Tras una década de estar completamente marginada, en los últimos años Argentina volvió a ser protagonista de los diarios financieros del mundo. Al principio, allá por 2015 y 2016, el motivo era la enorme expectativa que los mercados tenían con el nuevo gobierno de Macri.

No obstante, no pasó mucho tiempo hasta que las noticias económicas sobre Argentina cambiaron de tenor. De la gran expectativa y confianza internacional, pasamos a la fuerte devaluación del peso y los dos pedidos de asistencia al Fondo Monetario Internacional.

De momento, la situación cambiaria parece estar más tranquila, con el peso recuperándose frente al dólar en las últimas semanas.

Por otro lado, el gobierno aprobó un presupuesto que apunta a tener equilibrio primario para 2019. Es decir, excluyendo el pago de los intereses, el año que viene la suma de ingresos y gasto público debería dar $ 0.

“El problema no es el déficit”

La votación por un presupuesto equilibrado apunta a recuperar la confianza de los inversores, quienes comenzaron a dudar de la capacidad del gobierno argentino para pagar sus deudas. Así, como la deuda es hija del déficit, suena lógico que se quiera reducir el origen del endeudamiento.

Ahora bien, esta supuesta lógica no les cierra a todos. En un intercambio reciente que tuve con una economista del partido Unidad Ciudadana (de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner) ella sugería que el déficit del gobierno no representaba ningún problema para la economía. Que, dada la nueva Carta Orgánica del Banco Central de Argentina, el financiamiento del gobierno “se resuelve emitiendo pesos, porque los docentes y los empleados públicos cobran en pesos”.

Pocos días atrás volví a ver un argumento de este tipo en Twitter, donde un supuesto economista explicaba que “el problema es el déficit comercial (en dólares que no emitís), no el fiscal (en pesos que emitís).”

¿De dónde viene esta idea? La respuesta es que, al menos en tiempos recientes, estos conceptos han sido popularizados por la llamada Teoría Monetaria Moderna (o MMT, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con los principales exponentes de la Teoría Monetaria Moderna, los déficits presupuestarios de los gobiernos no son un problema en la medida que estos puedan emitir el dinero en el que toman esa deuda.

De acuerdo con la MMT, en un mundo donde el dinero se impone por decreto del propio gobierno, no hay motivos para temer por un default de la deuda pública, ya que siempre se puede acudir a la emisión de dinero para cancelarla.

En palabras de uno de sus máximos exponentes, Randall Wray:

Los hogares y las empresas son usuarios de la moneda mientras que el gobierno soberano es el emisor. Esto marca una gran diferencia: los usuarios pueden quedarse sin moneda pero los emisores no. Si un usuario se compromete a pagar con moneda, hay una posibilidad de que esa persona no sea capaz de obtener ese dinero y se vea obligado a incumplir dicho compromiso. El emisor, por el contrario, no está forzado al default,1 ya que la promesa podrá cumplirse mediante la emisión de la moneda. El gobierno soberano no puede declararse insolvente o incurrir en un default a causa de promesas de pago –deuda– nominadas en su propia moneda.

Tomando en cuenta este concepto, uno se pregunta por qué el gobierno argentino se endeuda en dólares y si no tendría beneficios adicionales el endeudarse en pesos argentinos.

La inflación es un default

A la primera pregunta,  los heterodoxos locales le encuentran una respuesta muy clara. El endeudamiento en dólares se hace para financiar la “fuga de capitales” y favorecer a los grandes grupos concentrados.

No obstante, hay un razonamiento mucho más aritmético y simple: el volumen de endeudamiento que el gobierno colocó en los mercados internacionales es sencillamente demasiado grande para ser absorbido por el mercado local que opera en pesos.

Para tener una idea de los números, al día de hoy los depósitos a plazo fijo del sector privado ascienden a USD 22.000 millones ($AR 772.000 millones), mientras que las emisiones de deuda del gobierno de Macri acumulan unos USD 140.000 millones, 6 veces más.

Ahora el segundo punto es el más interesante y curioso dada la historia reciente de nuestro país.

¿Nos ahorraríamos la posibilidad de “default” si la deuda la contrajéramos en pesos? La respuesta es solo parcialmente positiva. Es que si se mira la película en términos nominales, es cierto que quien emite su propia moneda nunca puede no pagar una deuda.

Si el Banco Central debe $ 100, siempre podrá emitir esos $ 100 para afrontar el pago. No obstante, en términos reales, es decir, en términos de lo que ese dinero puede comprar, la situación es muy diferente.

Entre 2003 y 2018, por ejemplo, el billete de $ 100 perdió el 90% de su valor. O sea que si el gobierno argentino hubiera tomado en 2003 deuda por $ 100 y en 2018 hubiera devuelto esos mismos $ 100, habría repudiado nada menos que el 90% del valor real de su deuda.

Es decir, habría incurrido en un default mayúsculo.

Destrucción económica

Llama la atención que tras tantos años de desarrollo de la teoría económica, los postulados de la MMT generen adhesiones. Sin embargo, uno puede entender que esto ocurra en países como Estados Unidos o en la Europa Occidental, donde hace décadas que prácticamente borraron del mapa a la inflación.

Ahora que en Argentina, que a fines de los ’80 y principios de los años ’90 padeció dos hiperinflaciones y donde por los últimos 15 años –precisamente por financiar el déficit fiscal con “soberanía monetaria”- se mantuvo una de las inflaciones más elevadas del mundo, estas ideas siquiera tengan algo de atractivo es realmente inexplicable.

Esperemos que no sigan avanzando, puesto que ya debería ser claro su rotundo fracaso y capacidad de destrucción económica.

Publicado originalmente en Panam-Post.

 Recuerdo cuando era chico y jugaba al fútbol. Solía atajar en el equipo de mi colegio y siempre me fisuraba o lastimaba algún dedo de la mano, o incluso toda la muñeca. Cuestión que cada dos por tres tenía que ir al hospital.

Arribado al nosocomio, los médicos procedían a sacarme las radiografías, para luego ponerme un yeso, de manera que por 20 o 30 días mi mano no pudiera moverse.

Ahora bien, imaginemos qué tipo de remedio hubiera sido simplemente amputarme el brazo. Seguramente habría sido un gran problema al inicio, pero luego nunca jamás me volvería a lastimar los dedos.

El razonamiento no parece ser de los mejores, ¿verdad?

Claro que no, pero algo similar parece pasar por la cabeza de muchos analistas y políticos argentinos, que para resolver un nuevo desequilibrio fiscal, proponen subir impuestos.

Ahora como recordaba el célebre economista Murray Rothbard, solucionar el déficit fiscal aumentando los impuestos es como querer curar a un paciente matándolo.

