemas. En el caso de Venezuela, si se toma el tipo de cambio oficial de 2014, se ve que es un dólar que subió un 905% (se multiplicó por 10) durante todo el período. Si se toma como referencia el mercado paralelo, sin embargo, la suba parece modesta: el tipo de cambio paralelo subió un 2670% desde que tenemos registro, en el año 2005.

Argentina

El “cepo cambiario” es EL tema que hermana a estos dos países de América del Sur. Al imponer estas medidas abandonadas en los años ’80 por casi todos los países del mundo, Argentina y Venezuela ingresaron en un selecto grupo de países con problemas de alta inflación y restricciones cambiarias.

La historia de nuestro país no es muy distinta a la de Venezuela. Un incesante aumento del gasto posterior a la crisis de 2001 generó, con el tiempo, un déficit fiscal que en 2013 ascendió al 4% del PBI y que este año incluso superará ese número. Por otro lado, la emisión monetaria, que en un principio se dirigió a mantener un “tipo de cambio competitivo”, luego quedó como la única fuente de financiamiento del gasto, ya que la vía del endeudamiento estaba cerrada para la Argentina desde el default de 2001.

Al igual que en Venezuela, la emisión excesiva de dinero hizo que pierda poder de compra el peso y que los precios suban. Entre estos precios se encontraba el de la divisa norteamericana. Sin embargo, el gobierno, que en un momento deseaba mantener un tipo de cambio alto con la excusa de que, de esta forma, la industria sería “competitiva”, comenzó a intervenir, a través del Banco Central, ofreciendo dólares para que este no suba. El problema es que, sin los controles venezolanos, esta práctica tiene un horizonte muy corto, puesto que dura lo que duran las reservas internacionales y, luego, la crisis de balanza de pagos lleva al país a un sistema de tipo de cambio totalmente flexible.

Si se compara octubre de 2011 con enero de 2003, se obtiene que los precios habían aumentado un 263% mientras que el dólar solo lo había hecho un 30% gracias a la manipulación del Banco Central. Las reservas, como era de esperarse, comenzaron a caer, con lo que, después de ganar la elección presidencial, el gobierno decidió aumentar las trabas a la compra de divisa, terminando en un control de cambios ortodoxo, tal como el que funciona en Venezuela.

Como se observa, Argentina también es un campo experimental de intervencionismo, donde una intervención lleva a una consecuencia no intencionada y el gobierno procede con una nueva intervención que, a la vez, empeora más las cosas.

En términos del mercado cambiario, el cepo argentino no generó consecuencias muy distintas que las de CADIVI en Venezuela. Apareció el mercado paralelo, donde el dólar hoy se consigue un 80% más caro que en el “mercado oficial” y el gobierno, por más que dice que detesta la devaluación, dejó que incluso en el hiperregulado mercado oficial el dólar subiera un 90% desde la implantación del cepo.

Las consecuencias del control de cambios

Tanto en Argentina como en Venezuela los resultados del control de cambio han sido nefastos. En primer lugar, ambos países perdieron reservas internacionales. Venezuela, que llegó a tener US$ 35.000 millones en 2008, tiene hoy reservas por solo US$ 21.000 millones. En nuestro caso, las reservas pasaron de su máximo nivel en 2011 (US$ 50.000 millones) a los magros US$ 28.000 millones de este año.

La imagen se vuelve todavía más negra si se compara la situación de estos países con la del resto de la región. Tanto Brasil, como México, Uruguay, Chile y Colombia tuvieron un aumento sostenido del nivel de reservas internacionales. Es que el contexto internacional no es de crisis, sino de abundancia de liquidez en dólares debido a la política monetaria expansiva de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En este contexto, perder reservas evidencia doblemente la torpeza (por decir lo mínimo) de los gobernantes venezolanos y argentinos.