Crisis fiscal, devaluación y FMI

Hace alrededor de dos meses que Argentina atraviesa una importante crisis cambiaria. El dólar pasó de   $17 en diciembre del año pasado, a casi  $30 a principios de este mes…

La abrupta devaluación se debió principalmente a un giro en la dirección de los capitales internacionales, que decidieron vender sus posiciones en activos “peligrosos” para irse a refugiar en activos más seguros.

Ahora bien, ¿por qué es que los bonos y acciones argentinos son riesgosos? Principalmente, por su elevado déficit fiscal, alta inflación, y su historial crediticio.

El déficit fiscal en Argentina está alrededor del 6% del PBI. La inflación cerrará el año en 30% y los gobiernos nacionales se han hecho fama de incumplir las deudas en el pasado.

Con ese currículum y esa hoja de balance, es muy comprensible que los inversores le tengan tanto miedo.

Ahora bien, para contrarrestar estas tendencias, el gobierno de Mauricio Macri acudió al Fondo Monetario Internacional, quien a cambio de dar una línea de financiamiento de USD 50.000 millones, exigió un ajuste de las cuentas públicas.

Que la crisis la pague la soja

Antes de llegada la turbulencia, mucho antes, el gobierno había decidido eliminar las retenciones a la exportación. Las retenciones son impuestos que se cobraban directamente sobre los montos exportados y, en algunos productos, como la soja, llegaban a ser del 35% del total.

Ahora bien, a este último producto, las retenciones no se le sacaron de una vez, sino que se armó un esquema gradual de baja y posterior eliminación, que llevaría a 0% el arancel recién en diciembre de 2022.

Precisamente este tema es el que se comenzó a debatir acaloradamente en distintos medios estos últimos días. Es que algunos analistas, incluso quienes son más cercanos al gobierno comenzaron a plantear la idea de frenar la baja de retenciones, con el fin de no resignar recaudación en momentos en que se necesitan cuadrar los números fiscales.

Lo más significativo es que incluso el Fondo Monetario Internacional consideró que ésta podía ser una buena medida, así como la de demorar la entrada en vigencia de la “Reforma Tributaria”, que también implicaba una baja de los impuestos al trabajo, pagado por los empleadores de cierto tipo de mano de obra.

El problema es el gasto

¿Servirán estas propuestas? La respuesta es negativa. Es que Argentina no tiene un problema de falta de recaudación, sino uno de exceso de gasto.

Para ponerlo en números, el gobierno anterior recaudó aproximadamente USD $104.000 millones gracias las retenciones a las exportaciones entre 2003 y 2015. Sin embargo, pasó de tener un superávit fiscal de 3,5% del PBI a tener un déficit de 6%.

Lo que pasó fue que, en el mismo momento en que recaudaba fortunas por los impuestos a las ventas externas, también multiplicaba el gasto público como si no fuera a haber mañana.

En 2003 el gasto público fue de USD $32.000 millones. En 2015 de USD $264.000 millones. Es decir, el kirchnerismo multiplicó por 7 el gasto en dólares. Así no hay impuestos que alcancen.

Ahora bien, hay otra dimensión del problema. De acuerdo con los cálculos del FMI, frenar la baja de retenciones a la soja implicaría un “ahorro fiscal” de 0,1% del PBI. Si se demora la reforma tributaria, que baja otros impuestos, el ahorro llega a 0,4% del PBI en total.

Y, claro, si un gobierno promete bajar impuestos que luego no baja, es obvio que va a recaudar más que en el escenario hipotético anterior. Sin embargo, ¿cuál es el costo de tomar dicha decisión?

Me animo a decir que infinitamente mayor.

Es que el compromiso por reducir impuestos genera un ambiente institucional mucho más amigable con la propiedad privada. Después de todo, tener impuestos bajos implica que los generadores de riqueza pueden disfrutar más de sus frutos que en los países donde los impuestos son más altos.

Por este motivo, frenar la baja de impuestos puede generar un beneficio para el gobierno a corto plazo, pero un gran perjuicio para la economía del país en el largo.

Romper los contratos no es gratis, y menos aún cuando implican un menor respeto de los derechos de propiedad.

El gobierno argentino tiene un largo camino por delante a la hora de cerrar un presupuesto que cumpla las normativas del FMI.

Esperemos que no ceda a las presiones y que los ajustes vengan por el lado del gasto, en lugar de seguir penalizando con impuestos a los empresarios y trabajadores que producen en el país.

Entrada originalmente publicada en PanAm Post.

Hace más o menos dos meses que el número más visto en el país es, una vez más, el precio del dólar.

Después de dos años y un poco más de tener un mercado cambiario tranquilo (tan tranquilo que ya los industriales y exportadores empezaban a quejarse) la devaluación se instaló en el país, en medio de una gran crisis de confianza que ha deteriorado todas las variables financieras.

La suba del dólar acumula más de un 50% en lo que va del año, y las expectativas de inflación pasaron de ubicarse en la zona del 20% a tocar el 30% anual en el último relevamiento de expectativas de mercado.

Para los argentinos, esta es una película que ya vimos muchas veces. Gobiernos que no cierran sus números fiscales y el resultado, tarde o temprano, termina siendo la inflación, la devaluación y la crisis.

Así que en este marco, volvió a cobrar relevancia la propuesta de dolarizar la economía.

¿En qué consiste una dolarización?

En términos concretos, dolarizar es adoptar como moneda de curso legal, la moneda legal de los Estados Unidos, que emite allí la Reserva Federal.

Para hacer esto no se necesita el permiso de ese país ni nada por el estilo. De hecho, así como hoy para intercambiar en el mercado inmobiliario los argentinos usan dólares, igual podrían hacerse todas las transacciones de la economía.

Ahora bien, para que el medio de intercambio de Argentina pase a ser el dólar estadounidense, los argentinos deberían poder cambiar todas sus tenencias de pesos por dólares.

Esto nos lleva a un primer problema operativo: ¿a qué tipo de cambio se debería hacer el cambio? Una posibilidad sería que el gobierno pusiera una fecha límite para “la muerte del peso”. En esa fecha, dejaría de tener curso legal la moneda emitida por el Banco Central y el único medio legal de pago sería el dólar.

Obviamente, eso generaría una estampida que podría hacer que el precio del billete verde salte.

Para evitar eso, lo que se hace es que el Banco Central vende todas sus reservas a cambio de pesos. Ahora bien, ¿contra qué habría que intercambiar las reservas? ¿Contra la base monetaria? ¿Contra todos los pasivos monetarios y no monetarios del BCRA?

Cada una de estas posibilidades arroja un tipo de cambio diferente. En el primer caso, el precio del dólar sería de $ 20,4, mientras que en el segundo sería de $ 45.

Como se ve, la implementación tendría alguna dificultad que afrontar.

Beneficios esperados

Al margen de estos detalles, lo cierto es que la dolarización de la economía aportaría algunos beneficios, siendo el primero, obviamente, que se terminaría con la inflación.

En el año 2000, Ecuador dolarizó su economía en medio de una inflación que llegaba a los tres dígitos anuales. Dos años después, la tasa de inflación era 9,4% anual.

Hoy es la más baja de toda América Latina.

Otro de los beneficios de terminar con la “soberanía monetaria” es que se derrumbaría la prima de riesgo país y, por tanto, la tasa de interés para que los negocios y empresas tomen crédito.

En Ecuador, el Riesgo País, que estaba en los 4.000 puntos en el año 2000, cayó a la mitad luego de la implementación de la medida.

Sin la posibilidad de devaluar y con una inflación baja, predecible y estable, se espera que los incentivos a la inversión y la producción crezcan, de manera que la dolarización no solo pueda terminar con la inflación, sino que además promueva el crecimiento económico.

Costos percibidos y punto débil

Por el lado de los costos, algunos economistas muestran reparos con la dolarización porque ésta implica la imposibilidad, para el Banco Central del país, de oficiar como “prestamista de última instancia”. O sea que, si hay una corrida bancaria, el Banco Central de Argentina no podría imprimir dólares, por lo que no podría rescatar a los bancos.

Sin embargo, de acuerdo con Myriam Quispe-Agnoli y Elena Whisler, quienes estudiaron los casos ecuatoriano y salvadoreño:

“… si bien  la dolarización limita la capacidad del Banco Central para operar como prestamista de última instancia, puede hacer que las corridas bancarias sean menos frecuentes, porque los consumidores y las empresas tienen mayor confianza en el sistema bancario local. El motivo es que la dolarización reduce el riesgo moral presente en sistemas bancarios muy dolarizados (…) Bajo la dolarización  y sin  riesgo de tipo de cambio, los bancos tendrían que manejar mejor sus riesgos de liquidez y solvencia, tomando medidas precautorias”.

Otro temor que aparece siempre es que con la misma moneda que los Estados Unidos, las empresas locales no podrían competir, todo se importaría del extranjero, y la economía dolarizada terminaría totalmente fundida producto de la competencia de extranjeros más eficientes.

Obviamente, esta crítica es infundada. Es que la competitividad no depende del tipo de cambio ni de la capacidad de devaluar de un Banco Central, sino de cuestiones estructurales, como la flexibilidad de los mercados, el peso del sector público, los impuestos, las regulaciones, el gasto público y el capital físico y humano que posea el país.

Y obviamente, aquí es donde aparece el punto más difícil sobre la dolarización.

Es que incluso cuando pueda ser totalmente eficiente como sistema para frenar la inflación, una regla monetaria como ésta no tiene efectos sobre el nivel de gasto público, el déficit fiscal y la carga tributaria de la economía.

Es decir que, en última instancia no blinda a la economía frente a las crisis.

Y esto lo puede decir muy bien la propia Argentina. Es que por una década nada menos tuvo un sistema bastante similar a la dolarización. Cuando Argentina tuvo su ley de convertibilidad, el tipo de cambio era fijo con el dólar y la inflación fue casi inexistente durante todo el período.

Sin embargo, eso no fue suficiente para atar las manos de los políticos gastoadictos nos llevaron a la crisis fiscal más demoledora de nuestra historia reciente.

Así que, para terminar: ¿sería una buena alternativa para eliminar la inflación dolarizar Argentina? Sí, sin dudas que sí.

¿Sería el fin de los problemas económicos argentinos? No, y de hecho, si atacáramos de una vez las verdaderas causas de éstos, el sistema monetario elegido no sería un tema prioritario.

Luego de presentados los datos, el presidente de la nación dio su punto de vista en una conferencia de prensa.

Macri afirmó:

“Estamos en el buen camino. Desde que tenemos estadísticas confiables hay 2,7 millones de personas que lograron salir de la pobreza y cerca de 610 mil que dejaron de vivir en la indigencia (…) Pero ningún dato económico positivo tiene sentido si detrás no se refleja una vida mejor para los argentinos. Aunque la argentina crezca como está pasando, si no trabajamos juntos, no se va a reducir la brecha entre los que más tienen, y los que menos tienen.”

En una entrevista posterior, el presidente insistió con ese punto:

“Este es un proceso en el cual el principal objetivo que yo he asumido como gobierno y como presidente es reducir la pobreza. Y otra cosa en que tenemos que trabajar mucho es en que la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen sea cada vez menor.”

Por si no se percibe, aparece un problema en las declaraciones oficiales. Y es que se mezclan, como si fuesen conceptos similares, la pobreza y la desigualdad. En el discurso oficial parecería que reducir una cosa va de la mano de reducir la otra.

¿Es esto así? La respuesta es negativa.

Menos pobreza, más desigualdad

Imaginemos que estamos viendo la siguiente foto. En la imagen se observa una persona muy rica, que  vive con todas las comodidades, y también una persona pobre, que lucha todos los meses para poder conseguir  las cosas más básicas.

A priori el problema que uno observa está en la segunda parte de la imagen. Lo que debería preocuparnos es la carencia de quien no tiene, más que la opulencia de quien sí tiene.

Pero, claro, alguno podrá proponer que, si al que tiene le sacamos parte de sus ingresos y se la damos al que no tiene, entonces la persona pobre abandonará su precaria situación.

De hacer eso, es obvio, terminaremos con una menor pobreza (el pobre ahora tiene más bienes y servicios a disposición, gracias a la transferencia del rico), y una menor desigualdad. El pobre es más rico,  el rico es más pobre.

Ahora bien, aun cuando esta sea una posibilidad –en teoría- para reducir la pobreza, no es la única.

Piénsese en Juan, que ingresa USD 260 por mes (la línea de la pobreza según las estadísticas argentinas) y Josefina, que ingresa USD 5.000.

Si ambos individuos mejoraran sus ingresos, es seguro que se reducirá la pobreza, pero podría también crecer la desigualdad. Por ejemplo, si luego de 5 años Juan ingresa USD 1.000 al mes, mientras que Josefina ahora tiene un salario de USD 50.000, ambos estarán mejor y ya no habrá pobreza, pero la “brecha de ingresos” entre ricos y pobres habrá aumentado.

En este segundo escenario, la pobreza se redujo, pero la desigualdad aumentó.