Además de la pérdida de reservas, la inconsistencia entre el tipo de cambio fijo[3] y el alto nivel de inflación da lugar a nuevas consecuencias perjudiciales para la economía. Si el tipo de cambio es fijo o no acompaña la suba de los precios internos, lo que aparece es una inflación en dólares dentro del país. Esta inflación en dólares afecta lo que se conoce como tipo de cambio real, que puede ser definido brevemente como el poder de compra de un dólar dentro del país en cuestión[4]. En este sentido, si el tipo de cambio real es bajo, entonces el dólar compra poco, mientras que si el tipo de cambio real es alto, el dólar compra mucho. Si el tipo de cambio real cae, la economía pierde competitividad, porque su producción es cara a nivel internacional, lo que reduce las exportaciones e incentiva las importaciones.

En Venezuela

En el caso de Venezuela, puede verse cómo, si bien se verifican aumentos del tipo de cambio nominal oficial, el tipo de cambio real están en continuo descenso. Esto indica que la economía es cada vez menos competitiva a nivel internacional y da lugar a un déficit de balanza comercial.

Ahora bien, si uno mira los datos de la balanza, observa saldos positivos todos los años, con lo que podría sospechar que la teoría es falsa. No obstante, lo que en realidad arroja este resultado es el impresionante aumento del precio del petróleo, principal producto de exportación del país.

Si se mira el resultado de la balanza comercial sin tener en cuenta las exportaciones petroleras, se ve claramente que el resultado es negativo y creciente, una situación que no es sostenible en el tiempo a menos que el precio del petróleo siga en alza.

Otro dato que da cuenta de la pérdida de competitividad de la economía venezolana es el porcentaje que ocupan las exportaciones no petroleras sobre el total exportado. Estas pasaron de representar el 20% del total a solo el 4% en 2014.

Hasta acá se ve cómo una economía hiperregulada como la venezolana, con una inflación exorbitante para estándares internacionales y con un boom de importaciones subsidiadas por el estado nacional gracias a su sistema de control de cambios, difícilmente pueda subsistir. La industria venezolana pasa por el peor de sus momentos y, por tanto, también sufre el nivel de empleo, ya que éste depende de la salud de las empresas, que representan la demanda de mano de obra.

¿Cómo hace un gobierno ultraintervencionsta como el venezolano para contrarrestar esta nueva consecuencia negativa de su propia política? Muy simple, incrementa la contratación pública, algo que hace a costa de mayor déficit y, por tanto, una mayor inflación y deterioro. En el segundo semestre de 2002 el porcentaje de trabajadores ocupados en el sector privado era de 86%. En 2014, ese porcentaje cayó al 79%.

Si además de toda esta población que vive directamente del estado se considera lo que PDVSA gasta en programas sociales (US$ 34.000 millones de dólares, un aumento del 99.191% desde el 2001), tenemos una cabal imagen del resultado del intervencionismo venezolano: una economía inundada de problemas, con alta inflación, escasez, regulaciones asfixiantes, recesión privada y una cada vez más alta centralización que amenaza con transformarse, en el corto plazo, en un control total.

En Argentina

En nuestro país los resultados de la inflación, el atraso cambiario y el cepo también han tenido consecuencias negativas. Dado que el cepo implica un impuesto a toda exportación – ya que si el Banco Central paga 8$ por un bien que, en realidad, vale más cerca de 15$, está confiscando riqueza del que vende ese bien – lo esperable de la imposición del cepo es una caída de las exportaciones.

Como se ve en el gráfico, el ritmo de aumento de las exportaciones cae de manera continua desde la imposición del control de cambios. Esta caída, además, genera una caída en las importaciones, ya que la manera de conseguir los dólares para pagar las importaciones es exportar. Si se exporta menos, se importará menos, de la misma forma en que, si se cae nuestro salario, consumiremos menos.