Queda claro, entonces, que pobreza y desigualdad son dos temas separados, y que no es necesario, para reducir la pobreza, que caiga la desigualdad.

Redistribución versus crecimiento

En el apartado anterior  describimos las dos grandes bibliotecas que existen para abordar el tema de la pobreza. La primera sostiene que para reducirla es necesaria la redistribución, que al mismo tiempo que mejora a “los de abajo”, empeora a “los de arriba”.

La segunda teoría, por su parte, sostiene que lo importante es que los de abajo mejoren, pero sin que por ello haya que empeorar a los de arriba. Dentro de ese pensamiento, la clave para superar las carencias materiales no es la redistribución impuesta por el estado, sino el crecimiento económico, que permite a todos acceder a mayor cantidad de bienes y servicios.

La historia se inclina por el segundo abordaje. Según las estadísticas recopiladas por Our World In Data, en la medida que un país crece en términos económicos, la pobreza se reduce en todos los casos.

La relación entre crecimiento y caída de la pobreza también explica por qué no hay que atacar a los ricos para ayudar a los pobres.

Es que en una economía de mercado, para enriquecerse no queda otra que producir un bien o un servicio que sea valorado por los demás. Así, el éxito empresarial es una señal de que la sociedad valora lo que la empresa hace. Como cuestión adicional, el país ahora tiene más y mejores bienes y servicios, pero también más demanda de mano de obra y mejores salarios.

El crecimiento económico y la mayor riqueza de quienes producen bienes y servicios para la gente es, entonces, la mejor vía para ayudar a los pobres.

En conclusión, desigualdad no es sinónimo de pobreza. Y pensar que son lo mismo puede llevarnos a pensar que para ayudar a los pobres hay que castigar a los ricos.

La realidad nos muestra que es todo lo contrario. Debemos promover el crecimiento económico y permitir que algunos se hagan muy, muy, ricos, de manera que funcionen los incentivos, haya más inversión, producción, y mejoras en las condiciones de vida para todos.

Originalmente publicado en PanAm Post.

Hace unos pocos días, el primero de marzo, el presidente Mauricio Macri inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Allí, ofreció un discurso con un balance sobre su gestión.

El nuevo mensaje frente al Congreso fue aprovechado por Macri para defender su “gradualismo” en términos de reformas y sostener, una vez más, que estaba comprometido con la baja del déficit fiscal y la inflación, más allá de que los números no lo vengan acompañando del todo.

Tal vez por eso es que el primer aplauso caluroso que recibió no tuvo que ver con la economía, sino con un tema algo diferente.

A los pocos minutos de comenzado su mensaje, y en momentos en que comentaba sobre la situación laboral, sentenció:

No podemos permitir más que una mujer gane menos que un hombre. No es justo. No está bien. Según el INDEC, las mujeres cobran casi 30% menos que los hombres. Esto no puede seguir así.

Tienen mi compromiso para que el salario igualitario que establecen nuestras leyes sea una realidad.

El parlamento estalló en aplausos. La llamada “agenda de género” había llegado nada menos que al presidente de la nación quien, curiosamente, es un ingeniero acusado frecuentemente de ser de derecha.

Brecha salarial

Como decimos en Argentina, Mauricio Macri no se anduvo “con chiquitas” a la hora de abordar este tema. Así, no solo aseguró que no se podían permitir las desigualdades salariales entre hombres y mujeres, sino que agregó que dichas desigualdades son injustas, como si respondieran a un acto de discriminación o abuso.

¿Será así?

Lo primero que hay que decir es que el presidente toma datos agregados y promedio del salario de todos los hombres de Argentina contra el de todas las mujeres. Al hacer eso, la diferencia entre unos y otras se ve bastante grande, lo que lleva a proponer leyes de “igual remuneración por igual tarea” para intentar equiparar.

Sin embargo, cuando se miran las remuneraciones dentro de las empresas, las diferencias parecen evaporarse. De acuerdo a un análisis de la consultora internacional Korn Ferry, en Gran Bretaña, Francia y Alemania, las diferencias salariales entre hombres y mujeres eran de 28,6%, 17% y 15,1% respectivamente.

Sin embargo, cuando uno compara el mismo tipo de trabajo, en la misma compañía y con las mismas funciones, entonces la brecha salarial se reduce a solamente 0,8%; 2,7% y 3,0%.

Para Argentina, la situación es similar. Según Martín Rozada de la Universidad Torcuato di Tella, la brecha salarial entre hombres y mujeres con la misma ocupación “desaparece cuando se toman en cuenta las horas trabajadas. El salario horario de hombres y mujeres, con las mismas capacidades y en el mismo empleo, es similar.”

¿Cuál es la injusticia que hay que dejar de permitir en este caso?

¡Son los hijos!

De acuerdo con algunos estudios realizados en los Estados Unidos, la diferencia salarial entre hombres y mujeres, incluso dentro de la misma área de especialización, se incrementa durante los 20-30 años de edad.

El motivo que explica esta dinámica es, sin sorpresas, la llegada de los hijos.

Es que, al momento que una pareja tiene hijos, las mujeres son quienes más tiempo dedican a su cuidado, por lo que posponen otros objetivos, tales como los profesionales y laborales.

En ese contexto, es probable que elijan trabajos part-time u otras ocupaciones que les exijan menos rigidez horaria, aunque a un salario menor.

Para algunos analistas, esta es la raíz de la injusticia. Las mujeres son “penadas” por ser madres y deben sacrificar sus carreras o estudios cuando llegan los hijos, algo que a los hombres no les pasa.

Este planteo ignora la esencia de la condición humana: que en la vida hay que elegir.

Y elegir un camino implica resignar otro. Ahora bien, mientras la elección sea hecha en libertad, entonces cada persona lo estará haciendo porque cree que ése es el mejor camino.

Si una mujer elije privilegiar la vida familiar a la laboral, y lo hace en libertad… Si esa decisión la toma un hombre… O una pareja, de mutuo acuerdo: ¿quiénes somos nosotros para juzgar?

Peor aún: ¿Quiénes son los políticos, o los economistas, por más especializados en cuestiones de género que estén?

Mejor más libertad

El análisis del presidente, cuyo corolario es un programa de leyes que igualen los salarios entre hombres y mujeres, parte de un error en la comprensión de los fenómenos.

La brecha salarial no es ni tan grande como parece –porque se reduce cuando se comparan iguales tareas y se ajusta por horas- ni es injusta o producto de la discriminación.

La brecha salarial es producto de las decisiones libres de las personas, y los políticos no son quiénes para intentar torcerlas con leyes y mandatos.

Publicado originalmente en PanamPost.

Arranca un nuevo año en Argentina y el debate que ocupa los principales medios de comunicación es el salarial.

Obviamente, la madre de todas las batallas es la pugna que tiene la Provincia de Buenos Aires con los gremios docentes, lo que deriva siempre, casi sin excepción, en una demora de varios días en el comienzo del dictado de clases.

Ahora bien, el tema que está siendo más intensamente conversado en este último tiempo es el de la llamada “cláusula gatillo”. Es decir, una cláusula en el acuerdo salarial que indexe los salarios a la inflación esperada por el gobierno pero que, en caso que ésta no se cumpla, active un alza aún mayor.

Así, un acuerdo salarial con cláusula gatillo se firmaría con un aumento anual del 15% (la meta de inflación del Banco Central para este año), pero si la inflación terminara siendo del 18%, entonces se pagaría un plus por la diferencia.

De haber cláusula gatillo, los salarios de la economía argentina seguirían perfectamente a la inflación.

Para los líderes sindicales y dirigentes de otras fuerzas políticas, esta es la mejor forma de “defender el poder de compra de los trabajadores”. El gobierno, sin embargo, dejó ver que sin esta cláusula especial, el proceso de desinflación sería “más fácil”.

Gobierno y sindicatos están de acuerdo

Algo curioso de este aparente enfrentamiento entre quienes quieren que haya cláusula gatillo y quienes no, es que, en el fondo, ambos  están de acuerdo.

¿Por qué? Porque lo que desean ambos bandos es que los salarios de la economía argentina se ajusten a la evolución del Índice de Precios al Consumidor.

La diferencia, entonces, estriba en que el gobierno dice que la inflación va a ser 15% y los sindicalistas sostienen que ésta va a ser superior.

En este marco de proyecciones dispares, la cláusula gatillo parece una buena forma de resolver la cuestión. Si la inflación es 15% o menos, la cláusula no se activa; si es más de 15%, los salarios no pierden contra la inflación.

Todo muy lindo, pero…

Los salarios no generan inflación…

Una de las formas en que se interpretó lo que dijo el gobierno fue que indexar salarios generaba (o perpetuaba la) inflación.

De acuerdo con un comunicado de los economistas del “Frente Renovador”, como el gobierno ya no sabe qué hacer para controlar la escalada de precios, “la idea es intentar con la vieja receta de retrasar los sueldos”.

El trasfondo de esta teoría sería así: si los sueldos suben menos que la inflación, los trabajadores tienen menos poder de compra y, por tanto, demandan menos. Dado que hay menos demanda, los precios dejan de subir a tasas tan aceleradas. Controlar salarios, entonces, baja la inflación.

Pero el argumento es por lo menos inconsistente: es que si los salarios fueran la causa de la inflación, no habría nunca una ganancia o pérdida en términos reales. Si salarios suben 10%, lo mismo hará la inflación. Si caen 1%, habrá 1% de deflación.

Sin embargo, es perfectamente posible que existan aumentos (o descensos) salariales, sin que esto impulse al alza (o a la baja) el IPC.

Por ejemplo, en una economía con perfecta estabilidad, si el día de mañana todos los salarios aumentan 10%, no hay motivos para que aumente la inflación.

Sin un incremento en la cantidad de dinero, el mayor consumo de los trabajadores habrá sido consecuencia de su mayor productividad (mayor cantidad de bienes), o consecuencia de un menor consumo por parte de los empresarios que decidieron aumentar la compensación de sus empleados.

En cualquiera de los dos casos, no hay mayor inflación.

Es que, como decía Milton Friedman, la inflación es un fenómeno estrictamente monetario y si bien “los sindicatos producen múltiples daños a la economía… uno de los crímenes por los que son totalmente inocentes es el de provocar inflación”.

… pero destruyen empleo

Ahora bien, aun cuando es cierto que los sindicatos que piden cláusula gatillo no generan inflación, también es cierto que no están exentos de generar otros efectos indeseados.

Es que incluso cuando la inflación terminara siendo del 15% anual y la cláusula gatillo no se activara, la indexación salarial, combinada con un mercado laboral rígido como el argentino, es candidata a generar desempleo.

He aquí el verdadero problema. Es que en nuestro país los sindicatos acuerdan ajustes salariales por “rama de actividad”. Así, si una megaempresa automotriz firma un acuerdo con el sindicato de mecánicos por un aumento salarial igual a lo que varía el IPC, éste mismo acuerdo rige también para un taller PYME que podría perfectamente no estar en condiciones de pagar dicho aumento.

Lo mismo pasa en toda la economía. Si los acuerdos salariales cierran todos con ajuste al IPC, habrá empresas que no estén en condición de hacer frente a dichos aumentos en sus costos. Si éste es el caso, entonces les quedarán tres alternativas:

—> bien despiden personal,

—> o bien cierran el negocio,

—> o bien se vuelcan a la economía informal.

Las primeras dos alternativas son infinitamente peores para los trabajadores que un acuerdo donde pierdan poder de compra frente a la inflación. Es que, en dichos casos, el salario cae un 100%, porque el trabajador se queda sin empleo.

En la tercera alternativa, si bien se pierde poder de compra, al menos se preservan las fuentes de trabajo.

Pasando en limpio, ni la cláusula gatillo ni la indexación salarial tradicional generan o perpetúan la inflación. Los precios suben como reflejo de la caída del poder de compra del dinero, cuyo responsable es únicamente el gobierno a través del Banco Central.

Sin embargo, la indexación sí puede generar desempleo, porque hay empresas que sencillamente no están en condiciones de pagar esos aumentos.

La solución a este tema no es eliminar la cláusula gatillo. Ni siquiera lo es bajar la inflación. La verdadera solución es tener un mercado de trabajo mucho más flexible, donde los salarios se fijen libremente entre empresarios y trabajadores, pero atendiendo a cada situación particular.

En pocas palabras, la mejor solución es liberar el mercado laboral.

Publicado originalmente en PanAm Post.

El jueves de la semana pasada, el Instituto oficial de estadísticas de Argentina presentó los números de inflación del mes de diciembre. Los precios, medidos por el índice general, subieron 3,1% mensual, llevando el aumento anual al 24,8%.

Si se compara el dato de 2017 contra el de 2016, la reducción de la inflación fue significativa. Además, se trató del registro anual más bajo desde el año 2011. Sin embargo, comparado con el objetivo buscado por el Banco Central (entre 12 y 17% anual), el dato fue más que pobre.

A raíz de esto, surge la pregunta acerca de qué pasó.

Así que a continuación encontrarás los tres motivos por los cuales la inflación no bajó tanto que se esperaba.