Existe, sin embargo, otro mecanismo que afecta el crecimiento de las importaciones en un sistema de control de cambios. Es que, dado que el tipo de cambio oficialmente establecido es percibido como “demasiado barato”, el cepo, en realidad, genera un estímulo a la importación que (como en el caso de Venezuela) corre el riesgo de afectar seriamente la supervivencia de la producción nacional. Finalmente, y siguiendo con las nuevas intervenciones destinadas a arreglar los problemas de las intervenciones previas, el gobierno decide emplear todo tipo de instrumentos para frenar las importaciones (en nuestro caso, las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación).

Otro efecto del control de cambios es el desincentivo a la inversión. La pregunta, en este caso es: ¿quién traerá dólares para invertir en un país en donde solo le será reconocido un 50% del valor en pesos de su inversión?

La caída de las exportaciones, las importaciones, la inversión y el consumo privado (producto de la inflación que consume el poder de compra del salario) terminan dando lugar a una inevitable recesión.

La recesión no aparece como por arte de magia. No es consecuencia del aumento de la tasa de interés, ni de la caída de la demanda agregada. La recesión (especialmente la de Argentina hoy) es la consecuencia de esa primera intervención, esa primera política expansiva que buscó “reactivar la economía” y que dio lugar a un crecimiento a la vez excepcional pero insostenible en el tiempo debido a todos los desequilibrios (que intentamos describir en este trabajo) que traía aparejados.

Finalmente, el sector privado sufre y el estado, convencido de que tiene que resolver los problemas que él mismo genera (aunque no lo reconoce), con mayores grados de intervención, sigue aumentando el gasto y la contratación. En Argentina el empleo privado dejó de crecer en 2012, mientras que el público sigue haciéndolo, aunque a un ritmo menor que antes.

Conclusiones

Keynes, gran impulsor del intervencionismo económico, solía decir que no debía uno preocuparse por el largo plazo porque, “en el largo plazo, todos muertos”. En el caso de Argentina y Venezuela, lo mínimo que podemos decir es que: “en el largo plazo, todos estanflados”.

El intervencionismo puede dar algún efecto positivo en el corto plazo, pero tal como decía Mises, en el largo plazo los efectos son peores que el problema que quería resolverse en primer lugar. A lo largo de este trabajo hemos tratado de mostrar cómo el camino del intervencionismo (especialmente el de cierto grado de intervencionismo) puede llevar paulatinamente a una crisis cada vez mayor.

El análisis anterior se limitó solamente a algunas variables de la economía, aunque las consecuencias del intervencionismo la exceden, puesto que tienen efectos nocivos también sobre los derechos individuales, la división de poderes y la libertad de prensa, entre otros pilares fundamentales de las sociedades civilizadas.

Los países que quieren crecer de manera sostenible deben aprender la lección de Argentina y Venezuela. A la hora de elegir, mejor gobiernos austeros, mercados libres y previsibilidad. Caer en la tentación de la demagogia populista, de lo contrario, puede resultar muy caro.

Por un lado, está el de la convertibilidad de la moneda. Este concepto se refiere a que la moneda de un país pueda, efectivamente, convertirse en otra moneda. Si la moneda es convertible, quiere decir que no hay restricciones a la compra-venta de divisa. Cuando hay controles de cambios (cepo) entonces se dice que la moneda no es convertible.

Por otro lado está La Convertibilidad, que es el sistema monetario que rigió en la Argentina desde 1991 hasta principios de 2002. En ese sistema, la moneda era convertible y, además, esa conversión, por ley, se hacía a un tipo de cambio fijo de un peso por un dólar. Además de esta particularidad, el sistema exigía que las reservas internacionales siempre fueran el 100% de la base monetaria.

Si alguien hoy pide que la moneda sea convertible, entonces, no está pidiendo volver a La Convertibilidad (con mayúscula, es decir, a “los ’90″), sino que pide que cese el control de cambios y que, al precio que corresponda, sea legal comprar y vender dólares (o cualquier moneda), por cualquier concepto.

Esta imagen se refiere a La Convertibilidad (con mayúsculas) porque indica un tipo de cambio de 1 a 1.