Motivo 1) Con este esquema monetario, bajar la inflación lleva tiempo.

A pesar de que el sistema de “Metas de Inflación” se utiliza con éxito en alrededor de 30 países en el mundo, algunos analistas venían comentando que para reducir la inflación desde niveles tan altos, el método no estaba del todo probado.

No estoy de acuerdo con esa posición. Las metas de inflación son solamente el reflejo de un Banco Central cuyo objetivo es reducir la inflación. Y cuando los bancos centrales quieren bajar la inflación, tarde o temprano lo hacen.

Lo que sí admito es que, con metas de inflación y tasa de interés, la reducción puede no ser tan rápida. En el caso de Chile, por ejemplo, después de 1990, la inflación tardó 7 años en llegar al orden del 5% anual. En Colombia e Israel llevó 11 años. En México, 6.

Uno podría preguntarse por qué lleva tanto tiempo si, por ejemplo, durante los primeros años de la convertibilidad en Argentina, la inflación se redujo tan suculentamente, y pasamos de 84% (diciembre 1991) a 7% (diciembre 1993) en dos años, para luego tener estabilidad  por otros siete.

La respuesta es que parecería que, al menos a corto plazo, el tipo de cambio fijo es más eficaz para controlar los precios que cualquier otro esquema. Eso no es algo propio del sur de América o de Argentina. Lo mismo sucedió en el mismísimo Estados Unidos.

Cuando los norteamericanos abandonaron el Patrón Oro (que era, en términos prácticos, un tipo de cambio fijo con el metal precioso), la inflación se descontroló.

En los 10 años anteriores a la salida del Patrón Oro, Estados Unidos tuvo una inflación promedio del 3% anual. Después del cierre de “la ventana del oro”, la inflación más que se duplicó, promediando un 8,3% anual para los 10 años siguientes, a pesar de la misión declarada de la Fed de vigilar la estabilidad de los precios.

Motivo 2) El Banco Central jugó para Cambiemos en las elecciones legislativas.

Si bien el Banco Central es independiente, uno no puede desconocer que hasta hace poco tiempo, el presidente de dicha institución en Argentina era un miembro más del partido político que hoy gobierna. Esto podría significar que, de tener que elegir entre bajar la inflación y que su partido gane las elecciones, opte por lo segundo.

Así, para favorecer al gobierno en las elecciones legislativas de octubre, es probable que el Banco Central pospusiera los aumentos de tasas de interés, resultando en una política monetaria demasiado expansiva.

Entre abril y septiembre, la tasa de interés de la política monetaria se mantuvo congelada. En todos esos meses, la inflación núcleo anualizada superó a la meta de inflación.

¿Por qué, teniendo una inflación por encima del objetivo por 6 meses consecutivos, el BCRA no subió la tasa?

Las elecciones legislativas son la explicación más razonable que encuentro. Para asegurar la elección de Cambiemos, el BCRA mantuvo una política monetaria más expansiva de lo requerido, frustrando el cumplimiento del objetivo de inflación.

Motivo 3) El necesario ajuste de las tarifas de servicios públicos

El último factor que complica las metas de inflación es el marcado incremento de los precios regulados. Es que en este marco de buscada “desinflación”, el gobierno debe reconocer precios que están totalmente atrasados. La parcial liberación de precios regulados impulsa al alza (a corto plazo) los índices con los cuales medimos la inflación, llevándola por encima de lo buscado por el Banco Central.

En 2017,  los precios regulados de la economía argentina avanzaron 38,7%, mientras que la inflación núcleo, que excluye a éstos y a los precios estacionales, avanzó solamente 21,1%.

Producto del peso que cada rubro tiene en el índice general, se puede decir que de los 24,8 puntos que acumuló la inflación del año pasado, 9,1 se debieron al ajuste de tarifas.

Llevando este análisis al extremo, si los precios regulados no se hubiesen movido,  la inflación anual habría cerrado en 15,7%.

Obviamente, de ninguna manera este debe ser el camino a seguir. De hecho, cuantos más precios se liberen, mejor será a largo plazo, pero en el corto esto implicará un desafío mayor para bajar la inflación.

En conclusión, el último motivo por el cual la inflación no baja como se desea es que los tarifazos generan una dicotomía: o el Banco Central se pone mucho más agresivo en su política monetaria, o no se cumple la meta establecida. Claramente, en 2017 triunfó la segunda alternativa.

Mirando a 2018, vemos un sistema de metas de inflación que seguirá vigente (aunque con una meta más laxa –ya que pasó del 10% al 15%), nuevos ajustes en los precios regulados, y un escenario sin elecciones de ningún tipo.

En cualquier caso, la lección a aprender es que la política monetaria deberá ser todo lo contractiva que haga falta para cumplir los objetivos de este año. Esperemos que las autoridades estén a la altura.

Publicado originalmente en PanAm Post.

Una joven argentina termina el año repleta de tareas. Salió tarde de la oficina toda la semana, tuvo tres reuniones sociales para despedir el año y, por supuesto, dejó para último momento la compra de regalos de Navidad.

Por suerte, uno de los shoppings vecinos a su vivienda iba a permanecer casi toda la noche abierto durante el día 23.

¡Ideal! Compraría todos los regalos el 23 a la noche y, encima, ¡con un suculento descuento!

Buena idea, salvo que no contó con que muchos habían pensado de manera similar. El shopping desbordaba de gente y comprar una sola prenda de vestir se convirtió en una lucha despiadada.

Al volver a casa, su reflexión fue la siguiente: “¡Cuánta gente había en el shopping! ¡Esto realmente le va a dar un impulso a la economía de nuestro país!”.

¿Será realmente así?

El boom de diciembre

Por una parte, sin dudas que sí. Todos los meses de diciembre, y especialmente en la semana de las fiestas, las ventas en supermercados y shoppings se disparan. El año pasado, en Argentina las ventas en diciembre crecieron un astronómico 68,2% en términos reales contra el mes anterior.

El observador desprevenido podría pensar que aquí descansa la llave del progreso. Si todos gastáramos más de nuestros ingresos, los vendedores de bienes van a incrementar el suyo. Eso no solo los llevará a invertir y producir, sino también a demandar otros bienes y servicios, impulsando la producción de otros sectores.

Evidentemente, Papá Noel no es solo bueno para los niños, sino también para toda la economía.

Esta forma de pensar es la que lleva a algunos políticos a pedir la sanción de días festivos que cancelen las actividades laborales y lleven a la gente a gastar más en esparcimiento, restaurantes, hoteles y regalos. Más consumo es más demanda y más demanda es más producción.

No obstante, los economistas no ven las cosas de la misma forma.

Es que, en primer lugar, el aumento de las ventas en diciembre respecto de noviembre no dice nada sobre la salud de la economía. De hecho, siempre en enero las ventas en supermercados y shoppings se desploman. ¿Quiere decir que llegó la crisis?

No. Lo que sucede es que algunos gastos de consumo tienen lo que se llama “estacionalidad”. En algunos meses se gasta más que en otros, pero eso siempre es así. Todos los meses de diciembre las ventas suben respecto de noviembre. Ahora si queremos saber cómo le fue a la economía a partir de este dato, como mínimo deberíamos observar la variación contra el mismo período del año anterior.

Así, le estamos sacando el factor “estacional” al análisis. Sabemos que siempre se vende más en diciembre, por eso lo relevante es comparar esos meses entre sí. De acuerdo con los datos preliminares de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, las ventas navideñas de 2017 superaron en 0,8% a las de 2016, una señal de incremento lento del consumo.

Producir primero, consumir después

Ahora al margen de la estacionalidad, existe un tema más profundo. Es que no podemos decir que sea el consumo el que estimula la producción.

De hecho, las ventas navideñas son la consecuencia de inversiones y producción previas, no la condición para que éstas existan.

Es que imaginemos que producto de lo bueno que creemos que es para la economía la navidad, decretamos que todo el año sea 25 de diciembre.

Si eso sucediera, todos los días habría que comprar regalos navideños. Para mejor, ningún día del año habría que trabajar ya que estaríamos de festejo, celebrando el infinito aniversario del nacimiento del Niño Jesús.

No hace falta ser muy experto para entender que eso generaría un colapso económico. Claro que aumentaría la demanda de juguetes, prendas de vestir, fuegos de artificio y el tradicional Pan Dulce.

Pero sin nadie que los produzca producto del feriado navideño: ¿qué terminaría pasando? Además, ¿quién fabricaría los autos, la electricidad, los medicamentos, la educación superior?

Si todo el año fuese navidad, el país en cuestión se gastaría todos sus recursos en determinados bienes de consumo presente, pero a costa de todos los demás bienes de consumo presente y futuro.

Probablemente, producto de la riqueza acumulada, ese año se vería como un verdadero boom económico, pero en un momento el dinero se acabaría y el país estaría sumido en la más profunda de las depresiones.

El consumo de navidad no estimula la economía, sino a la inversa. Una economía saludable permite a los ciudadanos tomarse algunos días del año para celebrar y regalarse cosas inundando los shoppings. Pero sin producción y trabajo, no es posible el festejo navideño.

Las compras de navidad no estimulan la economía, sino que son el reflejo de una economía productiva y vibrante. A eso tenemos que apuntar, entonces, ya que cuanto más productiva sea, más personas podrán pasar mejor esta etapa de festividades.

¡Felicidades!

Publicado originalmente en PanAm Post.

Hace unos días, el 17 de noviembre, el canal de noticias C5N decidió despedir a Víctor Hugo Morales, un famoso conductor argentino que, en la última década, quedó fuertemente identificado con el “relato kirchnerista”.

Así, Víctor Hugo Morales se unió a su colega Roberto Navarro, otro “periodista militante”, quien había hecho una marca registrada del insulto al gobierno argentino actual.

¿Apagón Informativo?

Si bien las causas de la desvinculación no trascendieron, su salida alimentó la idea de que Argentina vive en medio de un “Apagón Informativo”, donde el gobierno está “blindado mediáticamente” y la libertad de expresión va perdiendo camino frente a tentaciones autoritarias.

A raíz del episodio, el periodista Reynado Sietecase sostuvo que:

El Estado debe propiciar un mapa de medios democrático y equilibrado, que contenga pluralidad de voces, pluralidad de medios, pluralidad de actores. El gobierno de turno debe tolerar las opiniones más críticas

La frase contiene tantas falacias que uno no sabe por dónde comenzar, pero vamos con el final: ¿acaso fue el gobierno quien echó a Víctor Hugo Morales? ¿No se trató de una empresa privada?

Por supuesto que el gobierno –éste y cualquier otro- deben tolerar la crítica, ¿pero qué indicios hay de que el actual no lo hace? ¿Qué prueba concreta existe de que quiere “acallar las voces”?

Yendo a lo más fundamental, el  planteo es erróneo porque el gobierno nada tiene que hacer en los medios de comunicación más que evitar el fraude y proteger la propiedad privada.

¿O acaso los medios son una casta privilegiada de la sociedad? Si en el supermercado un producto no satisface las necesidades del consumidor, se deja de vender y el empresario debe reconvertirse. ¿A quién se le ocurriría reclamar por “la pluralidad de las góndolas” en ese caso? La misma lógica debe aplicar a los comunicadores.

Redefiniendo la pluralidad

Este tema es clave. Pluralidad no significa que el gobierno deba financiar lo que yo quiero decir con subsidios o auspicios especiales, sino que nadie me prohíba hacerlo.

Un argumento en contra de éste podría ser que, si me quedo sin espacios de difusión, no tengo libertad para expresarme.

Eso es falso en dos sentidos. En primer lugar, porque confunde libertad con abundancia. Uno es libre de querer hacer periodismo, pero los recursos (en términos de espacio televisivo, auspicios de empresas, etc.) son escasos como todo en la economía. Por tanto el periodista se los debe ganar. No tiene “derecho” a ellos.

En segundo lugar, porque hoy en día existen muchos medios por los cuales expresarse sin la necesidad de tener un estudio de TV. Twitter, Facebook y YouTube vienen a la cabeza, pero estoy seguro que hay cientos de posibilidades más gracias a la tecnología.

Una burbuja política y corrupta

Volviendo al caso concreto de Víctor Hugo y C5N, lo cierto es que lo que pasó no fue un mero avatar del mercado de los medios, sino el resultado inevitable de la intervención política.

Es que el canal C5N pudo crecer y desarrollarse enormemente gracias a que el gobierno kirchnerista le traspasaba arbitrariamente ingentes cantidades de dinero público en concepto de “pauta publicitaria oficial”. El criterio no era el buen rating o la visibilidad que se le daba a los actos públicos, sino que toda la información estaba sesgada en apoyo del gobierno de Cristina Kirchner.

¿Cuánto iba a durar este esquema? Lo mismo que durara el gobierno. Una vez que alguien más sensato descubriera el desfalco, era obvio que la burbuja se tenía que pinchar. Víctor Hugo Morales parece ser una mera consecuencia de la implosión de este sistema corrupto.