La devaluación

En primer lugar, bajo ningún concepto es deseable que el gobierno devalúe la moneda.Un tipo de cambio más alto deteriora el poder de compra de los salarios empobreciendo a la población. Por poner un ejemplo, si en el mercado determinado producto se consigue a 1 dólar y el gobierno decreta que ahora se necesitan más pesos para comprar dólares, es claro que todos tendremos que trabajar más para acceder a ese producto. Puede argumentarse que los argentinos no deberíamos preocuparnos por productos cuyos precios están en dólares, pero eso sería darle la espalda al comercio internacional y, de la misma forma que no deberíamos darle la espalda al comercio con el panadero del barrio, no es sensato hacer lo mismo con los de otros países.

Se argumenta también que la devaluación es buena porque mejora la balanza comercial. En efecto, si el precio del dólar sube, exportar se hace más atractivo mientras que importar se vuelve más oneroso. Sin embargo, debe tenerse cuidado con estas afirmaciones ya que puede suceder lo que pasó en Japón, donde la reciente devaluación del Yen llevó al déficit comercial más alto de la historia. Además, incluso cuando una mejora del tipo de cambio mejore la balanza comercial, eso no quita que el efecto concreto sobre el consumidor argentino haya sido la merma de su poder de compra.

Por otra parte, una mejora del tipo de cambio no puede mágicamente dotar de competitividad a la economía o a su sector exportador. En definitiva, una empresa es más competitiva que otra cuando administra mejor sus recursos, invierte mejor y satisface mejor la demanda de sus clientes. Para el caso de los países, buenas instituciones, bajos impuestos y mercados flexibles son la clave de la competitividad, no la simple manipulación del precio del dólar.

La “devaluación”

Si bien el tipo de cambio no puede dotar mágicamente de competitividad a una economía, definitivamente sí puede quitársela. Por ejemplo, si el gobierno arbitrariamente mantiene el precio del dólar subvaluado (por ejemplo, sin dejarlo subir cuando hay inflación), entonces todos los exportadores recibirán por su trabajo menos pesos de los que recibirían en un mercado desregulado. Por otro lado, el abaratamiento del dólar subsidia las importaciones, lo que claramente conspira contra los productos de origen nacional.

Es claro cómo un sistema de tales características se vuelve inviable. Sin embargo, tal sistema termina cuando al Banco Central se le acaban las reservas internacionales, algo que el gobierno puede evitar imponiendo un control de cambios, lo que perpetúa la situación. Con un dólar artificialmente barato y un control de cambios que prolonga el sistema en el tiempo, es esperable que el sector exportador quiebre, mientras que la producción nacional también lo haga producto de la competencia extranjera subsidiada por el gobierno.

En este contexto sí se vuelve necesaria y urgente la “devaluación”, pero esta es una devaluación entre comillas, porque no se trata de subir el precio del dólar para mejorar la competitividad o la balanza comercial, sino que se trata de eliminar el control de cambios y reconocer la devaluación ya hecha para dejar de destruir esa competitividad.

Gracias al inflacionismo del gobierno, desde el año 2003 el peso se devaluó un 83% respecto de todos los bienes de la economía. Sin embargo, respecto del dólar solo lo hizo un 45% en el intervenido “mercado oficial”. La “escasez de dólares” producto de esta política de control de precios es la principal causa de la recesión que vivimos.

En conclusión, devaluar no resolverá de ninguna manera todos nuestros problemas pero, definitivamente,  “devaluar” es el primer paso para evitar que se sigan agravando.

Originalmente publicado en Infobae.

Hace un rato que tengo guardada una nota con declaraciones de Mercedes Marcó del Pont (¿se acuerdan?). Releyéndola hoy, me acordé del del ensayo de Alberdi. Vean por qué:

Mercedes Marcó del Pont, ex presidente del Banco Central, afirmaba:

… desde el punto de vista del bienestar general, la acumulación de activos externos en el Banco Central es claramente superior y más eficiente que la realizada individualmente por las personas físicas y jurídicas.