Ahora bien, según algunas versiones, el canal C5N estaría ahora siendo comprado por un grupo inversor donde uno de los principales ejecutivos tendría un vínculo personal con el presidente Macri. ¿Estaremos frente a la repetición del esquema pero con otro color partidario? Si así fuera, deberíamos rechazarlo de manera rotunda.

Pauta oficial 0 y a vivir del rating

¿Cuál es la forma de evitar que estos patrones se repitan en el futuro?

La propuesta de máxima es que debe terminarse con todo financiamiento estatal a los medios de comunicación. De esa forma, acabaremos con la tentación de los partidos políticos de “captar” a los comunicadores o directamente crear medios para sostener el “relato oficial” de turno.

En este esquema, todos los medios vivirían de acuerdo al favor del consumidor y los actos o comunicaciones oficiales se difundirían en la medida que la gente los considere valiosos (algo que ya ocurre puesto que las conferencias de prensa suelen transmitirse por los canales de TV y YouTube sin necesidad de usar la “Cadena Nacional”).

Otra propuesta es regular la pauta publicitaria oficial y promover su destino de acuerdo al rating de cada programa.

Como sea, el sistema debería modificarse, pero eso no es argumento suficiente para sostener que en Argentina no hay libertad de expresión.

Menos aún en el caso concreto del que hablamos, donde una burbuja corrupta, sostenida con fondos públicos, tarde o temprano tenía que reventar.

Publicado originalmente en PanAm Post.

“Si bien los déficits son siempre inflacionarios y perniciosos, resolverlos subiendo los impuestos es equivalente a curar una enfermedad disparándole al paciente”

Murray N. Rothbard

La semana pasada fui invitado a un debate televisivo. La idea era conversar acerca de las últimas reformas anunciadas por el gobierno y qué impacto podrían tener sobre la economía.

Una de mis contertulias era una legisladora del partido kirchnerista “Unidad Porteña”, quien mencionaba su profunda preocupación por el aumento del endeudamiento del gobierno nacional.

El primer dato curioso es que el kirchnerismo se preocupe por la deuda cuando llevó las cuentas públicas al colapso. Debemos recordar que la deuda es hija del déficit fiscal y que, como en una familia, si no se gasta más de lo que se ingresa, no hay necesidad de endeudarse.

Criticar el endeudamiento pero aplaudir el gasto público desmedido constituye, entonces, una flagrante contradicción.

Con esto en mente, decidí preguntar a la legisladora cuál era su propuesta para resolver el asunto.

Luego de ir y venir, enunciar varios eslóganes e insistir en el diagnóstico pero evadir repetidamente la solución, esbozó algo concreto:

“Hay déficit fiscal porque no se le ponen retenciones a las exportaciones de soja ni impuestos a los grandes grupos concentrados de poder”

Un nuevo dato curioso: si bien la soja pagaba un impuesto de 35% a la exportación, no es cierto que ahora no lo pague. Sigue tributando un 30%.

Impuestos “a los ricos”

Yendo a la propuesta concreta, la solución parece sencilla. Si hay un agujero fiscal que exige que nos endeudemos, pero no nos gusta la deuda, entonces la respuesta es que debemos cobrar más impuestos.

Pero atención: no a todos.

Siempre que un político proponga subir impuestos para equilibrar el déficit, sostendrá que éstos se cobrarán “a los ricos”, a los “grupos concentrados”, las “grandes corporaciones”, o a las “malvadas empresas mineras” que contaminan el medio ambiente… Nunca a ningún dirigente se le ocurrirá decir que los excesos de su gasto los pagará toda la población con mayor presión fiscal.

Sin embargo, eso es lo que termina ocurriendo.

Es que mirando los números, queda claro que no hay mucho más que se le pueda sacar al sector privado para pagar el despilfarro público.

Por ejemplo, si el gobierno no solo restituyese ese 5% de impuestos que le redujo a las exportaciones de soja, sino que restableciera todas las llamadas “retenciones a la exportación” vigentes en Argentina previas a diciembre de 2015, sucedería lo siguiente:

—-> La soja, en lugar de tributar 30% pagaría retenciones de 35%, y el fisco obtendría USD 865 millones adicionales, o $AR 15.200 millones.

—-> Si a la minería se le volviera a cobrar el 10% de retenciones que debía tributar antes de la reducción, entonces el gobierno podría recaudar USD 204 millones (o $AR 3.600 millones).

—-> En el caso del trigo y el maíz, si se repusieran las retenciones de 23% y 20% que estaban obligados a pagar antes de Macri, deberían entregar USD 1.350 millones, o $AR 23.800.

—-> Por último, se obtendrían otros USD 276 millones, o casi $AR 5.000 millones, por el 5% que se le cobraba a las exportaciones industriales.

Sumando todos estos conceptos, llegaríamos a un monto total de recaudación adicional de $AR 47.400 millones (USD 2.700 millones).

Este monto puede parecer sideral, y a más de un político se le debe hacer agua la boca de solo imaginarlo. Sin embargo, es nada cuando se lo compara contra el déficit fiscal proyectado para el año 2017.

De acuerdo al presupuesto, el déficit fiscal será de 6,2% del PBI, lo que totaliza unos $AR 637.400 millones (USD 36.200). O sea, reinstalando todas las retenciones a la exportación, a lo sumo estaríamos recaudando el 7,4% del déficit total estimado para este año.

Es decir, la nada misma.

Más impuestos, menos crecimiento

Esto no es todo. Es que los números anteriores han sido calculados en base al valor en dólares de lo exportado en el año 2016, suponiendo que éstos no se modifican este año.

Pero si efectivamente se reinstalaran los impuestos a la exportación: ¿qué nos hace pensar que ese valor se mantendría? Por el contrario, lo más razonable es suponer que a una mayor carga tributaria, menores serán las exportaciones.

Así como el gobierno nos cobra impuestos sobre el alcohol y los cigarrillos para desincentivar su consumo y producción, el mismo efecto ocurre cuando se gravan las exportaciones. Estas no suben ni se mantienen, sino que caen.

Es decir que el gobierno puede subir la alícuota de los impuestos, cobrar impuestos nuevos o reinstalar los previamente existentes, pero nada de eso garantiza que recaudará más.

De hecho, como prescribe la famosa “Curva de Laffer”, al caer la producción podría terminar recadando menos. El 5% de USD 1 millón son USD 50.000, pero el 100% de 0 es inevitablemente 0.

Así, siguiendo las recetas populistas, terminaríamos en el peor de todos los mundos posibles. El gobierno mantiene el déficit, la presión tributaria legal es mayor, las empresas producen menos, y la gente vive peor.

Un nuevo éxito de las políticas demagogas.

Publicado originalmente en PanAm Post.