Y ordenaba:

… quienes tengan que comprar inmuebles van a tener que realizar los pagos en pesos.

Sobre los bancos:

Van a tener que aprender a prestar.

Volvamos a Alberdi por aire fresco:

La omnipotencia del Estado o el poder omnímodo e ilimitado de la Patria respecto de los individuos que son sus miembros tiene por consecuencia necesaria la omnipotencia del Gobierno en que el Estado se personifica, es decir, el despotismo puro y simple.

Marcó del Pont se fue. Fábrega parce mucho más razonable. Pero el control de cambios sigue, al igual que las regulaciones y un sinnúmero de intervenciones que muestran que la omnipotencia del estado sigue igual de presente.

Como siempre, bienvenidos los comentarios y observaciones.

El sociólogo argumenta que, como tiene una carrera académica por delante, eso le exige estar actualizado de las novedades de su campo, lo que lo obliga a visitar congresos internacionales y demás. Evidentemente, su punto de vista es que, como esa actividad es de suprema importancia, no debe pagar el “dólar turista” a $9,60 o el “dólar tarjeta” a $10,8 (ambos un 20 y un 35% por encima del dólar oficial), sino que tanto él como sus colegas deberían poder comprar dólares al tipo de cambio oficial de $8.

Por supuesto, un pedido tan descarado generó las más enconadas reacciones en las redes sociales. Sin embargo, el único pecado de Javier Hermo, autor de la nota, fue poner de manifiesto el verdadero rostro del control de cambios.

En definitiva, es cierto que existen varios tipos de cambios oficiales, lo que quiere decir que el gobierno decide arbitrariamente a quién privilegiar vendiéndole los dólares más baratos (el dólar oficial), los dólares medianamente baratos (el dólar ahorro), o el dólar más caro (el dólar tarjeta).

¿Y quién es el gobierno para decidir qué rubro de la economía tiene más derecho a recibir dólares baratos? ¿Con qué criterio deciden que las importaciones tienen que pagarse al tipo de cambio oficial pero no los viajes al extranjero?

El resultado inevitable de este tipo de sistemas son reclamos como los del artículo de Página 12. “Si hay dólares baratos ¿por qué no me los dan a mí?” es su razonamiento.

El problema es que el privilegio de unos es el perjuicio de otros. Y en este caso es muy sencillo verlo: todo exportador debe venderle dólares al Banco Central a $8 cuando podría venderlos a $10,3 en el mercado negro, a 9,6 en un supuesto “mercado ahorro” o a $10,8 en otro supuesto “mercado tarjeta”. Esa diferencia es lo que el estado les quita a los exportadores para dársela a quienes cree que se los merecen.

El gobierno consigue así dólares a $8 y, por eso, puede ofrecerlos también a ese precio (algo así como robar el estéreo de un auto y, por eso, poder venderlo por debajo de su precio de mercado).

Dado este sistema ¿cómo no va a haber grupos capaces de pisar la cabeza de todos los “demás argentinos” con tal de demostrar que son ellos quienes merecen recibir el favor oficial?

Los pedidos como el de Hermo no son exabruptos aislados. Constituyen la esencia del sistema intervencionista en que vivimos, cuya característica principal es la de extraer recursos de un lado para ponerlos en otro. La consecuencia natural es que nadie desee proveer recursos y que todos quieran extraérselos a alguien más. En pocas palabras, un todos contra todos, algo que curiosamente se le achaca al sistema exactamente opuesto.

Después de esto:

¿Podemos festejar esto?

El primero es un gráfico mensual desde que comenzó el cepo en 2011. Desde ese entonces el dólar oficial subió un 93% (“no vamos a devaluar“) mientras que el blue trepó 206%.

El segundo gráfico muestra la evolución de las mismas variables en el último mes y medio, desde el pico máximo de 13$ para el dólar blue. Desde ese entonces, el devaluado dólar oficial cayó 1,6%, mientras que el dólar blue cayó 15,8%.

Tal vez soy yo. Pero creo que el balance no es positivo..